Por: Andrés Barrio (Tomado de Rioja2)

Escrita en colaboración con Eva García Sempere, diputada de Unidos Podemos

Hablar de violencia y represión política en América Latina no es evidentemente algo nuevo. Las personas asesinadas y desplazadas se pueden contar por millones y la relación que gobiernos, tanto autóctonos como exteriores, y multinacionales tienen con ellos, queda fuera de toda duda. Pero la actual oleada de asesinatos dirigidos directamente contra activistas ecologistas y feministas nos obliga a hacer una reflexión que va más allá de la relación directa con la imposición del poder de las oligarquías locales y los intereses económicos del actual neocolonialismo.

La verdad es que centrar el foco en la violencia contra activistas puede parecer obsceno, dada la dramática historia que tiene Latinoamérica, historia que nos debería retrotraer hasta el momento de su mal llamado descubrimiento y que ha derivado en el expolio continuado de sus recursos, forma de vida y generación de conflictos interesados. Pero en la actualidad vemos cómo el capitalismo ha refinado sus mecanismos de control. Su avance en la conquista de la hegemonía cultural, social y económica ha hecho que le sea más fácil desarticular la disidencia tanto social como política, su violencia directa ha bajado de nivel y los gobiernos díscolos son ahogados de forma indirecta a través de la economía global y las redes empresariales.

Esto, sumado al triunfo electoral de fuerzas políticas transformadoras en ciertos países, ha hecho a su vez que los movimientos emancipadores de los pueblos latinoamericanos hayan cambiado sus formas y medios y que posicionamientos políticos como el ecologismo y el feminismo hayan adquirido mayor presencia. Ya no son elementos accesorios, sino herramientas fundamentales para el desarrollo de la independencia o la defensa de los derechos humanos.

No queremos decir con esto que no estuvieran implícitos en las luchas históricas de Latinoamérica, pero sí debemos poner de relieve que, en la actualidad, tanto el ecologismo como el feminismo están siendo por sí mismos vectores de esta emancipación social.

Aún así, la violencia directa en contra de activistas responde al denominador común que ha dominado América Latina y que no es otro que la persecución de las diferentes formas de disidencia. Pero la actual apuesta económica de los gobiernos es la llamada “locomotora minero-energética”; esto es, la extracción de hidrocarburos, la megaminería, las grandes presas y, también, los monocultivos destinados a la exportación. Es lo que ha dado en llamarse el modelo neoextractivista, que está enfrentando un fuerte rechazo social a lo largo y ancho del continente. Nuevamente la lucha es por la tierra y el agua, y esta tierra y esta agua deben de ser cuidados, lo que nos lleva al ecologismo más claro, simple y directo.

Pero, además, debemos sumarle la perspectiva de género. Los múltiples proyectos comunitarios basados en el modelo cooperativista de autogestión están siendo liderados por mujeres. Proyectos que en Centroamérica suponen además elementos de reinserción de las comunidades guerrilleras donde, si bien la lucha armada ha terminado, no así el sentido de la misma, volviendo a organizarse y a tratar de cambiar el mundo desde lo pequeño, protegiendo el medioambiente, sus recursos y con la clara vocación emancipadora de las mujeres que son conscientes de su papel dinamizador en sus comunidades y sus luchas. No sólo se trata de mujeres que aspiran a ser defensoras de la naturaleza y sus vidas, sino que incorporan en su hacer diario la necesidad de que esta aspiración sea compartida con sus iguales: mujeres que se saben y se quieren libres de explotación, sea laboral, material, cultural o patriarcal, y que no entienden su liberación en tanto sus hermanas no lo estén.

Este contexto nos deriva a la situación actual. En 2015, según la ONG Global Witness, de los 185 homicidios de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, 122 tuvieron lugar en Latinoamérica. Una auténtica masacre de activistas silenciada por los grandes medios al servicio de las mismas multinacionales y gobiernos que los amparan y promueven. Este silencio quedó parcialmente roto el pasado 3 de marzo de 2016 con el doloroso asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras. Su repercusión internacional como referente de las luchas indígenas y ambientales hizo que la información saltara a los noticiarios de medio mundo.

Pero ejemplos, por desgracia, no nos faltan. En la misma Honduras, más de 100 ecologistas han sido asesinados en la última década, cada 16 horas se mata a una mujer y continúa la represión al pueblo Mapuche o al pueblo Huichol y el abuso de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y oaxaqueñas. Una persecución que ha tenido su mayor expresión en los días 15, 16 y 17 de enero con los asesinatos del líder indígena Isidro Baldenegro (México), la ecologista Laura Vásquez (Guatemala) y la activista Emilsen Manyoma (Colombia) respectivamente. La lista sigue desgraciadamente, el 7 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de la lideresa comunitaria y defensora de derechos humanos Luz Herminia Olarte en Antioquia (Colombia)

Por último y antes de repasar los casos más dolosos y significativos, quisiéramos hacernos eco de un concepto que puede parecer demasiado superficial y banal, como es el de la educación ambiental. Algo que parece reservado a la comunidad estudiantil de las sociedades occidentales es de vital importancia para zonas como América Latina.

Un ejemplo de esto, y de cómo el establishment es consciente de ello y lo quiere evitar, fue la detención de la Caravana por el Buen Vivir. Sucedió en Nicaragua en 2016. Se dedicaba a recorrer México y América del Sur dando información sobre el uso adecuado y ecosustentable de las tierras agrícolas, así como de sus derechos frente a la agroindustria. Desgraciadamente, el conocimiento adecuado es un factor que resulta incómodo para las multinacionales y los gobiernos. Por esta razón es más fácil eliminar a la fuente de información, a “los revoltosos”, que respetar la biodiversidad que habita en las tierras de los campesinos e indígenas.

Berta Cáceres, la muerte que puso fin al silencio 

Si en vida fue el mayor referente de la lucha ecologista y feminista, lucha que le llevó a ganar el prestigioso galardón medioambiental Goldman en 2015, su muerte ha supuesto que la opinión pública mundial ponga por fin el foco en el drama que sufre el activismo en América Latina y más concretamente en Honduras.

El país, desde el derrocamiento de su presidente Manuel Zelaya mediante un golpe de Estado en 2009, vive un verdadero estado de excepción en el que la oligarquía histórica controla a golpe de pistola el poder económico, político y judicial. Es aquí donde es más fácil que te maten por proteger el medio ambiente: 123 activistas muertos desde 2009.

A Berta la mataron a tiros después de años de amenazas de muerte y de persecución por parte del Estado. Amenazas y persecución que fueron consecuencia de su campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, un lugar sagrado para el pueblo Lenca. El trabajo realizado con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) consiguió, tres años antes, que el proyecto se paralizara y que la empresa china Sinohydro y el Banco Mundial se retiraran de el.

Después del asesinato de Berta, la tragedia se ha repetido con otros dos compañeros suyos, la miembro del consejo del COPINH Lesbia Janeth Urquía y Nelson García. Previamente ya habían sido asesinados a tiros por el ejército hondureño otros activistas como Moisés Durón Sánchez o Tomás García. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa. Su cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.

La defensa de los bosques dela sierra Tarahumara, México

Este 20 de enero, en el municipio rural de Guadalupe y Calvo, ubicado al sur de Chihuahua, era asesinado Isidro Baldenegro, activista indígena que fue galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara. Antes de Baldenegro, existía ya una larga lista de activistas asesinados. Tan sólo en la región ancestral Tarahumara han asesinado a doce en los últimos 30 años, cuatro de ellos a lo largo del pasado año. En 2016 fueron asesinados los activistas Víctor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo; mientras que Isidro Baldenegro fue el primero en perder la vida en 2017, pero no el último. El pasado 31 de enero el ecologista Juan Ontiveros fue capturado y asesinado por dos hombres armados ante la presencia de su hermano, que logró huir.

La Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua (México) es la región forestal más grande de la República Mexicana. En ella se obtiene aproximadamente el 25% de la producción nacional de madera. Es conocida como la Sierra Tarahumara por el grupo indígena más numeroso que la habita. También es tierra de los pueblos indígenas tepehuán, pima y guarojío, que viven principalmente de la agricultura de maíz, frijol y de algunas legumbres. Su situación de frontera con el estado de Texas la hace muy vulnerable a la acción de las empresas madereras norteamericanas, que auspician y amparan la violencia contra los pueblos indígenas.

Emilse Manyomay Laura Vásquez, mujeres y ecologistas

Los casos de Emilsen y Laura son un claro ejemplo de esta relación entre ecologismo y feminismo. En el caso de la segunda se suma además la injerencia extranjera al oponerse a los proyectos de minería de Oro contra la empresa Canadiense Tahoe Resources, lo que le supuso un proceso judicial que la tuvo encarcelada y puesta en libertad a los 7 meses sin poderse demostrara ninguno de los delitos que el Ministerio Público le imputaba. En la noche del 16 de enero de 2017, unos hombres irrumpieron en su casa y la asesinaron dándole un tiro en la cabeza.

La activista afrocolombiana Emilsen Manyoma era la líder de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) en Buenaventura (Colombia). Defendía el derecho a la producción limpia, a la soberanía alimentaria y a la protección de la biodiversidad. Eso le costó la vida.

Estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista que deja clara la necesidad de visibilizar los procesos que por el medioambiente llevan los pueblos campesinos de América Latina. Porque, como decía Berta Cáceres, «nuestras luchas se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos”. Por todo ello IU está trabajando dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos la necesidad de articular espacios de trabajo específicos para la lucha por los derechos ambientales y feministas. La gran batalla por el control de los recursos está más fuerte que nunca, y si no somos capaces de entender que la defensa de esa montaña de México que nunca visitaremos, o de ese río impronunciable que corre por Guatemala, o de las mujeres que deciden mantener su modo de producción en Colombia va de nosotras, estaremos condenando no sólo el futuro de todo el planeta, sino también la conquista de nuestros derechos presentes.

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