Organizaciones nacionales e internacionales advierten que la expansión de proyectos de energía renovable en Honduras ha reproducido prácticas de despojo, criminalización de comunidades y beneficios para capitales privados, mientras el Congreso Nacional debate reformas que podrían profundizar la privatización del sector eléctrico.
Tegucigalpa, Honduras (ConexiHON).- El modelo de transición energética impulsado en Honduras bajo el discurso de la sostenibilidad y la energía limpia reproduce, en distintos territorios, patrones de despojo, afectaciones ambientales, conflictos sociales y criminalización de personas defensoras, advierte el informe “El lado oscuro de la transición energética: colonialismo verde en el sur de Honduras”, presentado por organizaciones nacionales e internacionales.
El documento fue elaborado por la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), el Instituto de Estudios Políticos – Programa de Economía Global (IPS), el Instituto Transnacional (TNI), TerraJusta y la Red de Solidaridad con Honduras (HSN).
La presentación del informe coincidió con el debate legislativo sobre reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, en un contexto en el que organizaciones sociales han expresado su preocupación ante lo que consideran un avance hacia la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El estudio sostiene que el modelo energético promovido en Honduras desde 2014 ha permitido la expansión de proyectos privados de generación, distribución y transmisión de energía bajo un discurso de sostenibilidad, pero con limitadas garantías para las comunidades afectadas y amplias protecciones para los inversionistas.
Como estudio de caso, el informe analiza el proyecto solar Los Prados, ubicado en Namasigüe, Choluteca, y propiedad de las empresas noruegas Scatec, Norfund y KLP Norfund Investments. De acuerdo con el documento, los contratos del proyecto fueron aprobados de manera fragmentada, con cuestionamientos relacionados con la evaluación ambiental y denuncias de presuntas irregularidades que, según las organizaciones, no han sido investigadas de manera suficiente.
Las comunidades afectadas han denunciado deforestación, desplazamiento, pérdida de tierras productivas y fuentes de agua, aumento de las temperaturas y conflictos sociales asociados con la instalación del proyecto. El informe también señala que, durante más de ocho años, personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente que se oponen al proyecto han enfrentado procesos de criminalización.
Las organizaciones denuncian específicamente la criminalización de diez personas defensoras y exigen a la empresa Scatec poner fin inmediato a dicha situación y garantizar una reparación integral por los daños ocasionados.
Para las organizaciones firmantes, el caso de Los Prados no constituye un hecho aislado. El informe identifica patrones similares en otros proyectos de energía renovable, incluidos proyectos solares y represas hidroeléctricas. Entre estos menciona el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, vinculado al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y al asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres.
El documento plantea que, bajo la etiqueta de energía limpia, pueden reproducirse viejas formas de apropiación de territorios y de exclusión de las comunidades de las decisiones sobre los bienes naturales. En ese sentido, las organizaciones advierten sobre un modelo que prioriza la rentabilidad de inversiones privadas por encima de la protección ambiental, los derechos colectivos y la participación comunitaria.
El informe también alerta sobre los costos económicos que este modelo ha representado para el Estado hondureño. Las organizaciones documentaron siete empresas extranjeras del sector energético que han interpuesto demandas de arbitraje internacional contra Honduras, reclamando compensaciones por cientos de millones de dólares.
Según el documento, empresas noruegas utilizaron la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, aprobada en 2011, para demandar al Estado hondureño por 400 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Las demandas, señala el informe, fueron utilizadas como mecanismo de presión durante la renegociación de contratos.
Aunque algunas empresas retiraron sus demandas tras la renegociación, el documento advierte que permanecen cinco procesos pendientes contra Honduras por más de mil millones de dólares, ante este escenario; las organizaciones consideran que esos recursos podrían ser destinados a mejorar el sistema eléctrico y garantizar un servicio de energía accesible para la población.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil organizada; citadas al inicio de esta entrega informativa, también cuestionan la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, al considerar que puede favorecer nuevos proyectos de inversión en territorios comunitarios y profundizar la conflictividad social.
Las organizaciones expresaron además su rechazo a la privatización de la energía y cuestionaron que la modernización del sistema eléctrico se utilice como argumento para trasladar funciones estratégicas de la ENEE hacia intereses privados.
Asimismo, denunciaron el retorno de Honduras al convenio del CIADI, anunciado por la administración gubernamental y cuya entrada en vigencia está prevista para el 16 de agosto de 2026. Aunque reconocen que la salida del mecanismo no sería suficiente para proteger al país frente a las demandas de empresas transnacionales, consideran que representa un paso hacia la recuperación de la soberanía sobre decisiones de interés público.
Frente a este escenario, las organizaciones demandaron una investigación judicial independiente sobre los daños ambientales, sociales y económicos vinculados al proyecto Los Prados y a otros proyectos de energía renovable, así como sobre posibles vínculos con estructuras de corrupción y crimen organizado.
También exigieron la derogación de la legislación que, a su juicio, favorece la expansión de proyectos agroindustriales y energéticos sin suficientes garantías para las comunidades, y reclamaron un modelo energético basado en el control público y comunitario, la justicia y la democracia energética.
La propuesta plantea que una verdadera transición energética debe priorizar la protección ambiental, la igualdad social, el acceso a la electricidad como derecho humano y la autonomía de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, garantizando su participación efectiva en las decisiones que afectan sus territorios.
El informe concluye que la emergencia climática no debe convertirse en una justificación para repetir patrones coloniales de despojo en la zona Sur del país. Por el contrario, las organizaciones sostienen que la transición hacia energías renovables debe construirse con respeto a los derechos humanos, la soberanía nacional y la decisión de las comunidades sobre sus territorios.
Para consultar el informe: https://terra-justa.org/dc_2017/wp-content/uploads/2026/07/El-lado-oscuro-de-la-transicion-energetica-Colonialismo-verde-en-el-sur-de-Honduras-Julio-2026.pdf
