Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Hay un bloqueo a fuentes documentales y orales, también al acceso a algunas actividades o instituciones del Gobierno. Los y las periodistas en Honduras dicen que además hay funcionarias públicas y empresarias que amenazan con demandar si se hacen publicaciones que les ligan con casos de corrupción.
El cierre de fuentes oficiales, la intolerancia a la crítica y la intimidación dicen periodistas que es la constante en el ejercicio del periodismo en el país
El constante señalamiento e intolerancia a las críticas provenientes de los medios de comunicación, así como también constantes cuestionamientos a través de redes sociales, caracterizan a la libertad de expresión en Honduras.
“El gobierno de Xiomara Castro ha dado muestras preocupantes en temas de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a información pública”, dice la periodista Jennifer Ávila, directora del medio digital Contracorriente.
El discurso oficial buscó desde el inicio confrontar a la prensa en general, presionar con la narrativa de que no se pagaría pauta publicitaria y crear el decreto de la dirección de prensa para unificar el discurso gubernamental.
“También hay un interés de monitorear medios y controlar la opinión pública con la contratación directa de encuestadoras”, advierte la periodista.
Lastimosamente Honduras arrastra una gran desconfianza en los medios, refiere la directora de Contracorriente, por la irresponsabilidad y corrupción con los que la mayor parte han sido manejados.
Señales que preocupan
El cierre de fuentes oficiales, la intolerancia a la crítica y la intimidación, son señales constantes que para los y las periodistas muestran un camino erróneo que ha tomado el nuevo gobierno.
Por otra parte, organizaciones civiles han señalado malos procedimientos en el cambio del Mecanismo Nacional de Protección y hay cero pronunciamientos sobre la violencia que siguen viviendo los periodistas y comunicadores sociales.
“El Gobierno de la Refundación Nacional que preside Xiomara Castro, no da ninguna claridad en el respeto a la libertad de expresión, libertad de prensa e información”, lamenta Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH).
Y para evidenciar ese respeto señala a Conexihon dos ejemplos: uno, la comisión de asuntos constitucionales del Congreso Nacional ha tenido seis meses en reuniones que van y vienen a los periodistas para unificar criterios en la reforma al Código Penal y la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.
“La última reunión fue suspendida por la comisión de asuntos constitucionales. Ellos inventaron que la Ley de Emisión del Pensamiento tiene artículos violatorios a la Libertad de Expresión”, dice Ortiz, demostrando el poco interés en la temática.
Desde el mes de noviembre se suspendió la reunión denuncia el presidente de la APH, a iniciativa del diputado Ramón Barrios, presidente de la Comisión de Legislación en temas de libertad de expresión.
El segundo ejemplo que da Carlos Ortiz es el del Mecanismo Nacional de Protección, asegura que no hay interés en mantener vigente ese organismo y mucho menos el Consejo Nacional de Protección.
Gobierno desata preocupaciones
En materia de libertad de expresión, dice Ortíz que el Gobierno está sumamente aplazado. “No hay voluntad política para que prevalezca la libertad de expresión en Honduras y tratan de disfrazar diciendo que están preocupados por el tema de libertad de expresión. Es un gobierno aplazado”, señala.
Desde la APH dicen estar preocupados por el rumbo que está tomando el país. En el tema de libertad de expresión dicen que no hay nada contundente que refleje la posición del Gobierno de Xiomara Castro.
“No les interesa, lo que interesa es la constituyente, como quedarse en el poder, la corrupción e impunidad. Si hacemos una lectura, el 2023 va a ser igual o peor, pero la libertad de expresión no es un tema de agenda de este Gobierno”.
“Fallan los funcionarios de Castro”
Para Hugo Maldonado, presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), la presidenta Xiomara Castro si tiene voluntad con la libertad de expresión, pero asegura que quienes fallan son algunos funcionarios.
“Desde el pensamiento de la presidenta Xiomara, si hay voluntad, el problema es que quien hace algunas cosas encaminadas en contra de la libertad de expresión son algunos funcionarios. Ellos no entienden la situación de lo que es el estado de derecho”.
Para Maldonado hay Secretarías de Estado muy importantes y que tienen un compromiso con la libertad de prensa, pero que no están a tono con las circunstancias y hacen ver al Gobierno mal.
Una tensión constante
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa, el director de Gobernanza y Transparencia Lester Ramírez, percibe una tensión constante entre las exigencias de libertad de expresión que tienen los medios de comunicación y periodistas y la influencia que tiene el Gobierno por controlar la opinión pública y manejar la información.
“Es una tensión que con el tiempo va a continuar dándose y estas tensiones en algunos momentos se van a escalar, en otros se van a reducir. Pero es importante que la libertad de expresión no simplemente sea una garantía desde un Gobierno sino también que la ejecute la población”, señala.
Para Ramírez, se debe reconocer que este año ha habido un ejercicio muy positivo en la libertad de expresión a pesar de los desafíos y obstáculos que pueda haber entre periodistas, actores sociales y ciudadanos. “Es positivo eso, no parte del Gobierno ese logro, pero sí de la sociedad”.
Pese a amenazas, hay libertad de expresión
Hasta hoy en Honduras, asegura el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osmán Reyes, tenemos una libertad de expresión con muchas amenazas, pero con mucha libertad.
“Los hondureños podemos hablar y decir nuestros pensamientos y eso es importante. Podemos ver que hay muchas amenazas a la libertad de expresión y uno, es los 93 homicidios que están sin resolver, de periodistas, comunicadores sociales y personas vinculadas a los medios de comunicación” señala.
A esto se suma la alta mora en la investigación, es esa impunidad la que expone a los periodistas y comunicadores sociales y es el reto la investigación para conocer las circunstancias en las que murieron y quiénes murieron por el ejercicio del periodismo.
“En Honduras se siguen criminalizando los derechos contra el honor. Tenemos un Código Procesal Penal que tiene seis artículos que generan una censura previa y es una limitante para los periodistas que son querellados por difamación, calumnia e injuria”, lamenta el presidente del CPH.
Hasta la fecha hay más de 137 casos que se han presentado contra periodistas, de ellos vigentes hay más de 30 procesados y siete que han tenido una condena.
Debemos enviar un mensaje al mundo, que este Gobierno es diferente distinto que hay una verdadera agenda de Derechos Humanos, que el Estado ha sido tolerante, por más dura que sea la crítica, no se ha cerrado medios, no ha habido persecución abierta y es importante. El CPH está listo para trabajar con el actual Gobierno.
