Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON).- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmó que salió del país por recomendación de un grupo de expertos, luego de un análisis de riesgo que sugirió aumentar las medidas de protección para ella y su familia.
Castellanos quien, desde su cargo, denunció actos de corrupción como la compra fraudulenta de los Hospitales Móviles, la construcción de proyectos de vivienda en Complejo Energético del Valle de Aguán y más recientemente el nombramiento de la Junta Directiva del Congreso Nacional y el nepotismo en la contratación de actuales funcionarios, aseguró que las últimas tres semanas fue objeto de persecución y difamación, aunque espera regresar al país lo antes posible.
Mejía: “Gabriela es una víctima V.I.P.”
Para el abogado Joaquín Mejía es lamentable los cuestionamientos contra la veracidad del riegos que corre Castellanos en el país, al contrario exhortó a los hondureños para exigir que se investigue con total transparencia de donde proceden las amenazas contra una figura pública como Castellanos, asegurando que es una víctima V.I.P. con posibilidad de salir del país, contar con el respaldo de la cooperación internacional y mediatizar su caso, beneficios con los que no cuentan los defensores del ambiente especialmente en zonas críticas como el Bajo Aguán.
Mejía: “La persecución contra DDHH en Honduras no es nuevo, desde sociedad civil ya estamos acostumbrados yo mismo tuve que salir del país por amenazas, el beneficio de Castellanos es la capacidad mediática de su imagen que evidencia lo que sucede la intolerancia tanto de sectores públicos y privados contra la crítica, le recuerdo al Estado que tiene dos obligaciones una la de prevenir y otra la de investigar quienes pretenden silenciar a la directora del CNA”.
De hecho, la misma directora del CNA conociendo sus derechos y el debido proceso, confirmó a los medios de comunicación que ni el Ministerio Público ni la Secretaria de Derechos Humanos se han comunicado con ella para tomar el testimonio, lo único oficial se ha manifestado en varios mensajes en redes sociales que van desde burlas hasta teorías que implican a funcionarios del gobierno anterior como autores de las amenazas.
Hasta la fecha según el informe anual sobre derechos humanos realizado por Human Rights Watch advierte que el 90% de los asesinatos contra defensores de derechos humanos en Honduras permanecen en la impunidad, además el Comité por la Libre Expresión contabiliza dos salidas del país por amenazas la primera es una periodista judicializada y la segunda la de la abogada Castellanos..
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