Tegucigalpa, Francisco Morazán (ConexiHON).- Bajo los argumentos que Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (ADECABAH) «especulaba con los productos de la Canasta Básica «y que además desatendía sus obligaciones legales, el director de Protección al Consumidor, José Enrique Santos, hizo público la cancelación de la personería jurídica de ADECABAH.
Trascendió en medios informativos digitales que a consideración del Director de Protección al Consumidor, Adalid «estaba especulando con productos esenciales, y era necesario ponerlo en orden”, además aseguro que esta acción responde a instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro y del ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato.
Santos además afirmó que Irías nunca cumplió con obligaciones legales puesto que a pesar de arrastrar sanciones y una multa pendiente con la Procuraduría General de la República (PGR), «nunca cumplió, ni siquiera intentando un arreglo de pago», subrayó.
Además, lo acusó de actuar con impunidad durante años. “Pasaron varias administraciones y lo dejaban hacer lo que quisiera. Imponía miedo. Pero yo le apliqué el artículo 16 sobre cancelación de personería jurídica”, según trascendió en Noticias 24/7 https://noticias247.hn/le-tocaron-las-golondrinas-gobierno-liquida-a-adecabah-y-acusa-a-adalid-irias-de-especulacion-con-la-canasta-basica.html
En comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) Adalid Irías, comentó que ayer la única organización que realizaba sondeos de precios en los principales mercados, «recibió el más duro zarpazo a la libertad de expresión y a la libertad de información al anunciar la Dirección de Protección al Consumidor que dirige Enrique Santos, que la decisión de cancelarle la personalidad jurídica quedaba ya definitivamente establecida, firme la resolución».
Con una data de 14 años de existencia en el país, ADECABAH hoy le ponen un freno, un límite a las actividades que la organización ha venido realizando, sin embargo hasta ahora surgen este tipo de incomodidades, los gobiernos que fueron tildados de dictadura supieron también soportar la crítica que ADECABA les hacía, «pero al parecer este gobierno es intolerable, es alérgico a cualquier medida que uno tome al informar de los sondeos que estamos haciendo». sostiene Irías
Agrega Adalid que indudablemente la medida tomada es con la clara intención de reprimir porque hemos sido los auditores sociales, sobre todo en el tema de canasta básica y al parecer este gobierno se tornó intolerable, «reacio a la crítica y la mejor manera de frenar esto es buscar el burdo expediente de elevarnos un requerimiento acusándonos de que estábamos especulando con los precios de los productos de la canasta básica». Al momento comenta este hondureño, ADECABAH es la única organización que registra los datos más confiables, «somos los que salimos a los mercados, corroboramos con los locatarios, corroboramos con las personas que llegan con productos a los mercados y en definitiva consultamos con los consumidores que si son los que nos dan la certeza más real de cómo está la tendencia de precios», acotó.
Cabe señalar que el C-Libre, tiene en sus datos de agresiones a la Libertad de Expresión varios de los momentos en que ADECABAH fue victima de acciones de intimidación y censura por parte del los últimos dos gobiernos en Honduras. La más reciente el pasado 4 de junio 2025, cuando extraoficialmente se dio cuenta de las intenciones de cancelarle la personería jurídica y que en la semana iba presentar los argumentos del caso para detener tal acción legal, sin embargo los esfuerzos fueron en vano https://clibrehonduras.com/2025/06/04/gobierno-cancela-organizacion-de-proteccion-al-consumidores/
Es importante que las autoridades de gobierno recuerden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la libertad de expresión incluye el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, así como la protección especial a quienes ejercen el periodismo, dado su rol esencial en la vigilancia y fiscalización del poder público. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece que toda forma de intimidación, amenaza o estigmatización contra periodistas constituye una violación grave a este derecho y obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar tales actos.
Recordamos a las autoridades hondureñas que, conforme a los estándares internacionales, toda respuesta estatal ante publicaciones periodísticas debe limitarse a la entrega de información veraz, transparente y basada en el diálogo democrático, evitando cualquier acto que pueda interpretarse como intimidación o represalia.
