Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La noche de este martes, el Congreso Nacional, en un sólo debate derogó el artículo 335-B del Código Penal, una demanda que diversos sectores del movimiento social, de las organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión, exigían desde su creación y aprobación en febrero del año pasado.

La moción para su derogación se aprobó, con la dispensa de dos debates en el pleno legislativo, luego de que una Comisión de dictamen fue nombrada para analizar el proyecto de ley que presentó la diputada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Scherly Arriaga.

La parlamentaria por el departamento de Cortés, fue una de las primeras en reaccionar ante la prensa y consideró como un día importante para el gremio periodístico y comunicadores sociales al derogar un artículo que “sancionaba, juzgaba y limitaba la libertad de expresión”.

El proyecto de ley fue presentado en sesión del Congreso el pasado 24 de mayo, y trasladado seis días después por el titular de este poder del Estado, Mauricio Oliva, a una comisión de dictamen conformada por los diputados Marco Velásquez (PN) y la integran Francisco Paz (Libre), Waleska Zelaya (PN), Felícito Ávila (PDCH), Ricardo Elencoff (PL) Karen Ortega (Alianza Patriótica y Raúl Bulnes (PN).

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante una opinión enviada al Congreso Nacional con fecha 31 de mayo del presente año apuntó que, “considera procedente la derogación total del artículo 335-B”.

Para la diputada del partido LIBRE es importante continuar trabajando en temas relacionados con la libertad de expresión, ya que hay cifras altas de asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales.

“...aquí en el mismo Congreso se debate la Ley de Ciberseguridad, que también es lesiva para la ciudadanía en general”, apuntó Arriaga.

Es de recordar que este artículo nace producto de una rectificación al acta por parte del entonces diputado y Jefe de bancada del Partido Nacional, Oscar Álvarez, misma que fue publicada bajo el Decreto nro. 6- 2017 en el Diario Oficial la Gaceta.

No sólo fue la buena voluntad del Congreso

Aunque ya exista la derogación del 335-B (conocido también como Ley mordaza), no es del todo una celebración que le corresponde al Poder Legislativo, especialmente a su titular Mauricio Oliva.

El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora dijo a los parlamentarios y parlamentarias que “no es tan simplista” abrogarse la derogación de este artículo. Sino que es un trabajo de la ciudadanía, de organizaciones de derechos humanos, de periodistas y comunicadores que actuaron contra esta iniciativa hecha ley y que el Congreso se quedó en un “callejón sin salida”.

“Esto es un rechazo generalizado, que hicieron activismo desde la publicación de este artículo, como la presentación de Recursos de Amparo, recolección de firmas, y dos Recursos de Inconstitucionalidad que aún están en la Sala de lo Constitucional del Poder judicial”, dijo Tábora.

El 25 de mayo de 2017, se presentó un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que se denominó “fraude constitucional”, al violentarse el proceso que establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 61. Además que con regular mediante la figura del “Terrorismo”, se vulnera el abordaje periodístico e informativo.

El 09 febrero de este año, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, declaró inconstitucional el artículo 335-B, por razón de forma y de contenido.

El titular de C-Libre reconoció que dentro del trabajo periodístico, hubo una diversa producción de información sobre el tema y esto sumó para abrir el debate sobre esta Ley y se conoció el sentir desde uno de los sectores más afectados como los propios periodistas.

Edy Tábora expuso que, existe una deuda pendiente del pleno del Congreso Nacional, en derogar otras normas legales que violentan la libertad de expresión como ser la Ley de Ciberseguridad, introducida por el diputado nacionalista Marcos Bertilio Paz y que sigue su curso, a pesar del rechazo de organismos nacionales e internacionales.

Asimismo, desde hace mas de cuatro años se espera la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones que tiene el nuevo Código Penal y que son objeto de rechazo por las organizaciones de derechos humano en el país.

“El Congreso no descansa para crear bozales”, concluyó Tábora.


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