Tegucigalpa, Honduras. Diversas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, colectivos comunitarios y plataformas territoriales expresaron su preocupación ante el proceso de reforma de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, al considerar que las modificaciones en discusión podrían avanzar sin una consulta amplia, plural y representativa de los sectores directamente beneficiarios del mecanismo.
A través de un pronunciamiento suscrito por más de 60 organizaciones de sociedad civil, las agrupaciones reconocieron la necesidad de revisar y fortalecer la normativa vigente; sin embargo, advirtieron que cualquier reforma que excluya la participación efectiva de las personas defensoras, periodistas y comunicadores sociales podría afectar la legitimidad y eficacia de un instrumento creado precisamente para proteger a quienes enfrentan riesgos por el ejercicio de sus labores.
La preocupación adquiere especial relevancia en un país donde el ejercicio del periodismo continúa desarrollándose en condiciones de vulnerabilidad. Según los datos citados en el pronunciamiento, al menos dos periodistas y quince personas defensoras de derechos humanos que contaban con medidas de protección fueron asesinadas entre 2019 y 2023. Estos hechos reflejan las limitaciones estructurales que aún enfrenta el Mecanismo Nacional de Protección y evidencian que las reformas pendientes deben orientarse a fortalecer su capacidad operativa y no únicamente a modificar aspectos administrativos o normativos.
Por eso las organizaciones firmantes demandan al Congreso Nacional detener cualquier trámite legislativo relacionado con la reforma a la Ley de Protección hasta que se garantice un proceso de consulta amplio, abierto, inclusivo y transparente, con la participación efectiva de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, solicitaron que dicho proceso incorpore de manera prioritaria a las personas usuarias del Sistema Nacional de Protección, incluyendo periodistas, comunicadores comunitarios, representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, defensoras de territorios y personas que han enfrentado persecución, criminalización o violencia por su labor de defensa de derechos.
De igual forma, las organizaciones exigieron que el Consejo Nacional de Protección sea reconocido e incorporado en cualquier proceso de reforma, conforme a lo establecido por la propia ley. También instaron a los diputados a no aprobar modificaciones mediante procedimientos acelerados o en un solo debate, argumentando que una legislación destinada a proteger la vida y la integridad de periodistas y defensores requiere el máximo nivel de deliberación democrática. Finalmente, subrayaron que cualquier reforma será insuficiente si no va acompañada de una asignación adecuada de recursos financieros y personal especializado para el funcionamiento efectivo del Mecanismo Nacional de Protección.
Desde una perspectiva de libertad de expresión, el debate trasciende el contenido específico de las reformas, de ahí que las organizaciones sostienen que el principal desafío radica en garantizar procesos transparentes y participativos que incorporen las experiencias de quienes conocen de primera mano las amenazas, agresiones, campañas de estigmatización, criminalización y violencia que enfrentan en el territorio. Para periodistas y comunicadores comunitarios, la exclusión de estos espacios de diálogo podría traducirse en la adopción de medidas alejadas de las necesidades reales de protección.
El pronunciamiento también recuerda que en 2025 el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la misma ley sin un proceso amplio de consulta, situación que generó observaciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). A juicio de las organizaciones, este antecedente incrementa la necesidad de que el actual proceso legislativo incorpore mecanismos efectivos de participación y rendición de cuentas.
Uno de los aspectos más sensibles para el sector periodístico es que la discusión sobre la reforma ocurre en un contexto de creciente conflictividad social y polarización política. Históricamente, estos escenarios suelen incrementar los riesgos para periodistas, comunicadores sociales y medios independientes, quienes desempeñan una función esencial de vigilancia, documentación y acceso a la información pública. Por ello, cualquier modificación a la Ley de Protección debe analizarse desde una perspectiva de prevención y garantía de derechos fundamentales.
Las organizaciones firmantes sostienen que una legislación destinada a proteger a personas en situación de riesgo solo puede construirse mediante procesos inclusivos que reconozcan la diversidad de actores que integran la sociedad civil hondureña. Asimismo, plantean que el fortalecimiento del mecanismo requiere presupuesto suficiente, personal especializado y una participación activa de las personas usuarias del sistema de protección.
El debate abierto en torno a la reforma representa una oportunidad para revisar las debilidades acumuladas durante la última década de funcionamiento del mecanismo. Sin embargo, especialistas y organizaciones coinciden en que la efectividad de cualquier cambio dependerá de su capacidad para responder a los desafíos reales que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras.
En un país donde persisten altos niveles de impunidad frente a agresiones contra estos sectores, la discusión sobre la Ley de Protección no constituye únicamente un asunto legislativo, sino una prueba del compromiso del Estado con la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.
Desde la perspectiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), cualquier proceso de reforma a la Ley de Protección debe garantizar la participación directa y efectiva de periodistas y comunicadores sociales beneficiarios del mecanismo, particularmente de aquellos que han enfrentado agresiones, amenazas, hostigamiento, campañas de estigmatización o procesos de criminalización por el ejercicio de su labor informativa.
De acuerdo con el monitoreo de violaciones a la libertad de expresión que realiza C-Libre, durante 2026 se han registrado al menos 23 periodistas y trabajadores de medios de comunicación víctimas de distintos tipos de agresiones en el país. Esta situación evidencia que los riesgos para el ejercicio periodístico continúan siendo una realidad y que cualquier modificación al sistema de protección debe construirse a partir de las experiencias y necesidades de quienes enfrentan estas amenazas de manera cotidiana.
Para la organización, la discusión sobre la reforma no debe limitarse a aspectos administrativos o procedimentales, sino enfocarse en fortalecer la capacidad de prevención, protección y respuesta institucional frente a las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, considera fundamental que el Estado garantice recursos suficientes, personal especializado y mecanismos efectivos de evaluación de riesgo que respondan a los desafíos actuales que enfrenta la libertad de expresión en Honduras.
C-Libre sostiene que una reforma legítima y efectiva solo será posible mediante un proceso amplio, participativo y transparente, en el que periodistas, comunicadores comunitarios, defensores de derechos humanos y demás personas usuarias del mecanismo puedan incidir de manera real en las decisiones que impactarán su seguridad y el ejercicio de sus derechos fundamentales.
