Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON); En un solo debate 65 diputados aprobaron derogar el decreto 127-2012, de fecha 23 de agosto del mismo año, que dio luz verde a la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras y concedió dos concesiones, una a favor de la empresa Los Pinares para la explotación del óxido de hierro.
La comisión de dictamen integrada por los parlamentarios Oscar Montoya, Jary Dixón, Ligia Ramos, Ramón Barrios, Tomás Ramírez, Carlos Raudales y Rolando Barahona, quienes recomendaron la derogación del decreto debido a las irregularidades encontradas tanto en el proceso de aprobación, entrega de concesiones y extracción de minerales, que han dejado pérdidas hasta ahora incuantificables según miembros del Comité de Bienes Comunes de Tocoa.
La propuesta promovida por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, plantea en ocho artículos cumplir con las exigencias tanto de sociedad civil como de organizaciones internacionales que abogaban por una pronta intervención del Estado a favor de la protección del Parque Nacional Carlos Escalera y las otras 113 zonas de reserva.
La reforma busca restablecer la zona de núcleo, la intervención para la restauración de, por los menos, 200 hectáreas afectadas y la participación ciudadana de los residentes en Gualaco, Dulce Nombre de Culmí, Guapinol para lograr este propósito, ya sea con los fondos de la empresa Los Pinares o con fondos de garantía negociados previo a la instalación de la minera.
La amenaza no desaparece.
El decreto no es garantía para detener los trabajos de la empresa ECOTEK en la zona, por su carácter no vinculante para cancelar la posible instalación de una empresa eléctrica que funcionaría a base de peckoque, una de las formas de producción más contaminante que existe, según experiencias previas registradas en varias partes del mundo, incluido Chile, país donde los residentes de zonas con plantas de producción a base de peckoque redujeron a la mitad su esperanza de vida y duplicaron los casos de cáncer en la población.
Para Pedro Landa, miembro de la Plataforma Internacional, la participación del poder ejecutivo en este proceso es fundamental y debe verse manifiesto de inmediato.
Landa: “Este decreto es el respaldo jurídico que el Poder Ejecutivo necesita para cancelar todas las concesiones irregulares, como dicen los abogados por Itso Yure o por derecho, esperamos acciones tanto del Instituto de Conservación Forestal como de las demás instituciones”
Según documentos presentados por el Comité de Bienes Comunes, la empresa ECOTEK habría adquirido la concesión cometiendo incluso falsificación de documentos entre otras irregularidades, además de utilizar técnicas de extracciones altamente dañinas, como lo denunció en 2022 ante ICF y el Ministerio Público.
El decreto aún no ha sido enviado a la Gaceta, pero se espera que sea publicado y entre en vigencia lo antes posible según miembros de la junta directiva del C.N.
