Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Otra sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sigue sin cumplirse en su totalidad, y permanece en la espera impune de las autoridades hondureñas. Tal es el caso relativo al caso por la detención ilegal y asesinato de Juan Humberto Sánchez en 1992.
Es por ello que, la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH, evidenció este jueves que el Estado ha fallado en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales del crimen contra Sánchez.
De igual forma no existe un proceso contra “los altos mandos responsables por la detención, tortura y ejecución extrajudicial perpetradas, por lo que el caso se mantiene en total impunidad”.
Las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento a las sentencias de la Corte IDH son: Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Caritas Diócesis de San Pedro Sula, Casa Alianza, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido de Honduras (COFADEH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Pastoral Penitenciaria y Diócesis de San Pedro Sula.
El 7 de junio de 2003, la Corte-IDH emitió su sentencia en el caso y declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos derivadas de la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez, por parte de agentes militares.
Sánchez a quien se le llamó “el mártir del Río Negro”, fue detenido el 10 de julio de 1992 en Colomoncagua, Intibucá, liberado un día después (11 de julio), acusado de estar ligado al frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Por la noche del 11 de julio, agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, ingresaron a su casa, lo amarraron y lo trasladaron hacia un rumbo desconocido.
Once días después, el 22 de julio, su cadáver fue encontrado en una poza del río Negro, fronterizo entre Honduras y El Salvador.
Dentro de la resolución de la Corte IDH, esta ordena al Estado hondureño “implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones”.
Luego de transcurrir 27 años de su asesinato, la Mesa de Seguimiento llamó al Estado de Honduras para que cumpla “con sus obligaciones internacionales y con el cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte IDH”.
Cabe señalar que, en el año 2017, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), coordinada por Soraya Morales, ordenó la exhumación del cuerpo de Sánchez, contrariando la decisión de la familia y del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que acompaña el caso, y la propia sentencia de la Corte IDH, que no contempla dicha acción.
El COFADEH, catalogó esa acción como un “acto deshumanizante y una herida que se abre en la familia indígena-lenca”, de acuerdo con una publicación en el periódico www.defensoresenlinea.com
En la actualidad, la coalición de organizaciones requirió al Estado hondureño para abstenerse de practicar “detenciones arbitrarias e irregulares contra la población”, en el marco de las manifestaciones en defensa de la salud y la educación.
“Exigimos al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, para que finalmente, dé respuesta al clamor de justicia que por años ha mantenido la familia de Juan Humberto y prevenga la repetición de hechos tan graves como los ocurridos en este caso”, puntualizó la Mesa de seguimiento al cumplimiento de Sentencias del tribunal interamericano.
Si bien se han cumplido las clausulas pecuniarias, no hay respuesta en la investigación y aplicación de justicia para los responsables del crimen de lesa humanidad.
