Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “Para perseguir políticamente a las personas que han estado frente de la lucha para proteger el ambiente”, es para lo que sirve la resolución de la Corte de Apelaciones, que revocó un sobreseimiento contra cinco defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol.
Así lo definió el equipo de defensa legal que lleva el caso de los lideres criminalizados, en un comunicado difundido este domingo 16 de agosto, tras conocer el fallo de dicha instancia durante esta semana.
La Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo, otorgado en marzo de 2019, a los cinco defensores de los bienes comunes Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio y José Cedillo, quienes ahora enfrentan un auto de formal procesamiento sumando la criminalización de otros presos políticos, siete en el Centro Penitenciario de Olanchito departamento de Yoro y uno en La Ceiba, Atlántida.
Estos casos suman a Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, Jeremías Martínez (privado de libertad desde diciembre de 2018) y Antonio Martínez.
Con esta decisión judicial, los cinco defensores enfrentan un proceso penal por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad, imputados por la empresa Inversiones Los Pinares y Santos Corea, jefe de seguridad de una empresa contratada por la minera.
Para el abogado Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, la decisión de la Corte de Apelaciones reafirma la alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras.
“Este caso es emblemático para todas y todos los que luchan para garantizar sus derechos frente a los proyectos extractivos en sus territorios”, amplió Tábora.
La defensa de los ambientalistas alega denegación de justicia para los defensores encarcelados, ya que transcurrieron cinco meses entre la decisión judicial y la emisión de esta. La resolución tiene como fecha el 03 de marzo.
A inicios de agosto, el Comité Municipal alertó sobre la presencia de militares en la entrada a la comunidad de Guapinol, en horas de la noche lo que generó temor en la población.
De igual forma, el equipo de defensa legal, el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa y familiares de los defensores presos, presentó el pasado 24 de julio, una solicitud ante la Fiscalía del Ministerio Público de Tocoa, para que “desistan inmediatamente” de la medida cautelar de prisión preventiva.
Finalmente, el equipo legal informó que, en los próximos días, el caso debe ser trasladado al Juzgado de Letras y esperar la convocatoria para audiencia. Por otra parte, solicitará “la revisión de las medidas para los defensores en prisión y habrá impugnaciones al fallo”, puntualizó la defensa legal en el comunicado.
