sábado, febrero 17, 2024
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UFERCO intenta por segunda ocasión hacer justicia en caso Red de Diputados

Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON); Cinco exdiputados del Congreso Nacional son requeridos por un tribunal, para dar cuentas sobre los fondos gestionados a favor de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras, más conocida por sus siglas (AJOPADIH) a través de fondos departamentales por un monto de 42 500 000 de lempiras.

La auditoria del TSC número 005-2022-DAFD-GAE-AJOPADIH B, finalizada en enero de 2023 confirma la denuncia realizada en 2022 por OSC, que evidenciaron la falta de documentos, registro fotográfico e instalaciones físicas de AJOPADIH y según dos solicitudes de fondos diferentes ubican áreas de trabajo de la ONG tanto en la zona sur como en el occidente, específicamente en el departamento de Lempira, en donde según registro documental habrían ejecutado el proyecto: Fortalecimiento de las Comunidades por Medio de las Capacidades para Formar Conciencia en Nuestros Ciudadanos Acerca del Crecimiento Intelectual Espiritual de la Formación de Valores en los Municipios de Gracias, La Virtud y Mapula por un monto total de quinientos mil lempiras, mientras que en al zona sur tenía como zona de incidencia los municipios de Marcovia, Morolica, Apacilagua, Namasigüe, San Isidro, San José y El Corpus, sin embargo al momento de pedir referencias a las autoridades municipales en el sur, desconocían la existencia de la organización pese a que su objetivo principal era el trabajo en conjunto con funcionarios municipales  para fumigar y realizar acciones contra la propagación del dengue.

Tanto los ediles de Marcovia como del Corpus emitieron notificación oficial dirigida los Auditores del TSC para informar de la inexistencia de AJOPADIH.

Notas oficiales emitidas por los ediles de El Corpus y Marcovia confirmando que AJOPADIH no existe en la zona, pese a que en la solicitud de fondos ante el C.N presentó documentación de supuestos trabajos en la zona.

Según investigación de La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), se registraron 82 transacciones, siendo un colaborar necesario el que se adjudicó 28 millones de lempiras y distribuyó otros 26 millones de lempiras en pagos a terceros entre ellos los mismos diputados que solicitaron los fondos para la organización ante el Congreso Nacional.

Sin embargo, en la respuesta de José Rogelio Sánchez, expresidente de AJOPADIH y actual empleado del INFOP, al oficio DMRR/0187-2022-TSC en la que los auditores solicitaron información financiera de la ejecución de los fondos, registro fotográfico y ubicación física, la respuesta de Sánchez se limitó a excusarse asegurando que el plazo legal para que una ONG tenga documentación son 10 años, pese a eso el auditor concluyó que esto es una clara violación al Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos y La Ley de Fomento de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en su artículo 21 estable como responsabilidad de las ONGS en llevar registros contables actualizados y la presentación de informes tanto financieros como narrativos ante  la Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población, ninguna acción fue realizada por AJOPADIH.

Atacar el problema de raíz

en la lista son siete las personas señaladas, sin embargo, hasta ahora solo han sido capturadas la exsecretaria del Congreso Nacional Sara Medina y Carlos Guevara también exparlamentario ambos miembros del Partido Nacional.

Para catedrático Lester Ramírez, más requerimientos en un momento políticamente complicado no es una forma de mostrar combate a la corrupción, la verdadera evidencia irrefutable sería eliminar de raíz el problema eliminando el Fondo Departamental y dejar el manejo discrecional como se hace en la actualidad.

Lester Ramírez analista político y catedrático: “ Los requerimientos en un momento nebuloso sobre la legalidad de los fiscales pueden ser muy loables pero no son prueba contundente de lucha contra la corrupción, la prueba irrefutable sería eliminar el fondo departamental que actualmente se maneja a discrecionalidad”

AJOPADIH forma parte de una red de nueve organizaciones utilizadas por diputados para drenar fondos del estado, según investigación fiscales de UFERCO, quienes han recibido evidencia y testimonios desde hace más de tres años sobre la forma que operaba esta red y su mutación constante en actividades para desarrollo social a conveniencia de los implicados.

Tanto el Consejo Nacional Anticorrupción como otras OSC denunciaron en reiteradas ocasiones a los parlamentarios, en especial la participación del ex diputado Mauricio oliva por ser el principal gestor de los fondos departamentales para estas ONGS fachada.

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