Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON); Tres gobiernos y más de 20 años de lucha pasaron, antes que el Instituto de la Propiedad (IP) accediera a iniciar un proceso de remedición de tierras. Denominado “Regularización Predial por Necesidad Pública” o “Legalización de Tierras”, comenzó hace cinco meses y se ejecuta en por lo menos cinco de las doce comunidades que conforman la Península de Zacate Grande.
Este proceso, le anteceden por lo menos 117 comunitarios criminalizados por reclamar la devolución de sus propiedades, actualmente en mano de terratenientes que ocupan 5,800 hectáreas de playa pública, despojando de zonas productivas y pesqueras a familias enteras sin medios de producción.
En el caso de la criminalización, el Comité por la Libre Expresión, registra en sus datos algunos de los casos de campesinos y campesinas de Zacate Grande, criminalizados por su lucha en defensa del territorio y la tierra.
Este esfuerzo que hace el actual gobierno con el nombre Regularización Predial por Necesidad Pública” o “Legalización de Tierras”, inició en 2008 bajo el decreto 18-2008 durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, sin embargo, no tuvo ninguna repercusión, posteriormente en varias ocasiones durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández quienes gobernaron durante el periodo 2010-2014 y 2014-2022 respectivamente el caso también permaneció inmóvil.
Fue a inicios del 2024 que la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y sus representantes legales, la Red de Abogadas Defensores de Derechos Humanos, recibieron la notificación por parte del Instituto de la Propiedad, quienes anunciaban del inicio de la medición el 20 de febrero y durante un tiempo estipulado de diez días, además de un estudio histórico legal que compruebe la veracidad y antigüedad de los títulos de propiedad a favor de por los menos 4,500 personas residentes en diez de las doce comunidades que integran la península.
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Sin embargo, aún falta que los residentes de las comunidades de La Negra y Los Langues, zonas siendo mayor conflicto por la distribución de tierras, soliciten los beneficios de remedir que incluyen la certificación legal del I.P con datos sobre limites exactos debido al uso de herramientas como GPS para georreferenciar cada predio.
“Los resultados del I.P pueden ser una herramienta para aclarar dudas sobre limites territoriales, pero se le debe explicar a los miembros de la comunidad que, las dimensiones pueden cambiar debido a que anteriormente se medía a ojo de buen cubero”, explicó el abogado Roger Ordoñez, para quien debe permanecer una actitud positiva entre los vecinos de la zona para resolver y prevenir nuevos conflictos, debido a que legalmente la resolución del I.P abre la posibilidad de elevar el proceso a una vía administrativa y penal.
Durante los más de dos décadas que ADEPZA reclama playas libres para los hondureños, los y las comunitarios han sido judicializadas bajo cargos de usurpación, daños a la propiedad privada y amenazas a muerte, en el caso más extremo en un expediente múltiple acusados de evasión fiscal y usurpación luego de instalar la radio Zacate Grande.
Según Gerardo Aguilar, defensor de la tierra y miembro activo de ADEPZA, esta es otra etapa de su lucha, debido a que no pueden permitir que un patrimonio nacional termine como una herencia familiar. “Confiamos que el I.P reconozca que las comunidades tienen derecho sobre la tierra que somos nosotros los que hemos velado por cuidar las zonas protegidas y nuestra intención que las playas de la zona sur sean para que todos los turistas las disfruten”, acotó Aguilar.
