sábado, abril 13, 2024
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Guapinol en grito de auxilio ante recrudecimiento de violencia

Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon).- Diecinueve organizaciones que defienden bienes comunes y conforman Consejos Indígenas, piden a la presidenta Xiomara Castro, derogar todos los planes de manejo aprobados durante 12 años precisamente bajo el mandato del abogado Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso nacional y luego como mandatario de la República.

La solicitud hecha mediante una declaratoria resalta las violaciones bajo las que se concesionó bienes naturales, sin recurrir a la consulta previa e informada y menos en cumplimiento de las normas ambientales.

Guapinol: “Montaña Botaderos y empresa Ecotek uno de los tantos casos de ilegalidad”

El reciente seis de febrero durante un plantón y luego de una reunión con el secretario de Lucky Medina, los miembros del Comité de Guapinol pidieron a la presidenta Xiomara Castro derogar de inmediato el permiso de explotación de la empresa Ecotek, propiedad del empresario Lenir Perez.  

Tanto los defensores del ambiente como sus apoderados legales piden al gobierno revisar la licencia ambiental, todas las actas de consulta y legalidad de las firmas, asegurando se trata de una falsificación de documentos, esto después que la empresa en 2018 recibiera un permiso de operación de cuatros meses y fuera extendida al margen de la ley según denuncias.

El expediente de pruebas también incluyen contratos con indicios que muestran la explotación de minerales de la zona núcleo de la montaña Carlos Escaleras, un acto ilegal prohibido en el decreto 127-2012 de la ley “LEY DE DECLARATORIA DE ÁREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE BOTADEROS, CARLOS ESCALERAS MEJÍA”.

Miembros del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de Guapinol entregan pruebas de ilegalidad en concesión minera para la empresa Los Pinares

Registros de violencia y persecución judicial

La falta de una decisión firme sobre la política de gobierno frente a las concesiones, ha generado una ola de violencia comprada solo con el post golpe según los mismo indígenas, de hecho el Comité por la Libre Expresión en su sistema de alertas ha registrado desde enero a la fecha siete asesinatos de defensores de bienes comunes, aglutinados en la Plataforma Nacional Agraria e investiga y documenta amenazas a muerte contra 25 miembros de cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, la denuncia realizada ante el Mecanismo de Protección a inicios de 2023, de las 25 personas amenazadas con vida restan 17, sin embargo aun no se toman medidas reales para salvaguardar la seguridad del resto.

Sumado a lo anterior, los afectados denuncian persecución judicial, el pasado 9 de diciembre el Ministerio Público presentó un recurso de amparo para reabrir juicio contra cinco de los miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos a quienes criminaliza acusando de cometer robo, incendio agravado, detención y asociación ilícita en resumen el MP pretende reabrir el Caso Guapinol.

Esta persecución judicial esta acompañada de otras acciones que incluyen amenazas y asesinatos según miembros de Guapinol, que ponen como ejemplo las muertes de Aly Domínguez  y Jairo Bonilla en la comunidad de la Concepción de María y más recientemente de Hipólito Rivas y su hijo adolescente en Bajo Agúan, durante un decreto de emergencia y bajo estado de excepción.

Hipólito Rivas fue asesinado junto a su hijo de 15 años luego de denunciar amenaza a muerte

Petición concreta

Las organizaciones, piden en concreto a la presidenta Castro, derogar las concesiones tal como lo prometió en campaña, iniciar proyectos de desarrollo por y para las comunidades, proteger el ambiente y a sus defensores.

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