Tegucigalpa, Honduras (ConexiHON).- La violencia que afecta a las comunidades campesinas del Bajo Aguán continúa evidenciando la falta de respuestas estructurales del Estado hondureño frente al conflicto agrario y la persistente situación de inseguridad en la zona, sostiene la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), lo anterior; en el marco del ataque perpetrado el pasado 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, Finca Paso Aguán, municipio de Trujillo, departamento de Colón, hecho que dejó un saldo de al menos 20 personas campesinas asesinadas.
Así lo expresa ACI, un espacio de sociedad civil constituida por 31 Organizaciones No Gubernamentales internacionales con presencia y trabajo en Honduras, a través de un pronunciamiento público en el que también condenan la masacre y califican como uno de los episodios más graves y alarmantes registrados en los últimos años en Honduras, señalando que la violencia que afecta a las comunidades campesinas del Bajo Aguán continúa evidenciando la falta de respuestas estructurales del Estado hondureño frente al conflicto agrario y la persistente situación de inseguridad en la zona.
En el pronunciamiento, las organizaciones integrantes de Espacio ACI manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con las organizaciones campesinas y comunitarias que históricamente han denunciado situaciones de violencia, criminalización y vulnerabilidad en el departamento de Colón.
Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades hondureñas para garantizar la protección de las comunidades afectadas y desarrollar investigaciones exhaustivas, transparentes e independientes que permitan identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
El pronunciamiento advierte sobre la persistencia de discursos que estigmatizan a organizaciones campesinas y comunidades rurales, situación que, según las organizaciones firmantes, contribuye a profundizar escenarios de violencia y exclusión y solicita al Estado hondureño activar de manera urgente mecanismos de protección para las comunidades de Paso Aguán, Panamá, Rigores y otros sectores aledaños que han sido afectados por hechos violentos en los últimos meses.
También exhortó al Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Secretaría de Seguridad a realizar acciones inmediatas que permitan esclarecer los hechos y prevenir nuevas agresiones. Asimismo, las organizaciones internacionales instaron al Poder Ejecutivo a atender de forma integral las causas históricas del conflicto agrario en el Bajo Aguán, incluyendo el cumplimiento de acuerdos suscritos con organizaciones campesinas y compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño en materia de derechos humanos y resolución de conflictos sociales.
En ese sentido, el Comité por la Libre Expresión se une a las exhortaciones del espacio ACI, puesto que el contexto de violencia en el Bajo Aguán requiere no solo respuestas de seguridad, sino también políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la justicia, la protección comunitaria y el fortalecimiento de condiciones que permitan a periodistas, comunicadores comunitarios y organizaciones sociales documentar y denunciar estos hechos sin temor a represalias.
Por otra parte, también se reitera en el pronunciamiento que la protección de la libertad de expresión está estrechamente vinculada a la garantía de otros derechos fundamentales, en la zona de conflicto, especialmente en contextos donde comunidades enteras enfrentan situaciones de violencia, desplazamiento y vulnerabilidad.
C-Libre en alianza con ACI manifiesta su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad y derechos humanos en el Bajo Aguán, una región marcada por conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la presencia de estructuras criminales y la débil capacidad institucional para prevenir hechos violentos. La organización señaló que este tipo de acontecimientos impactan de manera directa el ejercicio de derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho de las comunidades a informar y denunciar las agresiones que enfrentan.
También reiteran las organizaciones que la narrativa pública impulsada desde distintos sectores debe evitar la criminalización de comunidades campesinas y promover un abordaje centrado en la búsqueda de soluciones estructurales el respeto a los derechos humanos y la protección de las personas sobrevivientes.
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