La Paz (Conexihon).- Miembros del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (Milpah), denunciaron que fueron objeto de amenazas a muerte por parte de activistas políticos del Partido Nacional,
vinculados al alcalde Víctor Ventura, en el municipio de Santa Elena departamento de La Paz.
Según la denuncia las amenazas ocurrieron el día 07 de diciembre, cuando miembros de la comunidad de El Potrero, los señores” Hernán Ventura, Tomas Hernán, Julio Alberto Ventura, acompañados por el ingeniero Néstor Rivera de USAID”, empezaron a tomar medidas para un supuesto proyecto de riego que beneficiará a la comunidad antes mencionada.
Ante lo delicado de la situación, Milpah, solicitó a USAID en el comunicado, “que detenga esa construcción hasta que se resuelva el conflicto entre estas dos comunidades”.
Al parecer el problema se originó, cuando miembros de la comunidad de El Volcán reclamaron que ellos no han dado permiso para que dicho proyecto pase por su comunidad, por lo que le “exigieron formalmente al ingeniero y al grupo que lo acompañaba, que se retiraran del territorio”.
De acuerdo con la denuncia de los miembros de Milpah,”el señor Santos Vásquez López quien dice ser auxiliar del potrero amenazó con su bastón a la presidenta Ana Miriam Romero exigiéndole documentos de tierras y amenazando a Roberto Gómez y le dijo que al encontrarlo lo iba a matar”. La defensora también recibió amenazas del señor Pilar Gonzales según el comunicado.
Romero, es ganadora del premio internacional «Front Line Defenders”, y es beneficiaria de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Milpah denunció también, al “señor Hernán Ventura” quien “amenazó con arma blanca (machete) a los dirigentes de El Volcán, entre ellos a María Felicita López y Rodolfo Vásquez” quienes también son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La organización indígena exige que se “detengan las amenazas y la persecución contra los líderes de las comunidades que exigen que sean consultados ante cualquier proyecto que se pretenda realizar en sus territorios”.
Demanda también que el Estado cumpla con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que cualquier proyecto que se realice en los territorios indígenas deben ser consultados de manera previa, libre e informada.
