Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Homicidio contra Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se mantiene en secretividad por parte del Ministerio Publico (MP), bajo la justificación que al “exponerse a personas que no han formado parte en las investigaciones, puede entorpecer y poner en riesgo” el caso.


Para el historiador Edgar Soriano “hay un elemento de querer deslegitimar la lucha de Bertha y de limitarla a una ambientalista en términos mediáticos conociendo el proceso organizativo del COPINH por la lucha comunitaria en la defensa del territorio y los derechos de toda la ciudadanía que han sido pisoteados en las últimas décadas y sobre todo en este régimen que dirige Juan Orlando”.


“Dejar petrificado en la memoria el crimen de Berta es una de las estrategias que utiliza el actual régimen que gobierna Honduras, dilatar y lanzar cortinas de humo cuando tienen presiones internacionales como por ejemplo capturar autores materiales y supuestos autores intelectuales vinculados a la compañía DESA, todo esto para encubrir a los dueños de esa compañía de ceder el territorio al capital multinacional y seguir profundizando este modelo neoextractivista”, agregó el historiador.


En septiembre se realizará el primer juicio contra las ocho personas vinculadas en el crimen material de la ambientalista.
Los imputados son Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar Arnaldo Tareas, acusados por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido.


Derecho a la verdad para víctimas y familiares


El derecho a la verdad es parte integral de la libertad de información y de expresión. También el derecho a las víctimas individuales, familiares, las comunidades y la sociedad entera tienen el derecho de saber la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos.
El Estado tiene el deber de preservar la evidencia documental, que sirva para la conmemoración y el recuerdo así como de proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información.


En cambio el MP ha negado información a los familiares y equipo legal de la víctima en al menos 821 ocasiones.


“Las irregularidades con las que está actuando el MP de negarnos información y no tomarnos en cuenta cuando somos una parte importante del proceso judicial es parte de proteger a ciertas personas y garantizar la impunidad, es algo grave no saber la importancia que puede tener esa información, no entendemos porque se oculta y sabemos no se cumple con este derecho y con esta obligación del MP”, denunció Bertha Zúniga Cáceres, actual coordinadora del COPINH.


“El 28 de julio se realizó la audiencia de medios de pruebas y la defensa solicitó al MP nos entregara la totalidad de medios de pruebas y evidencias que ha sido denegada 34 veces a la acusación privada esto limita el acceso al derecho a la información y a la justicia en el caso”, subrayó el abogado Ariel Madrid, parte del equipo legal.


La parte defensora dice que es grave que el MP oculte la información que ellos solicitan y además rechazaron el acceso a la constitución como parte acusatoria al COPINH.


“Es importante que el COPINH sea parte e interponga las demandas correspondientes del asesinato de la coordinadora de la organización porque a ella la matan por una lucha que emprendía como representante y en efecto han perdido fuerza”, señaló la abogada Kenia Oliva.


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Bertha Cáceres fue una lideresa ambientalista y fundadora del COPINH en 1993, consiguió junto a su pueblo que una de las constructoras hidroeléctricas más grandes del mundo, la empresa china “Sinohydro”, se retirara del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el cual contaminaría el Río Gualcarque, sagrado para los lenca y fuente de vida.


La ambientalista había denunciado que “cuatro compañeros del COPINH fueron asesinados en Rio Blanco, ellos son: Paula Gonzales, Tomas García, William Rodríguez y el niño Maicol Rodríguez”, evidenció Cáceres.


El 02 de marzo de 2016, a las 11:40 de la noche Bertha Cáceres estaba en su casa de habitación; varias personas ingresaron de manera arbitraria disparando en contra de la humanidad de la lideresa del pueblo lenca, acabando con su vida y otro de los desconocidos se dirigió a la habitación del testigo protegido disparándole una vez y causándole heridas de consideración.

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“Desde octubre del 2017 se presentó una denuncia al MP para acusar a otros actores vinculados. Para el caso David Castillo Mejía, gerente general de DESA, perseguidor y acosador de Berta y fue capturado no por voluntad o investigación del MP si no por la denuncia, la cual no fue presentada solo para el sino para otras personas de la empresa y aun no hay respuesta” agregó uno de los abogados acusadores.

A finales de este mes, el equipo legal de la familia Cáceres se presentarán a una audiencia de proposición de pruebas, sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada hace más de dos años por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el MP en allanamientos de investigación. La cual no fue notificada a las partes acusadoras en las que se presume que podría haber fuga de información al no ser decomisados todos los insumos, como ser computadoras de las oficinas de DESA.

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