San Pedro Sula, Honduras (Conexihon).- “El estado de excepción, de sitio o de suspensión de garantías fundamentales, es ni más ni menos una medida encaminada a criminalizar la protesta política en contra

de la dictadura”. 

De esta forma describió este lunes, la Coalición contra la Impunidad, el escenario de violencia contra la ciudadanía que exige su derecho al voto, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras una serie de irregularidades, declarase una ventaja en los votos presidenciales a favor del Presidente y candidato ilegal por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández sobre su contendor, Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.

En conferencia de prensa, La Coalición, que representa a más de 50 organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos, junto con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), presentaron los resultados luego de un monitoreo realizado en los últimos días, posteriores al proceso electoral desarrollado el 26 de noviembre.

El monitoreo realizado por estos dos espacios, mostró que entre el 29 de noviembre y el 01 de diciembre, ocurrieron 113 detenciones. Hasta la fecha, las cifras superan las 200 personas que han sido detenidas y de estas, 34 fueron puestas en poder del Ministerio Público (MP).

El 01 de diciembre, en consejo de ministros, pero sin la presencia del Presidente Hernández, se aprobó el decreto PCM 084-2017, el que contempla la suspensión de garantías constitucionales, entre ellas un toque de queda por más de diez horas (06:00 P.M a 06:00 A.M).

En tanto 14 hondureños y hondureñas que han muerto de forma violenta; dos (02) en La Ceiba en el departamento de Atlántida, siete en la zona norte de los que cinco fueron en la Colonia López Arellano del municipio de Choloma y dos (02) en San pedro Sula, en el departamento de Cortés, cuatro (04) en la capital de la república, Tegucigalpa y una en el municipio de Agua Blanca Sur, en el departamento de Yoro.
 
“A sangre y fuego se ha reprimido el alzamiento de la ciudadanía que, desde las
calles, los barrios y los territorios reclaman el respeto de la voluntad del soberano”, planteó la Coalición en conferencia de prensa este día.

Por su parte, la Coalición contra la Impunidad, catalogó como “deplorable”, el hecho que el toque de queda Periodistas y Comunicadores que no están acreditados ante la autoridad electoral no puedan ejercer su labor en el horario comprendido de 6:00 pm a 6:00 am, “lo cual constituye una violación a la libertad de expresión”.

La articulación de organizaciones detalló  que periodistas internacionales están siendo objeto de presiones y actos de hostigamiento por el carácter de sus notas periodísticas que no se pliegan a la versión oficial.

Apoyo a la autodeterminación ciudadana

Entre las reiteradas declaratorias de Hernández como ganador del reciente proceso electoral, el silencio cómplice del TSE y la demanda de la ciudadanía hondureña de respeto a su derecho al voto y resultados verdaderos, la Coalición contra la Impunidad hizo un llamado a las distintas misiones de observación internacionales para que ejerzan su función “de manera objetiva y que se involucren en identificar los mecanismos del fraude y denunciarlos ante la ciudadanía”.

Asimismo, llamaron a las organizaciones internacionales a solidarizarse “y hacer presencia en nuestro país” para apoyar los esfuerzos de la ciudadanía en sus acciones de defensa del voto.

Por último, peticionó a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a que designe una representación que constate “in situ” las graves violaciones a derechos humanos que se están produciendo en contra de la ciudadanía que participa en protestas contra el resultado que legitima en la presidencia al candidato ilegal Juan Orlando Hernández.

Foto: Delfina Rossi