Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El irrespeto a la voluntad del pueblo al decidir la no instalación de un proyecto sobre el río Guapinol, ha generado procesos de criminalización, campañas de desprestigio y una ciudad bajo la sombra de la bota militar.
En una conferencia de prensa el jueves 07 de febrero, el Comité Municipal en defensa de los Bienes Comunes y Públicos, denunció ante el Ministerio Publico (MP), una campaña de desprestigio contra las lideresas Esly Banegas, Juana Esquivel, Adilia Castillo e Isela Juárez, así como a otros líderes de la zona.
Por medio de publicaciones en páginas de la red social Facebook, se responsabiliza a liderazgos en defensa de los bienes comunes y el territorio en el departamento de Colón, por el asesinato de dos personas el pasado cinco de febrero.
Lo anterior se origina desde que varias comunidades en el municipio de Tocoa, iniciaron un proceso de lucha contra la instalación de un proyecto minero de Inversiones Los Pinares S.A. sobre el Río Guapinol. Dicho proyecto tiene como uno de sus dueños a Lenir Pérez, yerno del ya fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjúm.
En conferencia de prensa, el Comité Municipal en defensa de los Bienes Comunes y Públicos, denunció ante el Ministerio Publico una campaña de desprestigio contra las lideresas y otros defensores de derechos humanos, que residen en el Bajo Aguán.
Entre sus exigencias, el Comité puntualizó “el cese a la persecución y acoso permanente hacia la comunidad de Guapinol y la investigación seria de los hechos, así como investigar las páginas “el Tocoeño del alma y otras”.
Para Esly Banegas, lideresa de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), esta es una campaña montada donde pretenden culpar a las organizaciones sociales de la muerte de Leiva.
A pesar que existe un Decreto de desarme general en el departamento de Colón, en presencia de militares a su vista y paciencia, opera un grupo armado donde hubo estos asesinatos. Los cuerpos armados “tienen sitiado el departamento, defendiendo los intereses de la empresa”, acusó Banegas.
La coordinadora de COPA, es beneficiaria de medidas de protección, otorgadas por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y para garantizar su vida el Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, se ha limitado a expresarle que “haga la denuncia”.
“No hay decisiones de un mecanismo para resolver el origen las amenazas a muerte, la medida es proteger la vida y que el mecanismo busque la raíz de estas amenazas, pero no tenemos respuestas”, cuestionó la lideresa sindical.
exigimos que se investigue de dónde vienen estas amenazas.
También se denunció el origen de esta problemática, la entrega de proyectos mineros en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos, ahora llamado «Carlos Escaleras Mejía» producto de una solución amistosa entre el Estado de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la familia del líder ambientalista, asesinado en 1997, en Tocoa.
Mediante decreto legislativo 127-2012 y la reforma un año después bajo número 252-2013, se benefició las concesiones ASP 1 y ASP 2ª la empresa EMCO MINING, hoy llamada Inversiones Los Pinares S.A.
Ante ello, el Comité responsabilizó al Estado por “la negligencia y complicidad” de instituciones como el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio Público (MP), la Corporación Municipal de Tocoa por las distintas violaciones a los derechos humanos al proceso de resistencia que mantiene el Comité junto con la comunidad desde el año 2015.
Dignidad y rebeldía
Grupos armados operan bajo la sombra de la impunidad mientras las empresas trasnacionales toman fuerza para sus intereses, denunció el líder de la Plataforma Agraria en el Valle del Aguán, Yoni Rivas.
Acotó que, resulta difícil encontrar una respuesta a esta problemática por parte de un gobierno “con características de una narco-dictadura”. Mas de 150 compañeros y compañeras asesinados desde 2010 a la fecha y el 99 por ciento se encuentran impunes.
Uno de estos casos es el los dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores (quien fungía como presidente) y Silmer Dionisio George, asesinados el 18 de octubre de 2016.
Es una situación extremadamente terrible. Porque las autoridades militares y policiales obedecen a proteger intereses y no a servir y proteger -a la población- cómo es su lema.
Rivas destacó que, a pesar de la situación de violencia en la zona, las organizaciones seguimos en lucha firme, con dignidad y rebeldía, “resistimos y denunciamos para fortalecernos en exigencia de nuestros derechos”.
En una visita in situ, que realizó la Coalición Contra la Impunidad del 01 al 03 de noviembre pasado, exigió el cese a la violencia estatal y privada, así como la desmilitarización inmediata en la zona.
Por otra parte la Coalición llamó a que se investiguen las violaciones a los derechos humanos, que en aquel momento denunció el Comité Municipal.
