Choluteca, Choluteca (CONEXIHON).- La desprotección y abandono del Estado a las distintas organizaciones de campesinos y campesinas en Honduras provoca criminalización y asesinato de los y las defensoras del territorio y la tierra, denunció en las últimas horas la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) de la regional del Sur.
En el marco de la celebración de dos años de mandato de la presidenta Xiomara Castro, los labriegos sureños sostienen que la mandataria “hizo una promesa de campaña de que al campesino se le iba atender por su reclamo de su derecho a la tenencia de la tierra, pero ya hemos pasado dos Años y los campesinos y campesinas no hemos tenido ninguna respuesta positiva en la parte agraria”, comentó Santos Hernán Zepeda, tesorero regional de la ANACH.
Derogación
Como parte del proceso hacia una reforma agraria integral con equidad de género las y los campesinos sureños solicitan, la derogación del decreto 31/1992 correspondiente a la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrario, instrumento del neoliberalismo que ha provocado décadas de violencia y el despojo de tierra de la reforma agraria, situación que ha impactado de forma directa y negativa en los proyectos debida y dignidad de miles de familias campesinas en todo el territorio nacional, a consideración de este organismo nacional de hombres y mujeres del campo.
Asi mismo, quienes siembran el sustento alimentario de miles de familias en distintas zonas de Choluteca y Valle instan a las diputados y diputadas del Congreso Nacional a cumplir con su deber de legislar a favor del pueblo hondureño y a cumplir con la derogación parcial del decreto 93/2021, que implica una reforma del código penal al delito de usurpación y libertad de expresión, que ha sido una herramienta para la criminalización de las y los campesinos y defensores de tierra y territorio.
Fortalecimiento
Por otro lado, proponen el fortalecimiento de las instituciones del sector agrícolas, como ser el Instituto Nacional Agrario, (INA) la Secretaria de Agricultura y Ganadería, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y el Instituto de la Propiedad; sus marcos jurídicos, presupuestos y estrategias para garantizar que sus programas sean accesibles y prioricen la participación de las organizaciones campesinas y las comunidades indígenas garífunas y respetando sus formas de vida y modos de organización política.
Con la intención de evitar la posible manifestación de unos tres mil campesinos y campesinas que estarían dispuestos a presentar sus demandas en los bajos del Poder Legislativo y los integrantes de la ANACH exigen la la Reducción de hectáreas de la caña de azúcar en la zona sur y el país como un cultivo protegido. En esta línea, piden la aprobación del decreto de traspaso de las tierras bajo la administración de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) con sentencia firme hacia el INA, para el uso exclusivo del sector Reformado y otras comunidades.
Planteamiento de las y los campesinos
De igual manera el planteamiento comprende que las tierras incautadas sin sentencia firme se den en el término de “como dato” a los campesinos y campesinos agropecuarios del sector reformado de la zona Sur y de todo el País. Que también se pueda realizar una investigación técnica legal de todas las tierras asignadas para procesos de Reforma Agraria en las últimas cuatro décadas apegadas en los artículos 344 al 350 de la constitución de la Republica para determinar el nivel de corrupción, métodos y procedimientos utilizados por corporaciones agroindustriales para el despojo y acaparamiento de las tierras.
Finalmente los integrantes de la ANACH en la zona Sur del país, piden que pueda ser atendidos en una reunión que también participen la OABI, el INA, gobierno y los miembros directivos de los grupos campesinos del Sur, de manera que se responda a la promoción de la apertura del espacio cívico democrático y los canales de retroalimentación con los movimientos sociales populares y organizaciones campesinas. Sin duda alguna, la participación activa del Estado permite a Honduras establecer mayores niveles de trasparencia y efectividad en la implementación de las políticas públicas.
Por una verdadera reforma agraria integral con equidad de género es necesario se declare la nulidad ipso jure de las inscripciones traslativas de dominio sobre las tierras de la reforma Agraria efectuadas mediante fraude de ley en los años 1990.
Así mismo investigar los mecanismos de despojo de las tierras de la reforma agraria para poder proponer medidas que garanticen la no repetición de estas violaciones, para mejor resguardar la seguridad jurídica interjeracional de sobre las tierras.
