Por: Tomas Andino Mencía
Ni habíamos salido del trauma del proceso electoral primario, cuando toca el turno a un nuevo “circo”: el pleito entre la abogada Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el General Roosevelt Hernández, comandante del Estado Mayor de las FFAA, acusándose mutuamente de ser responsables de lo ocurrido en las elecciones primarias del 9 de marzo.
En el análisis de este tema, es necesario dejar sentada de quien es la responsabilidad del problema suscitado en las elecciones primarias, y después hacer el análisis político sobre el fondo del asunto.
RESPONSABILIDAD DEL C.N.E.
Primero, es necesario distinguir entre culpable y responsable. Culpable es quien causa y perpetra un daño; mientras responsable es quien asume las consecuencias de ese daño. El culpable debe responder directamente ante los tribunales de justicia, mediante acusación por el Ministerio Publico; mientras que los responsables deben responder ante quien les confió el cuidado de ese bien, es decir, ante quien los nombró para prevenir que no ocurriera.
De la culpabilidad, aún no hay directamente señalados por el Ministerio Publico, que apenas inicia las investigaciones, y poco a poco se sabrá quienes fueron. Pero en cuanto a los responsables, hay claramente dos bandos: La oposición burguesa que responsabiliza a las Fuerzas Armadas y al gobierno, específicamente a la ministra Rixi Moncada y al concejero presidencial Manuel Zelaya; y en el otro extremo, el gobierno que hace lo mismo con las dos concejeras, presidenta y secretaria del CNE, y por supuesto, a los dos partidos tradicionales, Liberal y Nacional. En mi opinión ambos son responsables y lo argumento.
Desde un punto de vista constitucional y legal, la principal institución responsable de lo ocurrido en las primarias del 9 de marzo es el Consejo Nacional Electoral, según Titulo II capitulo V de la Constitución, y los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; incluidos todos sus concejeros, pues como equipo fueron incapaces de controlar los factores que llevaron al retraso en la entrega de las maletas electorales. Eso fue lo que juraron hacer y no lo hicieron bien. En cualquier Estado serio la cabeza de la institución es responsable de lo que hagan o deshagan sus subalternos o cuando las cosas salen mal. Eso es así por disposición de la Constitución y de la Ley Electoral. Para eso tenían el mando de las Fuerzas Armadas y 2 mil millones de Lempiras del presupuesto. Si no estuvieron a la altura de las circunstancias en uno de los momentos más delicado del proceso, es porque no cumplieron cabalmente con su función ¡Punto!
Que ahora quieran “escabullir el bulto” haciendo espectáculos mediáticos y declarar que los responsables son otros(as), sean estos funcionarios(as) públicos o la institución militar que temporalmente está bajo su mando (y que, como veremos, tiene su cuota de responsabilidad administrativa) es otro pisto; pero ante el Pueblo soberano, los tres concejeros son los responsables legales y constitucionales, y no se lo quitan ni con cloro. El Congreso Nacional si fuera serio debería interpelar a los tres concejeros para que rindan cuentas, y si sus explicaciones no satisfacen, destituirlos de sus cargos.
Lo poco de democracia electoral que existe, no debería estar en manos de inexpertos o ineptos.
Como están las cosas, pongo en duda que este CNE, y en particular con su actual presidenta, esté en capacidad de administrar el proceso electoral de noviembre de este año, porque si de esta forma tratan un proceso secundario, no me imagino cómo administrarán el proceso electoral general.
LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, según disposición del artículo 272 de la carta magna, éstas están obligadas a “la custodia, el transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso”. Este es un rol que ni siquiera depende de que se lo ordene el CNE, porque es un mandato constitucional. Para eso había una planificación detallada y los militares ya tenían L276.9 millones de Lempiras a disposición, que el Congreso les asignó específicamente para financiar sus gastos de ese día. Incluso hubo algunas señales tempranas de que las cosas no andaban bien. Desde las 12 de medianoche los custodios electorales cachurecos se retiraron de sus puestos de trabajo y regresaron hasta las 4 am; los vehículos de transporte que llegaron no fueron los pactados y no todas las maletas pudieron ser cargadas a tiempo. Con estas señales, los militares debieron estar alertas de lo que podía estar ocurriendo. Sin embargo, muchas maletas electorales fueron montadas en los busitos y salieron sin rumbo, muchas sin efectivos militares, ni custodios.
Por tanto, aquí tampoco valen las excusas de los altos jerarcas del Estado Mayor de que el CNE estaba desorganizado o de que les falto experiencia. El deber de los militares era, en primer lugar, saber en todo momento dónde estaban las maletas electorales e impedir que salieran a otro lugar que no fuera su destino; y, en el peor de los casos de que se les hubieran “perdido”, buscarlas y rescatarlas a como diera lugar, apenas se dieran cuenta de que no estaban donde debieron estar; luego, llevarlas a su destino y poner a la orden del Ministerio Público, o de la Policía, a los transportistas que cambiaron las reglas del juego y las llevaron a “pasear” a las rutas urbanas, con fines inconfesables. No cumplieron ese rol sino tardíamente, situación que casi costó el desarrollo del proceso electoral, rescatado por el Pueblo mismo que hasta se desveló votando a medianoche para no dejarse derrotar por esa maniobra.
En consecuencia, ambas instituciones tienen responsabilidad por incumplir el mandato constitucional. Si no se reconoce eso, el problema podría volver a ocurrir.
Aclarado el tema de las responsabilidades, de lo que se trataría ahora es de resolver el problema desde sus causas. ¿Se han dedicado los miembros del CNE a eso? Pues no.
DE LA PROVOCACION A LA MANIPULACION MEDIATICA
Cuando las aguas del escandaloso proceso primario parecían ir en disminución, enfocándose la atención sobre los resultados del conteo de votos, el pasado 19 de marzo la concejera Cossette López publicó un mensaje en su cuenta de la red “X” que no podía ser más provocador. Ella escribió: “el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares, por nuevas versiones donde se señala solo al CNE por lo del 9 de marzo.”
De esta forma la abogada Cossette López elevó el nivel del conflicto, que hasta esa fecha consistía en declaraciones responsabilizando a las Fuerzas Armadas únicamente del problema de la distribución de las urnas, escalando a una acusación más grave contra la cúpula militar de cometer el delito de falsificación de un documento público y de ser un instrumento de la cúpula de LIBRE. Ante esto, el pleno de la Junta de Comandantes de las FFAA emitieron un comunicado público rechazando esa acusación, exigiendo el retiro del mensaje de la concejera, al que califican de “falso e irresponsable”.
Apenas esto fue el comienzo. En ese contexto se produjo en la sesión del pleno del CNE convocada para el 21 de marzo. En esta sesión se suponía que se conocería el informe de las FFAA sobre lo ocurrido el 9 de marzo de parte de una delegación del Estado Mayor Conjunto, convocada por la misma Cossette. Al iniciar la reunión, el concejero Marlon Ochoa propuso que la sesión fuera pública y no a puertas cerradas, petición que considero era razonable en vista de que el rol jugado por las FFAA es un asunto que inquieta a la población.
Según la única grabación que ha circulado de ese momento, la delegación militar expuso en tono respetuoso su coincidencia con la propuesta del concejero Ochoa de que la sesión fuera pública y así lo solicitó al pleno. Ante la petición, la concejera López suspendió la sesión argumentando oficialmente que no era esa la metodología definida y anunció que se desarrollaría en otro momento; todo sin hacer ningún señalamiento de agresión.
Pero una vez encontrándose fuera del salón, la concejera presidenta del CNE afirmó ante la prensa que suspendió la sesión porque, tanto ella como la consejera Ana Paola Hall, se sintieron intimidadas por los militares, quienes, según su versión, llegaron armados y en actitud agresiva, incluso “gritándole”. Luego, en un “X” publicado ese día, reiteró su denuncia sobre la supuesta actitud violenta del general y de que entró al salón de sesiones por la fuerza. Sin embargo, hasta la fecha no he visto ninguna foto o video donde los militares en cuestión llegaran armados y el único audio disponible no muestra militares agresivos, ni a la misma Cossette reclamando a la delegación militar nada sobre la supuesta agresión.
Llegados a este punto, saltan algunas preguntas: Si el problema era el tema de la metodología, ¿por qué la presidenta del CNE no sometió entonces a votación la metodología, sabiendo que tenía mayoría de votos? ¿Por qué retrasar la lectura y discusión del informe de las Fuerzas Armadas? Mi primera conclusión es que la referencia a la metodología fue solo una excusa y el motivo real fue impedir que se difundiera el informe.
Luego, si ella fue realmente víctima de una agresión de parte del general Roosevelt, entonces ¿Por qué no lo reclamó formalmente al iniciar la sesión, sino que lo hizo después ante la prensa, siendo ella la persona que aún está al mando de las FFAA y teniendo el carácter que tiene? Mi segunda conclusión, por tanto, es que la presidenta tiene dos caras sobre este asunto: una cuando habla en la instancia que corresponde, el pleno del CNE, y otra ante los medios de comunicación; indicio de que se trata de una manipulación.
Por supuesto, no quiero minimizar la denuncia de maltrato psicológico hecha por la concejera López en su condición de mujer. Ninguna denuncia debe ser desestimada o minimizada, y debe dársele el trámite correspondiente; pero, en el supuesto de que la agresión denunciada públicamente fuera cierta, yo esperaría que la concejera se aboque ante la Fiscalía Especial de Violencia contra la Mujer, donde tendrá que demostrar su versión, pues de lo contrario quedará en un simple teatro político para justificar la suspensión de la reunión y no verse obligada a hacerla pública. Teniendo en cuenta los antecedentes y el contexto, y hasta que no se demuestre lo contrario, me inclino a creer que es eso: un teatro político.
¿CUAL ES LA ESTRATEGIA EN CURSO?
Pero, volviendo al fondo del asunto. ¿Qué pretende el Partido Nacional y el Partido Liberal con este curso de las cosas?
Lo primero que llama la atención es su interés en enfocar sus ataques contra la cúpula de las Fuerzas Armadas, convertida ahora en la manzana de la discordia. Existe una clara intención de la alianza Partido Nacional y Liberal en el CNE, alineada con los medios de comunicación de la oligarquía, para dirigir sus baterías contra la cúpula militar, la que se encuentra en situación vulnerable por los errores que cometió en el proceso primario anterior, como he mostrado.
Esto ha sido así desde la asunción de la administración de Donald Trump. Anteriormente, el foco de sus ataques era Luis Redondo, Manuel Zelaya y después la candidata Rixi Moncada. Desde que Trump asumió la presidencia, el blanco principal, es la cúpula actual de la institución militar, y sobre todo al general Roosevelt Hernández. Una de las voceras del trumpismo, la representante legislativa norteamericana, María Elvira Salazar, que parece haberse especializado en lanzar sombrerazos desde Estados Unidos contra el gobierno, en un X reciente se expresó criticando al General Roosevelt tratándolo de “cobarde” por su supuesta agresión en el CNE.
Por tanto, la estrategia va cobrando forma. Se trata de arrinconar a la Fuerza Armada de Honduras para neutralizarla de cara al proceso electoral de noviembre de este año, para así tener más posibilidades de desplazar del poder a LIBRE, en el plazo de los próximos ocho meses que quedan para el proceso electoral general. En este lapso de tiempo, cualquier cosa puede pasar. Desde una intentona golpista al interior de las Fuerzas Armadas, hasta la posibilidad de sanciones internacionales desde el gobierno de Trump, entre otras posibilidades. Así que atentos a los acontecimientos.
