Por: Víctor Ramos
El día jueves, 25 de junio, en plena pandemia, entra en vigencia el nuevo Código Penal. Este nuevo instrumento legislativo, una vez que fue del conocimiento de la ciudadanía hondureña, despertó una ola de oposición y rechazo, sentimiento que se hizo evidente a través de múltiples medios, sobre todos en los canales sociales masivos.
El Código fue aprobado por los diputados que constituyen la mayoría en el Congreso: la bancada nacionalista y los demás diputados que se han sumado a los nacionalistas para asegurar los votos necesarios para aprobar cualquier esperpento, sin importar si tales leyes dañan a los grandes intereses del pueblo hondureño.
Mediante la utilización de éste mecanismo intolerante, el régimen usurpador, surgido mediante flagrantes violaciones a la Constitución Política de la República y el fraude electoral, con el respaldo de la corrupta OEA y del gobierno de Los Estados Unidos de América, ha aprobado innumerables leyes que contravienen los deseos del pueblo por asegurar un auténtico proceso democrático y otras que son una luz verde para la corrupción mediante la apropiación indebida de los dineros del pueblo y, para finalizar, el dar preponderancia al poder militar como instrumento de represión para acallar las protestas y las voces que se levantan para protestar por los atropellos que se cometen a diario en contra de los hondureños.
De esta suerte, el régimen sustituyó ilegalmente a los Magistrados de la Corte Constitucional, ha nombrado al Fiscal General de la República contraviniendo la ley, ha escogido una nueva Corte Suprema de Justicia mediante el soborno a diputados que prefirieron extender la mano para recibir la paga que ser fieles a la Constitución y la República, como lo juraron cuando se posesionaron de sus curules.
Como resultado de este dominio total del gobierno, en manos del presidente, (el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Policía), se han cometido innumerables arbitrariedades que hacen que la vida de la mayoría de los hondureños sea cada vez más precaria. Las arbitrariedades, resumidas van, desde la violación de la Constitución, el apropiamiento ilegal e inmoral de los bienes del Estado, el involucramiento de altos funcionarios en la delincuencia y en el tráfico de drogas, la utilización de los militares para atropellar y reprimir a la ciudadanía y su uso para asignarle tareas que no les corresponden; y, por último, el manejo irracional de la pandemia que nos ha encontrado con un sistema de salud totalmente desmantelado y corrupto y con un equipo llamado a enfrentar el problema sanitario que se ha ocupado de apoderarse, de manera desvergonzada, de los dineros destinados para enfrentar al Covid 19, sin que los organismos a los que el Estado les da potestad para actuar, den señales de proceder en contra de los corruptos que llenan sus bolsillos con dineros que ahora sabemos, al no ser destinados a los objetivos para que fueron aprobados, han provocado la tragedia de muchos contagiados y muertos sin el apoyo sanitario y médico que merecían. Así vimos a parientes de los funcionarios ofreciendo a la venta lotes de 10000 mascarillas, mientras en los Hospitales se carecía de ellas. ¿Cómo las adquirieron en momentos en que escaseaban? Pues, realmente en lo que piensa el ciudadano común es que son las mascarillas adquiridas por el Estado que pasaron, de manera irregular, a manos deshonestas para su comercialización. Y ¿qué decir del escándalo de la compra de los hospitales móviles? Y ¿de la compra masiva de los fármacos de la terapia MAIZ, cuando demostrado está que no sirven para los fines de combatir el coronavirus?
Algunos compatriotas han propuesto, frente a la ausencia del Fiscal General para enfrentar estos actos de corrupción, interponer un Recurso de amparo para saber, realmente, que es lo que ha pasado con este funcionario que ha hecho mutis frente al jolgorio de la robancina que hacen algunos funcionarios.
Pues bien, es en estas circunstancias –de atropello a la Constitución, de fraude electoral, de corrupción desmedida, de tráfico de drogas, de sicariato y de masacres, de militares represores y metidos a tareas que no les competen y de atraco a los hondureños al tomar corruptamente los dineros destinados a enfrentar el Covid- repito, es en estas circunstancias es que entra en vigencia el nuevo Código penal destinado a minimizar las penas para estos delitos de lesa patria y castigar con exageración y violentando el derecho a la protesta y a la insurrección que otorga la Constitución con penas excesivas.
¿Será que los antipatriotas, corruptos, violadores de la Constitución, narcotraficantes, se saldrán con la suya? El pueblo, en uso de su derecho, tendrá que decidir.24 de junio de 2020.
