Por: Sandra Rodriguez* y Cesario Padilla
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- No importó la hora ni el lugar donde cada uno se encontrara. La amenaza de un desalojo policial- militar a una protesta en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 08 de septiembre de 2017 conjuntó sus trabajos para preservar el respeto de los derechos humanos en la zona.
Así monitorearon, llamaron y llegaron al lugar los defensores Carlos del Cid, Ariel Díaz y las defensoras Hedme Castro y Tomy Morales (quien también es periodista) para auxiliar a ocho estudiantes que permanecían en una toma indefinida. Más de 500 miembros de las distintas unidades policiales se presentaron dentro y fuera de las instalaciones del alma mater, que por enésima vez, fue violentada su autonomía.
Del exagerado número de policías, tres de ellos en horas de la tarde rociaron con gas pimienta la unidad de transporte propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), en la que se resguardaban de la barbarie los defensores y las defensoras, así como los estudiantes que corrían el riesgo de ser capturados y judicializados, una práctica permanente bajo la sombra de la entonces rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, y que había ya sucedido en horas de la mañana con 16 líderes universitarios.
Los policías emplearon la fuerza para bajar a las doce personas del microbús, en el que se suponía iban a salir seguros de la UNAH, además del uso de gas pimienta en sus rostros y demás partes del cuerpo. No importando que estaban en indefensión, fueron capturados y llevados a las instalaciones de la Dirección policial de Investigaciones (DPI), en la capital.
Esa tarde fue delito la defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico. Ya tenían a los responsables de tal acción, fueron puestos tras las rejas «los terroristas» de la palabra y ejercicio de defensa de derechos humanos. Misión cumplida por la Policía Nacional.
Para este miércoles 28 de febrero, las cuatro víctimas se encontraron a sus agresores en una audiencia de declaración de imputado, luego de un proceso penal presentado por la Fiscalía de Derechos Humanos el 13 de diciembre de 2017, tras las denuncias interpuestas por diferentes organizaciones que decidieron constituirse en una Mesa Nacional.
Su delito es ser periodista y defensora
Las mismas instalaciones en las que cursó sus estudios de Periodismo, era el escenario de violaciones a los derechos humanos el 08 de septiembre de 2017. Previo a este hecho, Tomy Morales acompañaba desde su papel como defensora, la lucha estudiantil.
Estuvo con ellos y ellas hasta el final. Hasta que el gas pimienta rociado dentro del microbús del CONADEH mermó sus energías.
Fue detenida y puesta en las celdas de la Jefatura de Policía Metropolitana número uno (CORE 7), del barrio Los Dolores en Tegucigalpa.
En la conferencia de prensa, convocada por la Mesa Nacional de Derechos Humanos este martes, ella no estuvo presente. Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), explicó los motivos, “tuvimos que sacarla de circulación”, aseguró tras comprobar que era vigilada por hombres armados e y sus teléfonos estaban intervenidos.
“Está en un tratamiento largo, producto de los toletazos recibidos en su cuerpo, le comprimieron sus músculos, esto imposibilitándole caminar y su recuperación emocional también sigue su curso por parte de un profesional de la psicología”, explicó Meza.
Para el periódico digital (www.pasosdeanimalgrande.com), en donde Tomy ejerce su labor periodística “es un golpe fuerte”, sostuvo Meza. Porque ha sido una defensora muy comprometida y por otro lado una periodista que ha tocado temas muy importantes para el país, que denuncian violaciones a la libertad de expresión.
Para Meza, quien también dirige dicho periódico, la ausencia de Tomy en su ejercicio periodístico “es como la falta de un brazo derecho, puesto que ella le ha dado y le apuesta a los derechos humanos y el periodismo”.
“Es mejor que se recupere para que después vuelva a ejercer, ella no desiste, tiene la esperanza de volver y acompañar estos procesos en los que Honduras se rodea de impunidad, pero con el sueño de un país sin este mal y respeto los derechos humanos”.
Morales fue acusada ese día por los delitos de encubrimiento de usurpación (delito previo que no existió) y atentado contra la seguridad del estado de Honduras (supuestamente atacó al Comisionado de Policía Félix Colindres). Por los gases químicos su padecimiento de asma se complicó.
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“Fuimos humillados, dormimos entre ratas”
La afectación no sólo es física, pese a que su vista fue dañada por los gases que le rociaron los policías, ese viernes de septiembre, al defensor de derechos humanos Carlos del Cid, le cambió la vida y su entorno familiar.
De acuerdo con un dictamen médico practicado por Medicina Forense, el haberle rociado gas pimienta en su rostro, le provocó a Del Cid quemadura en ambos ojos, específicamente en el izquierdo. Esto le produjo una congestión y quimiosis corneal en un 80 por ciento como consta en el requerimiento presentado contra los tres policías en diciembre del año pasado.
“Nos humillaron, metiéndonos en celdas, enchachados de pies y manos, durmiendo en medio de ratas y aun así fuimos tratados como lo peor y quienes nos trataron así, serán juzgados en libertad mientras que a nosotros nos juzgaron tras las rejas”.
En estos cinco meses, casi seis, nosotros hemos visto una colusión entre el MP, Poder Judicial y poder ejecutivo para que no se juzgue aquellos casos de abuso policial, exteriorizó el defensor.
Para Del Cid no es un hecho extraño y aduce que en la actualidad este régimen que encabeza Juan Orlando Hernández “se sostiene en la policía y en el ejército y pareciera que tocar a estos funcionarios sería un mal mensaje y los dejaría a expensas de la justicia”.
Un gobierno que debe limpiarse la cara de la impunidad
En la conferencia de prensa, convocada por la Mesa Nacional de Derechos Humanos, se exhibió un video en donde se observa las distintas agresiones contra defensores y estudiantes. Hedme Castro, con impotencia en su rostro, exclamó que en las repetidas veces que se observa siendo agredida, la reacción es la misma, impotencia.
La coordinadora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), narró que ese día (08 de septiembre de 2017) cumplió con su rol de defensora. “Mi persona fue llamada dentro de la UNAH, para denunciar que había detención ilegal. Logramos entrar y habían defensores y estudiantes detenidos”.
Sin embargo, irrespetaron su investidura, su trabajo y su integridad como persona. Fue forzada a salir de la unidad de trasporte, rociada con gas pimienta y detenida, la misma suerte de sus compañeros defensores y los ocho universitarios.
Castro sentenció que “Si dejamos que este hecho tan terrible se quede sin aplicación de justicia estamos en completa indefensión y va a hacer que cualquier defensor esté en libertad para hacer su trabajo”.
En un gobierno democrático, Constitucional, que cacarea que hay bondades de democracia, ocurren que estos personajes sigan libres en las calles y nosotros sigamos con temor ejerciendo nuestro trabajo.
La impunidad genera impotencia e indignación, reaccionó Castro. Comparó el hecho que estudiantes universitarios sigan con procesos penales abiertos, que hayan pasado prisión, enchachados y quienes cometen violaciones a derechos humanos caminen libres por el país.
“Sentimos que el gobierno debe limpiarse la cara a sí mismo de la impunidad y apresar a quienes violentan los derechos humanos y quienes defendemos derechos en este país”, puntualizó.
Atacado en su trinchera
Ariel Díaz, es estudiante de la carrera de Derecho en la UNAH, y reconocido dirigente social, que ese día fue a auxiliar a sus compañeros, tras el llamado de auxilio de Tomy Morales y Carlos del Cid quienes se comunicaron con Hedme Castro. Él joven pese a estar identificado plenamente como defensor de derechos humanos fue golpeado y atacado por los policías.
«Nosotros hemos exigido concretamente al Poder Judicial que elimine su petición de aplicar medidas contrarias a la prisión preventiva para los tres oficiales, porque son criminales de lesa humanidad y no merecen defenderse en libertad», aseguró.
Según Ariel, estos uniformados representan un peligro para la sociedad y esto posibilitaría una repetición de los hechos contra defensores.
Ariel considera que en un tiempo, este caso se verá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues si no hace justicia en Honduras, no se van a quedar de brazos cruzados. Y peor si a los policías les dieron medidas sustitutivas, como se temía.
Si existe justicia para los y las Defensoras, Colindres, Gomez y Aguilar, deberían recibir al menos cien años de cárcel por los delitos que cometieron contra «estos malos hondureños» cómo llama el gobierno a quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos.
*Periodista. Actualmente labora para el periodico www.defensoresenlinea.com, producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
