Por: Roxana Vásquez
Tegucigalpa, Honduras. (conexión.hn)- En una acción de protesta para exigir que diez (10) funcionarios públicos sobreseídos en el caso “Fraude sobre el Gualcarque” sean reincorporados en el proceso, miembros de las comunidades Lencas organizadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llegaron hasta el Tribunal en Materia de Extorción de Tegucigalpa, este 2 de noviembre del presente año.
La acción fue realizada en el marco de la audiencia programada para este día en relación con el juicio por este mismo caso, que se les sigue a seis (6) exfuncionarios y funcionarios públicos; Roberto David Castillo, Roberto Martínez Lozano, Raúl Pineda, Carolina Espinosa Castillo Argueta y Luis Espinosa Mejía.
El pasado 14 de diciembre de 2020, Mauricio Fermín Reconco Flores, Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Julio Adalberto Perdomo Laínez, Catarino Alberto Cantor López, Oscar Javier Velásquez Rivera, Ana Lourdes Martínez Cruz, Saida Odilia Pinel y Roberto Darío Cardona, fueron sobreseídos del proceso, lo que el COPINH condenó, ya que en ese momento ellos no estaban reconocidos como víctimas en el caso.
En ese sentido Laura Zúniga, expresó a conexihon.hn; “vemos cómo hay una alianza ahí para proteger a estos funcionarios que aprovechando que el COPINH no estaba, que el pueblo Lenca no estaba representado, salieron de este proceso”
“Exigimos que se respete el rol de víctima que tiene el pueblo Lenca y que se reincorporen diez, (10) funcionarios que fueron sobreseídos, quitando la posibilidad de que se puedan estar dentro de este proceso judicial y que se demuestre la participación en el fraude, esto lo hicieron en el momento que se excluyó al COPINH como víctima” señaló Zuniga
Antecedentes
En marzo del año 2019 la UFECIC en acompañamiento de la MACCIH presentó requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos por el caso de denominado “Fraude Sobre el Gualcarque”. Este proceso se sigue por delitos como fraude, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y negociaciones incompatibles con el ejercicio de cargos públicos; todos estos delitos derivados de la concesión sobre el Río Gualcarque a favor de desaparecida empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en el noroccidente de Honduras, a dicho proceso se le denomina “Fraude Sobre el Gualcarque”.
La investigación que llevó a obtener información probatoria en este proceso, surgió de las constantes denuncias realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sobre las violaciones a derechos humanos que cometió DESA en las comunidades Lencas que se opusieron al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca, conocido a nivel nacional e internacional, luego de la noche del 2 de marzo cuando la lideresa Berta Cáceres fue asesinada, y, posteriormente se conociera que fue provocado por su constante lucha en contra de dicho proyecto. https://copinh.org/2021/08/juicio-fraude-sobre-el-gualcarque-dia-1/
Además recoge varios hallazgos sobre irregularidades en la concesión, uno de ellos es que quienes inscribieron la empresa DESA, en el año 2009, como sociedad mercantil son los hermanos Geovanny y Roberto Abate Ponce que en ese momento eran empleados de la empresa DIGICOM cuyo propietario era el señor Roberto David Castillo Mejía, quien se desempeñaba como funcionario en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que actualmente fue condenado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres y que asumía el cargo de gerente general de DESA al momento del crimen. Al ser funcionario de dicha empresa era parte de la estructura que autoriza y aprueba los contratos a DESA, sumado a esto y según las investigaciones de la UFECIC, el estudio de factibilidad presentado para darle viabilidad fue el mismo que se realizó en un proyecto similar en el año 2003, a todas luces el inicio de este proceso está plagado de vicios e irregularidades.
Luego de la obtención de la concesión, se viene una parte fundamental para la implementación del proyecto, la consulta a las comunidades, ahí aparece el señor Raúl Pineda Pineda, que fungía como alcalde municipal de San Francisco de Ojuera y presenta un documento falso en el que hacía constar que el proyecto fue socializado con patronatos, fuerzas vivas, y vecinos de la comunidad y estos daban total apoyo al mismo, en consecuencia, Martiniano Domínguez, alcalde de Intibucá otorga un mes después el permiso de construcción de “Agua Zarca”. https://bit.ly/3BFHh2G
El caso del fraude sobre el rio Gualcarque, luego de una larga lucha legal, el pasado 28 de agosto se presentó la resolución en la que se reconoce al COPINH como víctima en el proceso.
