Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos junto al equipo de defensa legal de los criminalizados de la comunidad de Guapinol, presentaron este viernes un recurso de inconstitucionalidad, por razón de forma y contenido, contra el Decreto 102-2017, que origina la reforma a la Ley Especial de organismos Jurisdiccionales con Competencia Nacional.
El documento presentado ante la Sala de los Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expone que su inconstitucional por forma, es por la aprobación en el Congreso Nacional (CN) sin el dictamen del Poder Judicial y por la dispensa de dos debates, sin acreditar la urgencia.
Mientras que se sustenta la inconstitucionalidad por contenido, ya que el cuestionado decreto violenta el artículo 90 constitucional que refiere “nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece”.
La reforma a la Ley Especial de Organismos Jurisdiccionales (Decreto 102-2017), específicamente en su artículo dos, agrega el delito de usurpación a los 15 restantes que cometa un Grupo delictivo organizado. Esta reforma fue aprobada en el Congreso Móvil, en la ciudad de Choluteca, en septiembre de 2017.
Para el abogado Edy Tábora, este decreto aumenta la competencia a los Órganos de Jurisdicción Nacional, pero en la práctica son utilizados para criminalizar a defensores del agua y la vida.
“Ahora lo que vemos es que a los defensores los trasladan a un fuerte militar (Cuartel General del Ejercito “José Trinidad Cabañas”), donde tiene oficina uno de los jueces que está conociendo de este caso, -por ello- no podemos seguir permitiendo como sociedad hondureña que la justicia esté militarizada”, agregó Tábora, quien forma parte del equipo legal de los defensores de la comunidad de Guapinol, víctimas de criminalización.
Esta mañana, el juez con Jurisdicción Nacional, Claudio Aguilar, conocería el caso de uno de los nueve procesados por cuatro delitos, en su oficina dentro del cuartel general del ejército, ubicado en la aldea las Tapias, en las afueras de Tegucigalpa. Cerca de las 11 de la noche se informó que le fue dictado sobreseimiento provisional.
Ayer jueves, el equipo legal de los defensores de los bienes comunes, recusó al juez Carlos Irias de León que llevaría la causa en la ciudad de San Pedro Sula. La razón de que Irías de León no conociera este proceso es que cuenta con una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad.
Hasta el lugar se movilizó un grupo de pobladores y pobladoras que conforman el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, y medios de comunicación; sin embargo, no se permitió el ingreso a la sala de audiencias.
La raíz de la criminalización data desde septiembre de 2018, cuando se instaló un campamento por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, que serían afectados por la instalación de un proyecto minero de Inversiones Los Pinares en la zona de amortiguamiento del Parque nacional “Carlos Escaleras Mejía”.
Reynaldo Domínguez, criminalizado por su lucha y quien presentó el recurso, expresó que con este recurso se espera que los Juzgados con Jurisdicción Nacional “realmente conozcan los delitos que se pueden juzgar en esta instancia, pero no para criminalizar a defensores”.
Lamentó que a los militares les moleste la presencia civil. Agregó que, la justicia es militar porque los llevan a ese cuartel (refiriéndose al Fuerte Cabañas) para juzgarlos, que lo únicos que hacemos es defender el agua y el bosque.
La presencia civil es importante, nosotros sólo buscamos justicia para nuestros compañeros y declarar libre de minería nuestro municipio.
Hizo una comparación con la situación de escasez de agua en la capital con la defensa que hacen de los ríos en el departamento de Colón, donde “todavía tenemos agua y por eso la defendemos porque estos proyectos mineros lo que hacen es llevarnos a la desgracia”.
Un informe titulado “Criminalización de la oposición política en Honduras aplicando medidas electivas de la estrategia contra el terrorismo y el crimen organizado”, elaborado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), habla que la estrategia de criminalización “es selectiva prioriza liderazgos intermedios y a todo actor que se visibilice en protestas”.
El informe también señala que “el Juez con Jurisdicción Nacional, no tenía condiciones para ejercer su independencia e imparcialidad, pues fue designado a solicitud de una de la partes (El Ministerio Público), sacando a los imputados de la jurisdicción ordinaria (Juez de letras), por ello no tiene competencia para conocer el asunto ni tiene asignadas por la ley esas funciones específicas”.
