Tegucigalpa, Francisco Morazán (ConexiHON).- Producto de un desalojo de sus tierras, se calcula una pérdida de 19,515 quintales de alimentos, entre granos básicos y hortalizas y se estima que 300 manzanas de cultivos fueron destruidas afectando directamente entre 600 y 700 familias y colateralmente a unas 1500 personas. Estos campesinos, que llevaban 10 meses en el proceso de recuperación de sus tierras, ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, viendo sus esfuerzos y medios de subsistencia desvanecerse.
Así lo dijeron en conferencia de prensa los integrantes de la Mesa Tierra y Territorio (MTT) quienes llegaron de distintas comunidades del departamento de Yoro para expresar su “profunda preocupación y repudio ante los recientes acontecimientos ocurridos el pasado 29 de febrero 2024 en las comunidades de La Sarrosa, El Bálsamo y Agua Blanca, donde se llevó a cabo el violento desalojo contra los grupos campesinos aglutinados en el Movimiento Campesino Sin Tierra de Yoro.
Según comunicación pública, el desalojo fue promovido por la Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA). A la fecha esta empresa azucarera con operaciones en la zona norte de Honduras, ha presentado 15 acusaciones contra varios miembros del Movimiento Sin Tierra de Yoro, alrededor de 40 acusaciones adicionales contra miembros de la regional de El Progreso de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC-Progreso).
Esta criminalización de líderes campesinos, se basa en supuestos delitos de usurpación y daños. Cabe señalar que la tenencia de tierras argumentada por AZUNOSA constituye un latifundio, según dirigentes de la Plataforma Agraria quienes se movilizaron desde Colón para denunciar este acaparamiento del territorio “violando los artículos 399 y 344 Constitución de la República que prohíbe estas y otras formas de acaparamiento de tierras”, dijo Yoni Rivas.
Trasciende que las tierras en disputa fueron originalmente asignadas con el propósito de llevar a cabo la reforma agraria, de ahí que para avanzar en la reducción de los índices de conflictividad por el acceso a tierras, los grupos de campesinos y campesinas que integran el Movimiento Campesino Sin Tierra de Yoro, expresaron sus exigencias.
1- Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 93-2021, el cual amplía el delito de usurpación, afectando a las familias campesinas que legítimamente reivindican su derecho a la tierra.
2. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre otro recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización del Sector Agrícola, considerada contraria a la Constitución de la República en cuanto a la prohibición de la creación de latifundios.
3. Exigimos al Congreso Nacional discutir el proyecto de ley orientado al traspaso de tierras bajo la administración de la OABI (con sentencia en firme) para que sean transferidas al Instituto Nacional Agrario para fines de Reforma Agraria.
4. Exigimos a la Comisión de Seguridad Agraria la actualización del Decreto 18- 2008 para resolver la mora agraria y abrir los espacios de participación para discutir las reformas estructurales que atiendan las demandas históricas y las necesidades actuales del campesinado hondureño.
5. Exigimos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Derechos Humanos asumir un rol más proactivo en la protección de los derechos de las comunidades campesinas, más allá del registro de los hechos violentos en los territorios en el marco de los operativos de desalojo.
