La investigación se basó en el análisis de 410 hechos relevantes, una encuesta aplicada a 110 periodistas de la región y entrevistas en profundidad a representantes de medios independientes.
Tegucigalpa, 23 de julio de 2026. – El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Fundación Heinrich Böll Centroamérica, ha publicado el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en Centroamérica, documento que sistematiza la situación del ejercicio periodístico en la región entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
Los resultados de esta investigación, que incluyó el análisis de 410 hechos relevantes, encuestas a 110 periodistas y entrevistas en profundidad a líderes de medios, ratifican que Honduras enfrenta un deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información. El informe advierte sobre una convergencia regional en la que la violencia física y la intimidación han mutado hacia formas más complejas de hostigamiento, consolidando a los actores político-institucionales como las principales fuentes de presión contra el gremio.
Hallazgos sobre el contexto hondureño: Entre la impunidad y la estigmatización
El informe dedica un apartado específico al análisis de Honduras (sección 3.4), donde destaca que el país se encuentra atrapado entre una impunidad estructural y una creciente estigmatización que emana desde los niveles más altos del poder. A diferencia de otros contextos regionales, la situación hondureña se caracteriza por una combinación de factores que vulneran gravemente la seguridad de quienes informan:
Estigmatización desde el poder: El documento señala que, al igual que en el resto de la región, existe en Honduras una tendencia marcada de las autoridades gubernamentales y dirigentes políticos a deslegitimar el trabajo periodístico. Esta práctica no se reduce a críticas aisladas, sino que constituye una estrategia de comunicación que busca invalidar el periodismo crítico, calificándolo como un enemigo del interés nacional o un obstáculo para la gestión pública.
Violencia e intimidación persistentes: El informe identifica que Honduras continúa registrando denuncias graves por presiones institucionales y obstáculos directos para obtener información pública. La investigación documenta cómo el ejercicio de la profesión se ve amenazado por un clima donde la respuesta estatal ante la labor de fiscalización suele ser la intimidación en lugar de la garantía de derechos.
Presiones judiciales y obstáculos administrativos: El estudio subraya que las agresiones ya no se limitan a la violencia física. En Honduras, los periodistas enfrentan crecientes barreras administrativas y el uso (o amenaza de uso) de mecanismos judiciales para censurar investigaciones periodísticas, afectando especialmente a aquellos que cubren temas de corrupción, conflictos territoriales y derechos humanos.
Vulnerabilidad del periodismo comunitario: Un punto crítico identificado es la fragilidad extrema de las y los periodistas comunitarios. Al trabajar en territorios donde la presencia del Estado es limitada y donde redes de crimen organizado o grupos de poder local ejercen control, estos comunicadores enfrentan riesgos diferenciados. El informe enfatiza que, en estas zonas, la desprotección es absoluta y la capacidad de las instituciones de seguridad para brindar salvaguardas es prácticamente nula.
Implicaciones para el ejercicio periodístico regional
El IV Informe hace énfasis en que la situación de Honduras no ocurre en el vacío, sino que refleja una tendencia regional donde la autocensura se ha consolidado como un mecanismo de supervivencia. Ante la falta de mecanismos efectivos de protección, las y los periodistas hondureños están optando por silenciar temas de alto riesgo o cesar sus investigaciones para evitar represalias.
El documento destaca que, a pesar de los marcos jurídicos que, en teoría, garantizan la libertad de expresión en el país, existe una brecha insalvable entre la norma y la práctica. La investigación concluye que los actores que deberían ser los garantes de los derechos humanos y la libertad de prensa se han convertido, en múltiples ocasiones, en los principales agentes de su vulneración.
Hacia una respuesta necesaria
El estudio del PROLEDI-UCR y la Fundación Heinrich Böll subraya que la situación en Honduras requiere una transformación urgente en la política pública de protección. No es suficiente con contar con normativas nacionales si estas no van acompañadas de una voluntad política real para:
Cesar los discursos de estigmatización: Es imperativo que las autoridades gubernamentales y los liderazgos políticos reconozcan el papel esencial del periodismo en una democracia y se abstengan de utilizar su posición para atacar o desacreditar a la prensa.
Garantizar la transparencia: El acceso a la información pública debe ser un derecho irrestricto, no un favor otorgado por los funcionarios de turno. El informe exhorta a las instituciones hondureñas a simplificar y agilizar los procesos de entrega de información de interés público.
Fortalecer la seguridad: Se necesitan protocolos específicos de protección para periodistas que cubran temas de alta sensibilidad (corrupción, crimen organizado, medio ambiente), los cuales deben alejarse de medidas burocráticas y centrarse en la prevención efectiva del daño.
El IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo en Centroamérica cierra con un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad hondureña para vigilar de cerca este deterioro. La erosión de la libertad de prensa en Honduras no solo afecta a los medios, sino que debilita profundamente los cimientos de la democracia, limitando el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y contrastada sobre los asuntos que afectan su vida cotidiana.
Conozca más detalles del informe: https://centroamerica.boell.org/es/2026/07/22/iv-informe-sobre-el-estado-de-la-libertad-de-expresion-y-el-periodismo-en-centroamerica
