Se estima que en el año 2017 al menos 2 mil mujeres y niñas denunciaron violencia sexual ante el Ministerio Público, esta cifra es alarmante aunque no todas las víctimas denuncian por miedo, otras porque no saben cómo hacerlo, consecuencia de que no existe una educación integral sobre la sexualidad y una justicia eficaz. En los últimos años Honduras registra un aumento promedio de al menos 80 violaciones sexuales al año.
La Secretaria de Seguridad señala que entre 2015 y 2017 más de la mitad de los sobrevivientes de violencia sexual eran menores de 25 años al momento de interponer la denuncia y la mayoría de delitos se cometieron contra adolescentes de entre 13 a 17 años.
Para entender la escalada de violencia también es importante señalar que se da en un contexto donde recientemente se han registrado grandes retrocesos en contra de los derechos de la mujer por medio de políticas públicas como el decreto No.2744 que prohíbe desde hace una década el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), siendo este el único país de Latinoamérica que las prohíbe.
También podemos observar una penalización total del aborto en cualquier circunstancia, y la oposición estatal a que exista educación sexual integral en el sistema de educación nacional. El gobierno promueve programas de abstinencia sexual cómo formas de reducir los índices de embarazos adolescentes, con pésimos resultados.
La injerencia de la iglesia conservadora por medio de la dominación mediática que causa desinformación y condena la educación sexual en los centros educativos, porque consideran que sería “incentivar a las y los jóvenes al pecado” estigmatiza la importancia de educar, y convierte a la y juventud en una población vulnerable.
Las críticas internacionales contra estas políticas que limitan los derechos sexuales y reproductivos ponen en manifiesto las consecuencias de un gobierno que no tiene interés en educar a la población, mejorar el sistema de salud y fortalecer el sistema de justicia para garantizar los derechos humanos.
Es importante que el Estado de Honduras promueva la educación sexual para que la población conozca sobre sus derechos e identifiquen la violencia sexual, pero al contrario, se ha encargado de limitar el acceso a estas temáticas y mantiene oculta la información que debería ser pública.
La sociedad debería saber cuáles son sus derechos para evitar no solo los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, sino para que actúen en contra de las agresiones sexuales y denuncien estas prácticas que son frecuentes en el país y quedan en la impunidad.
