Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- De los 45 candidatos que fueron propuestos por la Junta Nominadora, 25 están limpios de señalamientos, reportes o, en el peor de los casos, de tachas que fueron adecuadamente despejadas, un número suficiente para integrar una Corte Suprema de Justicia alejada de grupos de privilegio, criminalidad organizada y el clientelismo partidario, sin embargo pese a las posibilidades, a 23 días de entregado el listado al Congreso Nacional el pronóstico es reservado.
En el otro extremo, por el apoyo recibido de sectores conservadores de la Junta Nominadora, lograron pasar los filtros de depuración, alrededor de 20 candidatos con antecedentes o fuertes sospechas de relacionarse con personas corruptas o redes de corrupción; con antecedentes de vínculos con el narcotráfico y cuestionados por prácticas antiéticas o malas prácticas profesionales, según señalamientos públicos recogidos por Conexihon.
En la integración que acaban de anunciar los tres partidos mayoritarios, acordada en su reciente reunión de jefes de bancada, observamos que, pese a que pudieron haber echado mano de lo mejor de esa lista, hicieron una mezcla de personajes que podrían ser calificados de muy buenos (7), otros aceptables aunque sobre los cuales habría que tener constante vigilancia (3) y otros (5) bajo reserva.
Candidatos esperanzadores
La lista incluye a quienes parecen no tienen cuestionamientos de ningún tipo, es decir que tienen una hoja de vida limpia, prácticas profesionales destacadas en los cargos que han ocupado y sobresalientes en su compromiso con sus pueblos de origen y con el país. Entre estos están:
Mario Rolando Diaz Flores
Coordinador de Tribunales de sentencia, de destacada hoja de vida profesional y sólida formación judicial. Mario Diaz tiene además una larga trayectoria anterior como líder social magisterial.
Roy Pineda Castro
Funge como Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, desde donde se han ventilado muchas denuncias técnicas derivadas al Ministerio Publico, que más por inoperancia de este ente no han fructificado.
Odalis Aleyda Nájera Medina
Funcionaria de la Corte como subinspectora de tribunales, fue miembro del Consejo Nacional de Prevención contra la Tortura, desde donde defendió los derechos de los privados y privadas de libertad con un destacado compromiso social.
Rubenia Esperanza Galeano Barralaga
Jueza de La Ceiba que ha tenido una excelente trayectoria profesional, inclusive combatiendo el narcotráfico en el Litoral Atlántico, valiéndole acusaciones infundadas de uno de estos presuntos criminales.
Francisca Villela Zavala
Funcionaria judicial de la Corte Suprema, aunque de bajo perfil público, es una profesional de experiencia en diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, mostrando mucho conocimiento sobre la problemática del sistema judicial.
Walter Raúl Miranda Sabio
De ser electo, el abogado Miranda Sabio sería el primer representante en la historia de la etnia garífuna en la Corte Suprema de Justicia. Es de filiación nacionalista, sin malos antecedentes, pero parece pesar mucho en su nominación el interés por llevar una verdadera justicia al pueblo garífuna, del que se siente más representante sobre su filiación política.
Sonia Marlina Dubon
Profesional con alto nivel de compromiso social, dedicada a trabajar en materia de derechos humanos a lo largo de su carrera, tanto con ONG como en el CONADEH. También incursiono en cargos públicos en juzgados, destacando su trabajo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2002-2009 cuando fue clave en la declaratoria de inconstitucionalidad de artículos lesivos de la entonces Ley General de Minería. Su relación matrimonial con el hoy asesor Enrique Flores Lanza ha sido cuestionada, pero durante los 3 años que fue magistrada y coincidió con que su esposo fue ministro de la Presidencia durante el periodo de Manuel Zelaya, no dio muestras de parcialismo alguno para favorecer injustificadamente actos indebidos de ese gobierno.
Pronóstico reservado
En la lista de los y las aceptables, encontramos a candidatos que tienen hojas de vida limpias de relaciones con sectores oscuros de la criminalidad organizada o redes de corrupción, en su mayoría técnicos con sólida formación profesional, pero preocupa que en su desempeño publico han demostrado ser profesionales de alta confianza de las cupulas de los partidos políticos, en algunos casos con el régimen dictatorial anterior, que podría reñir con la independencia que debe tener los y las magistradas de los partidos políticos. Este es el caso de los siguientes candidatos y candidatas:
Gaudy Alejandra Bustillo Martínez
Militante activa del Partido Nacional ocuparon puestos de suma confianza en el gobierno nacionalista anterior. Gaudy Bustillo fue coordinadora del Movimiento MONARCA, comisionada del IAIP en 2017 y representante del Partido Nacional ante el Tribunal de Justicia Electoral en 2019 hasta la fecha.
Isbela Bustillo Hernández.
La abogada Isbela Bustillo Hernández, también reconocida activista del Partido Nacional, ocupo un puesto de confianza como Subdirectora Administrativa de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, donde fue objeto de observaciones relativamente leves de parte del Tribunal Superior de Cuentas por falta de transparencia en algunas transacciones bajo su responsabilidad.
Rebecca Lizeth Raquel Obando
Destacada profesional sin antecedentes graves en sí misma, solo despierta inquietud la relaciones profesionales con la empresa Jericó Mining Company, propiedad de Alberto Muccioli Ordoñez, quien desde 2018 cuenta con medidas de aseguramiento y orden de captura por la ATIC por presuntamente estar vinculado a la estructura de narcotráfico y lavado de activos del fallecido señor Wilkin Montalván Mejía.
Las preocupaciones entre sociedad civil
Como siempre, fiel a su tradición de partidos vinculados a los intereses más oscuros del país, la mayoría de los personajes más cuestionados colados en la lista de los 45, fueron propuestos por los partidos Nacional y Liberal, quienes echan mano de los menos recomendables.
El Partido Nacional, lleva en su lista al menos a dos personajes preocupantes para el país:
Anny Belinda Ochoa Medrano
Actualmente es Inspectora de tribunales de la Corte Suprema de Justicia, directamente cuestionada por la Red COIPRODEN por su participación en, al menos, una adopción irregular y objeto de múltiples denuncias ante la Supervisión General del PJ, una de las cuales no ha desvanecido sobre el uso indebido de vehículos de la institución. Pero su peor antecedente es ser parte de una mafia de funcionarios que dentro del Poder Judicial sirven para el encubrimiento de los casos de malas prácticas de jueces y magistrados de apelaciones para favorecer a grupos nefastos de criminalidad organizada o no, con lo cual tendrá un punto de apoyo la continuidad de esas prácticas nefastas. Sin duda, de ser confirmada esta señora será una fuerte cara del sector corrupto que preside el actual presidente de la CSJ Rolando Argueta.
Luis Fernando Padilla Castellanos
Poco conocido, ha sido defensor privado de políticos involucrados en actos de corrupción. Según el CNA, es Abogado de Antúnez y Asociados que defendió a JOH de su extradición; también fue defensor del caso “Fe de Erratas” (2017) investigado por la UFECIC y MACCIH; y defensor de casos de lavado de activos ante Tribunales de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal. De ser confirmado, será un aliado de esos sectores oscuros en la Corte.
Wagner Vallecillo Paredes
El Partido Liberal, por su parte, incluyo a un personaje con antecedentes nefastos del mismo tipo como es el abogado Vallecillo. También de bajo perfil mediático, el abogado Vallecillo ha sido cuestionado por el CNA e investigado desde 2021 por la ATIC por vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Fue relacionado con Geovani Fuentes en los juicios de NY. Junto con el ya citado Luis Fernando Padilla, parecen ser los enlaces dentro de la Corte Suprema con estructuras del narcotráfico, de ser confirmados por el Congreso Nacional.
Daniel Antonio Sibrian
Es un funcionario de militancia liberal, actual Fiscal General Adjunto en el Ministerio Publico, fruto de un acuerdo int4rpartidario entre el Partido Liberal y el Nacional, donde ha actuado como brazo derecho del cuestionado Fiscal General, Oscar Chinchilla, mostrando incapacidad para combatir la corrupción y delitos graves cometidos por múltiples funcionarios públicos.
Milton Danilo Jiménez
Abogado muy bien vinculado con la cúpula del Partido LIBRE y del Partido Liberal, que ha tenido varios cargos de confianza en el engranaje estatal, como ser Director del Consejo Nacional de Banca y Seguro, y Secretario de Relaciones Exteriores, donde dejó una estela de actos irregulares denunciados por dos informes del Tribunal Superior de Cuentas y análisis de operaciones sospechosas de parte de la misma CNBS para la que sirvió.
