Por: Javier Suazo
“Chile no es un país pobre, ha tenido crecimiento. Es necesario un proceso legislativo donde los partidos deben ponerse de acuerdo y ver qué pasa. Es una decisión sobre el modelo económico, que tiene que involucrar a la sociedad civil y a la oposición. Hay que reforzar los sistemas sociales y de educación”. Detlef Nolte, Miembro del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP) / dw.com/es/ Actualidad Política.
Para el expresidente de la República de Chile, Ricardo Lagos, todos son responsables por la situación de crisis y estallido social que enfrenta el país, donde la población demanda la vigencia de un nuevo sistema económico y una nueva Constitución de la República. No solo se trata que el actual presidente Sebastián Piñera despida a todos sus ministros, retroceda en los ajustes de las tarifas del transporte y, al final, pida perdón y tome la decisión de renunciar, sino de construir una vía alternativa al inmovilismo teórico y político neoliberal que ha venido imponiéndose desde hace más de 40 años. Se aduce por el propio gobierno, que ello no es necesario, y lo único que se necesita es un compromiso de los actores, principalmente de los partidos políticos, para superar la situación actual y retomar el rumbo que ha llevado al país a ocupar el más alto peldaño de desarrollo en términos de crecimiento de PIB, baja inflación, desempleo y aumento sostenido de la renta per cápita. Y aquí es donde se encuentra el problema.
En un extremo, una minoría concentra el 33% del ingreso nacional, y en el otro, una mayoría mira que sus ingresos se evaporan cada día, siendo una de las soluciones inmediatas el endeudamiento obligatorio. Mientras esto ocurre, el FMI mira los toros desde la barrera. En todos estos 40 años se ha llenado de elogios para Chile, primero para el General Pinochet y su equipo económico, y después para los gobiernos de la Concertación Democrática.
Las políticas económicas y sociales aplicadas en Chile, constituyen la principal referencia para su réplica en el resto de los países. Ello incluye, entre otros temas, la flexibilidad y liberalización del mercado cambiario y el “exitoso” régimen de metas de inflación, la liberalización del mercado de capitales, reforma tributaria, privatización de las empresas públicas, privatización de la salud y educación pública, ajuste automático del costo de los servicios, flexibilidad laboral, fondos de pensiones y protección social privados, fondos de inversión social focalizados en los pobres, privatización de las fuentes de agua, recursos naturales y biodiversidad; incentivos al capital extranjero; otros.
Estas políticas económicas, sociales y productivas, han sido adoptadas por los gobiernos sin distinción, por lo que existe una especie de pacto político para que el gobierno que asuma el poder las aplique y de continuidad con ciertas variantes. Los partidos políticos (coalición de partidos) que han alcanzado el poder, han asumido como válido el argumento de que el libre mercado y la democracia van de la mano.
No hay espacio para programas como la reforma agraria o forestal incluyente, salarios mínimos ajustados anualmente no solo en función de la tasa de crecimiento de la inflación, sino también sumado la tasa de crecimiento del PIB y la productividad del trabajo; regulación y cumplimiento de la jornada semanal de trabajo, libre organización gremial y derecho a la participación social; piso universal de atención en salud, educación gratuita, etc.
La vigencia de este modelo y sus bondades, se ha venido vendiendo como la única solución a los problemas que Chile, su economía y gente enfrentan. Todos deben contribuir para que sus objetivos y propósitos se cumplan, incluyendo los trabajadores, iglesias, medios de comunicaciones, universidades, agencias de cooperación y ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Uno de estos objetivos es la estabilización económica, medida principalmente en el control del déficit fiscal e inflación, sin importar los medios para lograrlo.
Otro es garantizar un ritmo de crecimiento del PIB sostenible (3% para 2019 según el FMI), sustentado en una participación de la inversión extranjera, sumado a una tasa de desempleo moderada, estabilidad cambiaria y déficit externo manejable. Pero hay otros objetivos no muy visibles, como el achicamiento del Estado y control de los recursos públicos por empresas privadas, la prestación de servicios públicos donde priva el criterio de costo eficiencia o costo efectividad, más que el de acceso y cobertura efectiva de los mismos. Se ha tratado de desdibujar las protestas en Chile, desligándolas de lo que por años se ha venido construyendo: una sociedad excluyente y desigual.
Incluso se habla que los daños al Metro fueron acciones planificadas por otros que no son los jóvenes, sino grupos de la izquierda radical con vínculos con el presidente Maduro de Venezuela. Igual se plantea como solución el otorgamiento de cupones para los jóvenes que utilizan el Metro, como un medio de compensar la pérdida de ingresos que causa el ajuste de la tarifa, en tanto la teoría microeconómica “vulgar” enseña que a aumentar los costos de bien o servicios (no importante el tipo de bien o servicio), esté debe ser trasladado al precio sin importar la situación del usuario.
“El mandatario chileno anunció diferentes medidas para responder algunas de las demandas por parte de la ciudadanía. El incremento de 50 mil pesos al sueldo mínimo, un nuevo impuesto de un 40% a los que ganen más de 8 millones de pesos (9.920€) y eliminar el alza de un 9,2% a la tarifa de la energía eléctrica, son algunas de propuestas de Piñera para el 2020, las cuales fueron estimadas en US$1.200 millones”. (Actualidad Política: 2019). Aunque Chile tiene la capacidad financiera para enfrentar esta demanda, lo cierto es que se considera un paliativo a la crisis y actores privados y sociales lo miran desde ya como una solución demagógica de Piñera.
En este marco, es poco probable que el FMI cambie el espejo de la economía y sociedad chilena como referente para las economías del resto de los países latinoamericanos; es más, países como Ecuador y Honduras como ejemplo, siguen a pie juntillas estas políticas ya que se cree que son la única y mejor solución a los problemas que se enfrentan, caso contrario, sino se aplican, no tendrán acceso a recursos frescos y la inversión extranjera disminuirá, empeorando la calificación de riesgo país. Chile tiene el suficiente recurso humano calificado, conocimiento, memoria histórica y la organización social y política para construir y defender un nuevo espejo que no sea el promovido por el FMI. Incluso es el país sede de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que teóricamente genera pensamiento alternativo al dogma neoliberal. Manos a la obra.
