Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Agarren a esos hijos de puta y jodanlos”. Esta fue una de las frases con que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y miembros de la Policía Nacional Preventiva
enfilaron su furia contra la ciudadanía que atendió la convocatoria de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, la tarde de este viernes.
La movilización, inició en el bulevar Centroamérica, frente a Plaza Miraflores y sin un suceso que lamentar, transcurría con tranquilidad hasta que, al llegar a las instalaciones del Hotel Marriot, a unos metros de la antigua sede del Poder Ejecutivo, una exagerada presencia policial- militar y dos tanquetas, era el indicio de una represión anunciada.
En reiteradas ocasiones, el coordinador de la Alianza de Oposición y ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, intentó mediar con quién comandaba la cacería humana; sin embargo, fue amenazado y atacado con gas lacrimógeno sin lograr su objetivo.
Igualmente, el aspirante presidencial, Salvador Nasralla, fue afectado con el gas lacrimógeno que la policía-militar lazaba contra la ciudadanía que se opone a la dictadura ilegal que pretende Juan Orlando Hernández, presidente del Ejecutivo.
Durante la crisis electoral, 30 personas fueron asesinadas en el marco de las acciones de protesta contra la declaratoria de Hernández, como presidente por la autoridad electoral. 12 de estas muertes son responsabilidad de la PMOP, de acuerdo al informe presentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
En el recorrido de la movilización, un grupo de manifestantes cargaban unas cruces de madera, con los nombres de las 30 personas asesinadas posteriores al proceso electoral, en donde están involucrados militares y policías.
Tanto el gobierno de la República, así como de los altos mandos policiales y militares, han realizado una serie de amenazas y calificativos despectivos hacia la población que se manifiesta en contra del continuismo de Hernández.
En sus perfiles de redes sociales, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA), publicó imágenes donde ofrecen recompensa para quien brinde información que dé con la capturar de quienes lideren las manifestaciones.
“Mucha mierda hablás”, así trataron los uniformados a la prensa
Diferentes medios de comunicación, dieron cobertura a la movilización de este viernes en la capital. Uno de ellos es el canal UNE TV, que desde el inicio de la misma, hizo su trasmisión En Directo.
Una vez, entre el sonar de las bombas y de bala viva, no pararon de hacerlo. Lo único que los detuvo, fue la agresión militar.
“Están disparando bala viva”, “el presidente Zelaya va a dialogar con los militares”, “Quedáte aquí Pedrito”. Estas eran alguna de las frases con las que los periodistas César Omar Silva y Rony Martínez, junto con el camarógrafo Pedro Amador, describían el ambiente de represión hacia la ciudadanía en protesta sin dejar la cobertura en el lugar de los hechos.
Sin cortar la transmisión, Silva, Martínez y Amador, con un cordón militar atrás de ellos, continuaban su labor informativa cuando en un momento se escucha de un hombre armado “mucha mierda hablás», en referencia a Silva.
Los verde-olivo sin mediar palabra comenzaron a empujar al equipo de UNE Tv para terminar golpeando a los periodistas y despojando de su equipo a Amador.
En ese momento quedó suspendida la transmisión. Según consta en el video que repitió la televisora.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en su alerta 004-2018, registró tal agresión, así como de la que fue objeto la corresponsal de la cadena Univisión, Claudia Mendoza, quien grabó con su teléfono celular el hecho en contra de los colegas Silva, Martínez y Amador. En ese momento un Policía-Militar golpeó su brazo izquierdo y el teléfono celular se dañó al caer al suelo.
C-Libre documentó 12 agresiones contra periodistas y medios de comunicación entre el 30 de noviembre al 23 de diciembre de 2017. Hechos posteriores al proceso electoral del 26 de noviembre.
Expertos internacionales ya advirtieron al Gobierno sobre violaciones a libertad de expresión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado difundido el pasado 22 de diciembre, solicitó al Estado hondureño su consentimiento para enviar una misión al país y “evaluar la situación de los derechos humanos en el contexto post electoral”.
La CIDH documentó graves hechos de violencia hasta la fecha en una serie de movilizaciones realizadas en diferentes puntos del país que van desde muertes, personas heridas y detenidas en las que estuvieron involucradas “fuerzas de seguridad especiales y el Ejército”.
- Ver Comunicado de la CIDH, aquí.
Dos días antes de esta acción de la Comisión Interamericana, un grupo de expertos sobre derechos humanos y la libertad de expresión, se mostraron alarmados por el uso excesivo de la fuerza, el número de detenciones (más de 800 según COFADEH) y los ataques y detenciones a periodistas mientras ejercían su trabajo en la cobertura de manifestaciones.
Los expertos internacionales que exteriorizaron su opinión sobre la situación en el país son: David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión; Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH).
- Ver comunicado conjunto de expertos, aquí.
Hasta la fecha, las autoridades hondureñas no se han pronunciado sobre la anuencia que solicita la CIDH, para la llegada de su misión.
Mientras que, ante el llamado del Secretario General de la Organización de Estados Americano (OEA), Luís Almagro, de enviar un representante de Derechos Humanos al país, el Gobierno que representa Hernández (autoproclamado reelecto), respondió denegando dicha petición al considerar, entre otros puntos, que la postura de Almagro (de convocar a nuevas elecciones) causaron efectos negativos en la ciudadanía y a la imagen del país.
Mientras la violencia hacia la protesta continúa, la Alianza de Oposición y sectores del movimiento social y popular, convocaron a un “Paro Nacional” desde el 20 hasta el 26 de enero, a la previa de la toma de posesión del ilegalmente reelecto presidente Hernandez.