Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON).- Por primera vez la Comisión de Asuntos Constitucionales escuchó la voz de los pobladores de la Península de Zacate Grande y Los Prados de Namasigüe, quienes piden reformar parcialmente el decreto legislativo 93-2021 que contempla el delito de usurpación, utilizado hasta ahora para criminalizar a campesinos y defensores del ambiente.
Durante una reunión con los diputados la abogada Denia Castillo, representante de la Red de Abogadas, expuso ante el presidente de la comisión el diputado, Ramón Barrios, el sustento legal de la solicitud.
En síntesis, los defensores comunitarios de la zona Sur sostienen que dicho artículo es porque la normativa es contraria a la Constitución, siendo incongruente con jurisprudencia nacional e internacional, adverso a tratados y convenios de derechos humanos suscrito por el Estado de Honduras, por permitir la criminalización a través de la judicialización a quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras.
Según reporte de la Red de Abogadas, solo en la zona sur existen registro de 119 casos de criminalización y 18 aún se debaten en procesos judiciales, en todos los casos los señalados son defensores del ambiente o cuentan con títulos originarios o documentos de tracto sucesivo que respaldan la propiedad de los pobladores por derecho de histórico.
“Hay una estratégica maquiavélica en relación a este decreto 93-2021” abogada Denia Castillo
El decreto contempla de seis a diez años de prisión y no permite que los acusados se defiendan en libertad, sumado a que limita el derecho a la libre asociación al considerar como agravante que dos defensores del ambiente se manifiesten en conjunto.
Según datos del Comité por la Libre Expresión hasta la fecha hay registro de ocho asesinatos de ambientalistas entre enero y febrero de 2023.
Una situación que según el director del departamento legal de C-Libre, Roger Ordoñez, no cambiará debido a que en el país aún no se comprende a cabalidad la raíz de la lucha desigual por territorios:
“El problema de tierras es un problema social, donde el Estado está obligado a proveer de territorio a las familias para vivir y trabajar, labor que no ha cumplido al contrario utiliza el código penal que tiene como naturaleza castigar a la población para resolver problemas sociales, por otra parte el Ministerio Público debe abstenerse de presentar requerimientos en estas causas, por ser de materia civil, el derecho penal es el último ratio, el M.P es un agente de recuperación y esa labor debe de cambiar, confiamos que con la nueva Corte Suprema de Justicia, los jueces de letras y supernumerarios no se presten a estas práctica nocivas”
Opinión que también comparte el defensor del ambiente y miembro del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida, Germán Chirinos, escucha sus declaraciones completas:
Hasta ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales se comprometió a visitar la zona sur y conocer a profundidad la problemática, sin embargo, no hay fecha para presentar la solicitud de derogación como tampoco lo han hecho con los delitos contra el honor.
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