El expediente de Carlos Eduardo Ávila muestra que la querella surgió después de publicaciones sobre denuncias de supuesto acoso sexual contra estudiantes e irregularidades en un instituto público de Choluteca. COFADEH, la Secretaría de Derechos Humanos y la CIDH han documentado el caso desde una perspectiva de criminalización y libertad de expresión.

Por Conexihon | Tegucigalpa, Honduras

El 5 de marzo de 2007 apareció en Diario El Heraldo una publicación titulada “Profesor acusado de delitos no es suspendido porque goza de protección”. Ocho días después, el 13 de marzo, Diario La Tribuna publicó “Sergio Rivera protege acosadores sexuales de los estudiantes”. Al día siguiente de esta segunda publicación, el 14 de marzo de 2007, un docente mencionado en el contexto de esas denuncias presentó una querella penal contra el periodista y profesor Carlos Eduardo Ávila Aguilera.

Ese fue el inicio de un expediente que, 19 años después, todavía mantiene sobre el periodista la posibilidad real de cumplir una pena de prisión. La querella no surgió de comentarios sobre la vida privada del docente. El propio escrito judicial identifica como origen de la controversia publicaciones en dos periódicos nacionales relacionadas con señalamientos de supuesto acoso sexual contra estudiantes, presuntos actos de corrupción y creación de plazas fantasmas en el Instituto José Cecilio del Valle, de Choluteca.

La persona que promovió la querella sostuvo que esas expresiones lesionaban su honor y pidió la intervención del sistema penal. Las publicaciones fueron aportadas como prueba desde el inicio del proceso. Lo que siguió fue una cadena judicial que atravesó casi dos décadas, dos códigos penales, una condena, un recurso de casación, una orden de captura, una solicitud de amnistía y, ahora, una nueva negativa judicial.

Un expediente que contradice la idea de un simple “conflicto privado”

El 17 de agosto de 2026, el Juzgado de Ejecución de Choluteca y Valle declaró sin lugar la aplicación del Decreto Legislativo 4-2022, conocido como Ley de Amnistía, a favor de Ávila. Entre los argumentos utilizados para negar el beneficio aparece que Carlos fue condenado por calumnias, un delito contra el honor ejercido mediante acción privada, y que los hechos correspondían a una controversia de naturaleza personal.

Sin embargo, una revisión del expediente judicial muestra un contexto más complejo. El proceso contiene documentos de la Secretaría de Educación, actas institucionales, registros de gestión escolar, información sobre plazas docentes, documentación gremial, testimonios de integrantes de la comunidad educativa y declaraciones relacionadas con denuncias de supuesto acoso sexual.

Entre la prueba evacuada figura el testimonio de una estudiante que manifestó haber experimentado conductas de acoso y haber comunicado la situación. El Tribunal de Sentencia terminó considerando que parte de estos elementos no demostraba con el nivel requerido las imputaciones efectuadas contra el docente querellante. Pero que la prueba haya sido considerada insuficiente para excluir la responsabilidad penal de Carlos no significa que esos antecedentes no existieran. La propia sentencia dedicó numerosas páginas a analizarlos.

El litigio, por tanto, no giró únicamente alrededor de una enemistad entre dos particulares. En el juicio se discutieron denuncias relacionadas con estudiantes, funcionamiento institucional, autoridades educativas, gestión docente y actuaciones gremiales.

Un instituto público bajo investigación

El contexto institucional también aparece en documentos del Tribunal Superior de Cuentas. El organismo investigó irregularidades en el Instituto José Cecilio del Valle, dependiente de la Secretaría de Educación. Entre los hechos denunciados figuraba el supuesto incumplimiento de funciones de varios docentes, incluido el profesor que promovió la querella contra Ávila.

En ese punto particular, el TSC informó que no pudo determinar responsabilidad debido a la falta del diario pedagógico y a la desaparición o pérdida de registros de asistencia. El informe sí estableció otras irregularidades y responsabilidades civiles por 86,415 lempiras. Estos hallazgos no demuestran la existencia de acoso sexual ni prueban por sí solos las afirmaciones publicadas por Carlos. Sí confirman que el centro educativo atravesaba cuestionamientos e investigaciones institucionales que trascendían una disputa privada.

Informar sobre una denuncia no equivale a declarar culpable a una persona

Una de las tensiones centrales del caso es la diferencia entre informar sobre la existencia de una denuncia y demostrar judicialmente la comisión del delito denunciado. Carlos ha sostenido que antes de publicar tuvo acceso a documentación relacionada con las denuncias y que investigó los antecedentes antes de buscar espacio en medios nacionales.

La discusión es relevante porque una publicación que informa que estudiantes denunciaron supuesto acoso sexual no es equivalente a una sentencia que declare culpable al denunciado. En el proceso penal, sin embargo, la discusión terminó concentrándose en si el periodista podía demostrar suficientemente la verdad de las imputaciones.

Ese tipo de tensión ha sido examinado por el Sistema Interamericano. En Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la Corte Interamericana advirtió que imponer a periodistas cargas excesivas para demostrar información de interés público puede generar un efecto inhibidor sobre el debate público.

Acoso sexual contra estudiantes: un asunto de interés público

El asunto sobre el cual Carlos informó involucraba posibles conductas de violencia sexual contra estudiantes dentro de un centro educativo. Esa materia activa obligaciones reforzadas del Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia y abuso sexual; y la Convención de Belém do Pará incluye expresamente el acoso sexual en instituciones educativas dentro de las formas de violencia contra las mujeres.

Esto no significa que la publicación periodística sustituya una investigación penal o administrativa. Significa que la existencia de denuncias sobre posibles hechos de violencia sexual dentro de un establecimiento educativo es, por su propia naturaleza, una cuestión de interés público para estudiantes, familias, comunidad educativa y autoridades.

Aquí aparece una diferencia jurídica que la resolución de 2026 no desarrolla a fondo: una querella por calumnia puede ser procesalmente de acción privada, pero eso no convierte automáticamente en privado el asunto sobre el cual informó un periodista.

La propia figura de calumnia remitía a hechos perseguibles de oficio

Los hechos de 2007 fueron juzgados originalmente bajo el Código Penal contenido en el Decreto 144-83, hoy derogado. Su artículo 155 definía la calumnia como la falsa imputación de un delito de aquellos que daban lugar a procedimiento de oficio.

La paradoja es evidente: aunque la protección del honor se activara mediante querella privada, el contenido atribuido al periodista consistía precisamente en imputaciones sobre hechos que, de haber sido ciertos, interesaban de oficio al sistema penal. Por eso, reducir el caso a la fórmula “acción privada = asunto privado” deja fuera una parte esencial del contexto.

Siete años para una sentencia y casi seis más para resolver la casación

La querella fue presentada el 14 de marzo de 2007. La sentencia de primera instancia llegó el 13 de octubre de 2014, más de siete años después. El Tribunal de Sentencia condenó inicialmente a Carlos Ávila a cuatro años de prisión por dos delitos de calumnias constitutivas de difamación en concurso real.

La defensa interpuso recurso de casación en 2014. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia lo resolvió hasta el 22 de julio de 2020, casi seis años después y más de trece años después de las publicaciones.

La Sala mantuvo la culpabilidad, pero aplicó retroactivamente el nuevo Código Penal —Decreto 130-2017— por considerarlo más favorable. La condena quedó reducida a siete meses por cada calumnia, para un total de un año y dos meses de reclusión, además de multa.

Dos códigos penales y una favorabilidad discutida

La aplicación del nuevo Código Penal abrió otra controversia. El nuevo texto redujo la duración nominal de la pena. Sin embargo, cuando posteriormente la defensa buscó la conmutación de la prisión, esa posibilidad fue rechazada bajo el argumento de que la pena aplicada provenía del nuevo Código, que ya no contemplaba el beneficio en los mismos términos.

Así, el Código nuevo sirvió para disminuir el número de meses de prisión, pero después fue utilizado como razón para impedir un beneficio que podía evitar el ingreso efectivo a prisión. La propia casación había explicado que la favorabilidad penal debe determinarse mediante una comparación integral de las legislaciones y no escogiendo fragmentariamente disposiciones de una y otra.

Una orden de captura por publicaciones de 2007

En diciembre de 2021, el Juzgado de Ejecución ordenó a la Policía capturar a Carlos Ávila para iniciar el cumplimiento de la condena. El expediente contiene oficios dirigidos tanto a la Dirección Policial de Investigaciones como a la Policía Nacional Preventiva ordenando su aprehensión.

En 2022 comenzaron nuevas actuaciones de defensa durante la etapa de ejecución. Para entonces el caso había superado los quince años.

En agosto de 2026 supera los 19 años de efectos judiciales. No significa que durante todo ese tiempo haya existido exactamente la misma etapa procesal. La secuencia es más precisa: más de siete años hasta sentencia, casi seis años adicionales hasta resolver la casación y luego varios años de ejecución, orden de captura, discusión sobre beneficios y litigio sobre la amnistía.

Para Carlos, sin embargo, el efecto material permanece: una publicación realizada en marzo de 2007 todavía puede llevarlo a prisión en 2026.

La CIDH individualizó el caso dentro de la criminalización de periodistas

En su informe de 2024 sobre Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó el uso del derecho penal contra periodistas y comunicadores. En ese contexto mencionó expresamente el caso de Carlos Ávila.

La CIDH registró que fue querellado en 2007 después de publicar un reportaje sobre acoso sexual contra menores de edad en una institución educativa de Choluteca, que fue condenado a un año y dos meses de prisión, que existía orden de captura y que organizaciones de sociedad civil denunciaban retardo injustificado de justicia.

La Comisión colocó el caso dentro del apartado sobre “criminalización, detenciones y presiones intimidatorias”. Esa referencia no anula una condena interna ni decide automáticamente la amnistía, pero sí contradice la idea de que el caso ha sido entendido internacionalmente como una controversia exclusivamente personal.

COFADEH: criminalización por ejercer un derecho

En mayo de 2022, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) emitió la Certificación No. 31-05-2022. El documento describe a Carlos como periodista y docente, vinculado a procesos de denuncia y defensa de derechos.

COFADEH sostuvo que su labor de denuncia en favor de personas vulnerables lo colocó como objeto de criminalización en los tribunales y relacionó su caso con el uso del derecho penal para intimidar denuncias sobre violaciones de derechos humanos. La organización concluyó que Ávila estaba comprendido en el inciso b) del artículo 4 del Decreto 4-2022.

La Secretaría de Derechos Humanos extendió una constancia para conceder amnistía

Días después, la Secretaría de Derechos Humanos emitió su propia constancia en coordinación con COFADEH. El documento reproduce los antecedentes centrales de la certificación y señala que Carlos fue criminalizado por el ejercicio de un derecho humano en favor de un tercero.

La constancia fue extendida expresamente “para los fines de conceder amnistía” a Carlos Eduardo Ávila Aguilera. La existencia de estas certificaciones no obliga automáticamente a un juez a conceder el beneficio, pero sí coloca sobre el órgano jurisdiccional la obligación de explicar de forma suficiente por qué su contenido no satisface los presupuestos legales invocados.

El obstáculo legal que todavía enfrenta la defensa

El caso tampoco es jurídicamente sencillo. El Decreto 4-2022 contiene dos obstáculos que la defensa deberá enfrentar: el encabezado del artículo 4 hace referencia a personas contra quienes se haya ejercitado acción penal pública y la calumnia no aparece expresamente dentro del catálogo de delitos enumerados.

Eso impide sostener que las certificaciones de COFADEH y SEDH produzcan automáticamente la amnistía. El debate es otro: si el juez puede cerrar el análisis únicamente con el nombre del delito y la naturaleza privada de la querella, o si debe valorar además la actividad desarrollada por Carlos, la materia de interés público, la continuidad de la criminalización, las certificaciones legalmente previstas y los estándares constitucionales e internacionales aplicables.

Periodista y docente en un contexto de persecución de sectores críticos

Existe además una dimensión histórica que requiere precisión. Carlos fue querellado en 2007, dos años antes del golpe de Estado de 2009. Por tanto, la querella original no pudo haber sido consecuencia de ese quiebre democrático.

Pero el expediente no terminó en 2007. La sentencia llegó en 2014, la casación en 2020 y la orden de captura años después. Durante ese período, Carlos también desarrolló actividad periodística, docente y social. Documentos aportados sobre su trayectoria señalan que apoyó la huelga de fiscales de 2008, se opuso al golpe de Estado de 2009 y participó posteriormente en espacios vinculados con la resistencia.

COFADEH también lo identifica como miembro activo de la Resistencia Nacional contra el golpe de Estado. Esta doble condición —periodista y docente— cobra relevancia porque organismos internacionales documentaron después del golpe acciones represivas contra ambos sectores, incluidos dirigentes magisteriales y periodistas críticos.

Ese contexto no prueba que la querella de 2007 fuera originalmente política. Sí obliga a preguntar si un proceso que continuó produciendo sus principales efectos durante y después de ese período puede analizarse por completo al margen del entorno de criminalización que luego fue documentado por organismos de derechos humanos.

Libertad de expresión: el derecho de informar y el derecho de saber

La libertad de expresión no protege únicamente a Carlos como periodista. También protege el derecho de la sociedad a recibir información. En este caso, estudiantes, familias y la comunidad de Choluteca tenían interés legítimo en conocer que existían denuncias sobre posibles conductas de acoso sexual dentro de un centro educativo.

La Corte Interamericana ha sostenido que la libertad de expresión es una condición estructural de la democracia porque permite fiscalizar a quienes ejercen poder, denunciar abusos y participar informadamente en los asuntos públicos. En Ricardo Canese vs. Paraguay vinculó directamente la circulación de información con el pluralismo y el control democrático.

La Carta Democrática Interamericana reconoce igualmente la libertad de expresión y de prensa como componente esencial de la democracia. Desde esa perspectiva, investigar posibles abusos contra estudiantes, cuestionar actuaciones institucionales y hacer visibles denuncias no es una actividad periférica a la democracia: forma parte de sus mecanismos de control social.

Cuando el proceso penal también puede convertirse en castigo

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que las leyes de difamación no deben utilizarse para sofocar la libertad de expresión, que debe reconocerse el interés público de la materia y que los Estados deberían considerar la despenalización de la difamación.

El estándar es especialmente relevante en este caso porque el Comité también ha advertido que la prisión nunca es una sanción apropiada por difamación y que procesos excesivamente prolongados pueden producir un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

En el caso de Carlos, aquello que comenzó como una publicación periodística en marzo de 2007 mantiene en 2026 la posibilidad concreta de encarcelamiento.

El efecto no termina en Carlos

El impacto de un caso así tampoco se limita a la persona procesada. La posibilidad de que una investigación sobre denuncias de violencia sexual en un centro educativo desemboque en querella, años de litigio, condena, orden de captura y riesgo efectivo de prisión puede enviar un mensaje disuasorio a otros periodistas, docentes, denunciantes y fuentes.

Ese es el denominado efecto inhibidor o chilling effect: cuando el costo de investigar determinados asuntos se vuelve tan alto que otros optan por no publicar, no preguntar o no denunciar. El resultado no afecta únicamente al periodismo; reduce también el acceso de la sociedad a información de interés público.

Lo que queda por resolver

El caso de Carlos Ávila tiene hoy varias capas pendientes. Una es la interpretación de la Ley de Amnistía. Otra es la utilización sucesiva de dos códigos penales y si realmente se aplicó integralmente el régimen más favorable. Otra es la duración de las distintas etapas del proceso y la proporcionalidad de mantener en 2026 una amenaza de prisión por publicaciones realizadas en 2007.

Y detrás de todas aparece una pregunta más amplia sobre libertad de expresión y democracia: ¿qué mensaje produce un sistema de justicia cuando la consecuencia más persistente recae sobre quien hizo públicas denuncias relativas a posibles vulneraciones contra estudiantes?

La defensa ha anunciado que recurrirá la negativa de amnistía. El expediente, mientras tanto, deja una certeza: el caso de Carlos Eduardo Ávila no puede entenderse plenamente como una simple disputa privada entre dos personas. Durante 19 años ha atravesado el periodismo, la educación pública, la protección de estudiantes, el derecho al honor, la protesta social, dos códigos penales, una orden de captura, la amnistía y los estándares internacionales de libertad de expresión.

Y todavía no termina.

Fuentes documentales consultadas

• Expediente judicial del proceso seguido contra Carlos Eduardo Ávila Aguilera, incluyendo querella de 2007, sentencia del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle de 13 de octubre de 2014 y actuaciones de ejecución.

• Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, sentencia SP 457-2016, resuelta el 22 de julio de 2020.

• Tribunal Superior de Cuentas, investigación sobre el Instituto José Cecilio del Valle, Choluteca.

• COFADEH, Certificación No. 31-05-2022.

• Secretaría de Derechos Humanos, constancia emitida en mayo de 2022 para fines de aplicación de la amnistía.

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras, 2024.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención de Belém do Pará; Carta Democrática Interamericana; Observación General No. 34 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.