Por: Regina Fonseca

En 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aseguró que Honduras era el país con mayores muertes violentas de mujeres de la región, hasta la fecha según las fuentes oficiales de cada país, Honduras ha ocupado el segundo lugar en los últimos dos años.

Los hallazgos de la última investigación sobre la violencia contra las mujeres durante 2017 – 2018, del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres de la misma institución, deja en evidencia la negación de derechos, la impunidad y falta de acceso a la justicia para las mujeres hondureñas.

Respaldada en fuentes oficicales y monitoreo de medios de comunicación en los últimos dos años, el equipo de investigación devela una realidad escondida y normalizada en el país, que amerita reflexión.

En 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aseguró que Honduras era el país con mayor número de muertes violentas de mujeres. Se ha mantenido como uno de  los  países  de  Latinoamérica con las tasa de femicidios más altas, sobre todo en 2012 y 2013 donde hubo más de 600 mujeres asesinadas en cada año, y según fuentes oficiales de cada país, Honduras pasó solo a segundo lugar en los últimos dos años.

En 18 años, 6,265 mujeres han sido asesinadas en Honduras, tres de cada cuatro de estas muertes han ocurrido de 2009 a la fecha, coincidente con uno de  los  momentos  políticos más duros para la población hondureña, de  mayor  impunidad,  corrupción y “des-democracia”. Es decir, un total de 4,742 mujeres y niñas murieron de manera violenta en los últimos 10 años en Honduras luego del Golpe de Estado, un promedio anual de 474.2 por año; promedio que no ha bajado significativamente en los últimos dos años, puesto que 2017 cerró con 388 mujeres asesinadas violentamente, y  382 en 2018, con edades entre 20 a 29 años en su mayoria.

Se ha naturalizado la violencia contra las mujeres en Honduras, y la invisibilización de tal delito inicia desde las instituciones encargadas de prevenirla y sancionarla. Un ejemplo que da Regina es que desde 2013 se incluyó en el  Código  Penal  el  delito de Femicidio, y las instituciones públicas no están registrando los femicidios de manera fiel como lo establece el Código Penal:

 “Artículo 118-A. Incurre en el delito de Femicidio,  el  o  los  hombres  que  den  muerte  a  una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer… cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes: 1) si el sujeto activo del delito mantiene o ha mantenido con la víctima una relación de pareja; 2) haya precedente de violencia doméstica intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia; 3) el delito este precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento  o  persecución  de  cualquier  naturaleza; 4) Cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesionados infamante, degradante  o  mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.”

Los  datos  de  Medicina  Forense de Honduras da registros de un gran número de casos de muertes violentas de mujeres que implican una o varias  de  estas circunstancias que dicta  el  Código  Penal, sin embargo en los últimos dos años el Ministerio Público los ha registrado como homicidio, existendo 10 registros de femicidios durante 2017 y en 2018 solamente 2.

El femicidio en Honduras en un hecho y esa expresión extrema de violencia está sustentada e invisibilizada por un sistema estatal que no identifica a las mujeres como sujetas de derechos y que por eso no hace nada para preveenir, erradicar y castigar la violencia contra nosotras.

 


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