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La Unión, Copán (Conexihon).- Una campaña de desprestigio contra organizaciones de derechos humanos resurgió, luego que este martes un grupo de pobladores realizó una toma de carretera para exigir que se retiren de realizar acompañamiento en la comunidad de Azacualpa la Unión, en el departamento de Copán.

Con pancartas que decían “Municipio libre de ONG’S anti desarrollo”, quienes mantuvieron la protesta señalaron directamente que no aceptan la presencia de las organizaciones; la Asociación de Organismo no Gubernamentales (ASONOG), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro de Investigación, Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

La protesta, de acuerdo a publicaciones de los medios de comunicación, se efectuó por empleados de la empresa Minerales de Occidente S.A (MINOSA), quienes reclamaron por la resistencia de la comunidad de Azacualpa, que se oponen a que se socave el cementerio comunal para que la empresa extraiga oro que supuestamente existe en ese predio.

Contrario a quienes desean que continúe la empresa minera, varios pobladores y pobladoras de la comunidad de Azacualpa, desde 2015 se organizaron en un Comité pro Ambientalista de dicha comunidad, afectada por lo intereses de querer extraer oro del cerro “El Cementerio”, con más de 200 años de existencia.

Esto ha costado criminalización contra liderazgos de la comunidad para no permitir la expansión de MINOSA hacia El Cementerio.

Por la defensa del descanso eterno,se criminalizó a 19 pobladores fueron criminalizados (dos mujeres y 17 hombres). Incluso fueron encarcelados al no poder cumplir la medida contraria a prisión de ir a firmar el libro de registro de criminalizados, cada semana, a Santa Rosa de Copán, por no tener dinero para la movilización.

Desde el pasado 09 de mayo, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un Recurso de Amparo presentado por Víctor Fernández, del equipo legal del MADJ, donde ordenó “cesar de inmediato” las exhumaciones en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.

El Relator de Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras, Michel Forst, luego de su visita a Honduras dijo que los defensores y defensoras, específicamente del medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas “se enfrentan a riesgos sin precedentes que ponen en tela de juicio la corrupción y la colusión entre quienes actúan para obtener beneficios políticos y las empresas que buscan ganancias".

“Es necesario tomar medidas enérgicas y urgentes para garantizar la protección de quienes defienden los derechos de los demás”, sostuvo el experto de la ONU.

“Seguiremos con la firmeza de siempre”

El abogado Víctor Fernández reaccionó por medio de su cuenta en Facebook, en donde expresó “Es una pena que las migajas que reparte sean suficiente para subyugar a todas las instituciones y sus funcionarios y a la gente empobrecida”.

Fernández, ex fiscal y ahora encargado de Asuntos Políticos del MADJ aseguró que, seguirán respaldando “con la firmeza de siempre” a quienes defienden el cementerio y si la gente de Azacualpa lo pidiera, recalcó, “procuraremos justicia por todo lo que hasta ahora hizo la minera”.

Por otra parte, la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), en un comunicado este miércoles condenó dichas acciones contra las organizaciones cuya finalidad es precarizar la vida, integridad personal y la labor de la defensoría de los derechos humanos en el país.

“La sucia campaña persigue múltiples propósitos, aparte del ya señalado, es continuar con el saqueo de nuestros recursos y bienes naturales con la complicidad desleal del actual gobierno de Honduras”, expuso ACI- Participa.

“El Cementerio” es también el nombre del cerro, que está en la mira de la explicación minera en Copán. A nivel nacional hay unas 500 concesiones para explotación de los bienes comunes de la naturaleza, muchas de ellas en tierras indígenas, cuya población es amparada en Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Caso contrario en Honduras se promueve una ley sobre la consulta previa, libre e informada, cuando ya existe el término en el convenio internacional, y a los pueblos no se les consulta, sino que son desplazados, en el caso de Azacualpa, ni lo muertos se salvan.

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Madrid, España (Conexihon).- Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española externó a las autoridades hondureñas su preocupación por la vida e integridad personal de la familia y el equipo legal de la defensora Berta Cáceres, en una carta remitida al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, este martes.

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