Tegucigalpa, Francisco Morazán (conexiHON).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo publicó su preocupación respecto a la querella penal que anunció la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV).
Sostiene el organismo internacional de prensa que esta judicialización «es un intento de intimidación» en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Seguidamente la La SIP observa con preocupación la situación de la libertad de prensa en Honduras, puesto que en enero pasado la organización se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 por injurias contra periodistas del diario El Heraldo.
En febrero la SIP condenó una campaña de intimidación contra la prensa en Honduras de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes de información. Posteriormente el militar anunció que retiraría las denuncias, pero aún no lo ha concretado.
Las querellas penales contra periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión», declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP. «Acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental», aseguró Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, enfatizó que «los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa. En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente», indicó Jornet, director de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina.
Para la SIP, Las denuncias penales contra periodistas y medios de prensa por presuntas calumnias e injurias contradicen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios de libertad de expresión reconocidos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y en la Declaración de Chapultepec de la SIP, cuyo principio 10 sostiene que «ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público».
Existe consenso creciente entre organismos internacionales y jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos en el sentido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de calumnias e injurias que se imputen al periodismo.
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