Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON); A dos años de la vigencia del decreto 04-2022, contenido en el Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, revelan la poca efectividad de la normativa, por lo menos a favor de los defensores de tierra y territorio.
Desde la primera etapa, durante la presentación de la amnistía, nombrada por la oposición como pacto de impunidad, el diputado proponente Rasel Tomé y miembros del Partido Libre, consideraron que por lo menos 6,000 defensores de tierra y territorio podrían ampararse a esta figura. Según miembros de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la base de datos previa a la amnistía advertía de la criminalización hacia 6,645 casos divididos en 5 colectivos y 6,640 individuales.
Un caso excepcional
Solo hay un caso que hasta ahora es excepcional, promovido por el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) en los juzgados de lo penal en Marcala, que dejó en libertad a 23 miembros del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH) y los LAURELES luego de siete años de persecución judicial.
El caso comenzó en 2015, Cuando los miembros de MILPAH y los Laureles ejercieron dominio sobre sus tierras, ubicadas en la comunidad de Simpinula municipio de Santa María, en el departamento de La Paz.
Roger Ordóñez, Coordinador del Área Legal de C-Libre, demostró que no había otra razón a parte de persecución política para procesar a los miembros del Consejo Indígena Lenca, quienes desde 2012 se aglutinan en un movimiento de recuperación de propiedades con títulos ancestrales, lucha que fue apoyada directamente por el ahora asesor presidencial y expresidente de Honduras José Manuel Zelaya; En consecuencia el movimiento fue estigmatizado y perseguido afirmando era una ramificación política del partido LIBRE.
Para Roger Ordoñez, la razón por la que no se ha aplicado la amnistía, pasa porque los jueces están interpretando y no realizando su trabajo con respecto al decreto, pese a que la ley solo manda a valorar si reúne los requisitos que el mismo establece, en un claro abuso de su autoridad, que según Ordoñez debe ser investigado por inspectoría de tribunales.
“La amnistía fue creada para dar justicia social a los defensores de DD.HH, campesinos y defensores del ambiente que son criminalizados en el país, decir que ha fallado si hay personas que han logrado recuperar sus vidas, sin embargo al ser un beneficio que afecta a los grupos extractivistas, terratenientes, transaccionales, crimen organizado”.
Para el equipo legal del COFADEH, el problema detrás de la poca aplicación de la ley, radica en la negativa del sistema judicial de cambiar su papel y seguir siendo los principales promotores de persecución contra DD.HH, defensores de la tierra y territorio y civiles en ejercicio de su derecho a la protesta.
COFADEH: “Como vemos, la situación no ha cambiado; jueces y fiscales siguen en su papel represor y hay poca información al respecto, hay que destacar que los delitos que se le imputaron (Personas Criminalizadas) son delitos con los que se persigue al crimen organizado; es una acción violenta”
La jurista y defensora de DD.HH ,Kenia Oliva, conoce el tema de primera mano, uno de los casos que representa como abogada del bufete Justicia para los Pueblos, busca la aplicación de amnistía a favor de tres exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes en 2016 fueron acusados de participar en una manifestación y causar daños al alma mater.
Oliva:” El decreto ley dice que una vez que el juez verifique que el COFADEH y la Secretaría de DD.HH certifican a las personas como perseguidas políticas, son los únicos dos requisitos que pide para aplicar, de hecho dice que una vez presentada la documentación los jueces deben actuar de oficio, no tienen que emitir cuestionamiento, mi opinión es que los jueces deben ser sometidos a audiencias de descargo por tomarse la atribución de decidir quién es o no DD.HH”
Por su parte el excoordinador de tribunales y actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, la ley se aplica, pero el juez que conoce la causa tiene la potestad para determinar si se puede o no aplicar el decreto, pero con elementos suficientes para sustentar su decisión.
Según la base de datos del Poder Judicial, obtenida mediante solicitud de información actualizada hasta 2023, apenas 33 personas gozan del beneficio de amnistía aplicada en su mayoría en los Juzgados de lo Penal en la Capital y Santa Bárbara, por su parte del COFADEH documenta 184 certificados a favor de presos políticos de los cuales 121 fueron aprobados, 42 permanecen en consulta, 7 están a la espera de resolución en la sala constitucional, 14 están pendientes de resolución en tribunales de ejecución.
Uno de los casos más extremos proviene de los Juzgados en Choluteca, en donde según los documentos entregados por las autoridades , no hay solicitudes para aplicar el decreto de amnistía, pese a que organizaciones como la Red de Abogadas del Sur en múltiples ocasiones han pedido que los jueces de ejecución reconozcan la labor de defensoría a favor de Santos Pérez y Abel Hernández, ambos defensores de la tierra en la causa de la Península de Zacate Grande, de hecho, la jueza de ejecución concedió libertad condicional en diciembre de 2023, por los delitos e usurpación y daños pero los tribunales se niegan a aceptar que ambos solo defienden su territorio de terratenientes.
Testimonio de Abel Pérez luego de confirmar que saldría de prisión con medidas sustitutivas:
En Honduras es más fácil personar a traidores de la patria que defensores de tierra
Anteriormente en enero de 2010, el Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía, pero en esa ocasión fue favor de políticos quienes planificaron, promovieron y participaron en el golpe de Estado que derivo en la salida violenta del poder del Expresidente Manuel Zelaya Rosales y el inicio de un sistema violento que priorizó el quebrantamiento del Estado de derecho y la narcodictadura sin embargo fue más fácil perdonar a personas que traicionaron la patria, atentaron contra la forma de gobierno, cometieron terrorismo y sedición que a defensores de la tierra, de la dignidad humana y la patria afirmó Ordoñez.
Ordoñez: “Se emitió una amnistía para las personas que participaron como autores intelectuales del golpe de Estado, esa amnistía fue bien recibida por actores que hoy son voces disidentes, se entiende esta postura si se observa quienes fueron los favorecidos”.
