Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Pese a las restricciones de la política “Cero Tolerancia” del presidente estadounidense, Donald Trump, que busca cumplir y endurecer la ley para frenar el flujo de migrantes indocumentados, las condiciones del país continúan expulsando a menores hondureños, solamente en el primer trimestre del 2018, 1.950 infantes fueron retornados.
Las condiciones socioeconómicas en el país obligan a miles de personas a desplazarse en busca de mejores condiciones de vida, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) seis de los nueve millones de habitantes en Honduras viven en situación de pobreza.
La violencia es una situación que cada vez más se adhiere en los rincones del país y obliga a las personas a huir de ella, tal como lo señala el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) Honduras registra una tasa de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes, siendo esta la primera causa de muerte en el país.
Sin embargo, muchos “soñadores” se juegan la vida en la ruta de la muerte. El principal destino de las migraciones de los hondureños es Estados Unidos, donde buscan mejores condiciones para una vida digna, pese a las dificultades de cruzar de forma irregular aguantando hambre, deshidratación o exponiéndose a la trata humana e inclusive a perder la vida.
El miércoles 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur, el documento permite que los niños que cruzan la frontera junto a sus padres indocumentados se queden con ellos en centros de detención de inmigrantes durante un plazo de tiempo.
Para Vanessa Martínez de la Coalición Internacional Contra la Detención, los efectos del encierro violenta el derecho a la libertad, provocan estrés post traumático, pesadillas y suicidio, entre otras.
El discurso de miedo y clandestinidad no limita a las personas a que se desplacen. Muestra de ello la niña hondureña de dos años de edad, llorando al ser capturadas por la patrulla fronteriza en la zona de McAllen, Texas, frontera con México.
En Honduras, 450 mil infantes y adolecentes trabajan, situación que les impide en la mayoría de los casos a ejercer sus derechos fundamentales, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
“El trabajo infantil es nocivo para el desarrollo físico y mental de la niñez pues incluye tareas mentales, físicas, sociales o moralmente peligrosas y dañinas para este sector en vulnerabilidad”, indicó el Comisionado recientemente en un comunicado público.
El Observatorio Regional de Migración Infantil (OREMI) registra que el 96.2 por ciento de menores de edad migrantes no acompañados presentadas ante autoridades mexicanas en el 2017 fueron adolecentes entre 12 y 17 años. 65 por ciento del sexo masculino y 35 por ciento féminas.
Además, el informe de OREMI señala que las condiciones estructúrales que fuerzan a los jóvenes a migrar no han cambiado, sino que algunas están empeorando como la violencia homicida.
La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), cerró en 2017 con 4,438 niños, niñas y adolecentes retornados en su mayoría desde México. Pero no hay cifras de las y los migrantes que nunca llegaron y viajaban en condiciones inseguras convirtiéndose en un fenómeno la desaparición.
Niños vulnerables a la violencia sexual
Por otra parte, las niñas y adolescentes son consideradas una población altamente vunerabilizada por la violencia sexual. El Estado no asume su rol de garantizar la prevención y atención integral que atentan contra su desarrollo y constituyen un riesgo para su vida, destaca el informe de la OREMI.
Esto influye en que ante situaciones límites de falta de oportunidades, muchos adolecentes deciden migrar, huyendo de la violencia y en la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida.
En cuatro años aumentó el número de deportaciones
En el primer trimestre del 2018, 1.950 menores fueron retornados, lo que representa un 16 por ciento arriba de los que fueron retornados en el 2014, cuando hubo un mayor repunte de niñez migrante. Esto es un dato que nos hace reflexionar y sensibilizar al estado de las estrategias que se han venido implementando” anunció Wilmer Vásquez director ejecutivo de la red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (COIPRODEN).
La violencia, inseguridad, corrupción e impunidad como una política de Estado y falta de oportunidades hace que las familias tengan que migrar buscando mejores oportunidades, también protegerse de un sistema que les está violentando los derechos fundamentales, agregó Vázquez.
Concluyó, que la migración debe ser atendida desde la institucionalidad publica con políticas de estado para garantizar las condiciones de una vida digna en la sociedad, garantizar el fortalecimiento de la familia y el acompañamiento que se les debe dar a las comunidades para que se acerquen las condiciones sostenibles.
