Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La decisión, a última hora, de trasladar la audiencia inicial contra ocho defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol a San Pedro Sula, genera un espacio para “torcer” la justicia en favor de los grandes empresarios.
Es la opinión del ambientalista Pedro Landa, al ser entrevistado por Conexihon, este miércoles, luego de acompañar la conferencia de prensa del Comité Municipal en defensa de los Bienes Comunes y Públicos, quienes se mantienen en un campamento pacífico desde el lunes pasado frente al Ministerio Público, en Tegucigalpa.
Mañana jueves, en los Juzgados de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, al norte del país, serán presentados ocho defensores de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, siete de ellos recluidos desde el lunes en la Penitenciaría Nacional «Marco Aurelio Soto», en Támara, Francisco Morazán y uno de ellos en La Ceiba, Atlántida.
La criminalización obedece a la defensa de varias comunidades en defensa del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, renombrado como «Carlos Escaleras Mejía», donde fue trastocada su zona núcleo para favorecer la instalación de una empresa minera por parte de Inversiones Los Pinares, según los ambientalistas.
Desde octubre de 2018, la comunidad de Guapinol y el sector San Pedro, han sido objeto de persecución policial y militar hasta llegar a la criminalización contra 32 personas.
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Pedro Landa |
Landa consideró, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), este patrón es de siempre, donde la justicia se mueve en base a los intereses de las empresas y el gran capital.
Recordó que, en este tema, el Juzgado Sampedrano, ya fue recusado por el caso de Jeremías Martínez.
Lo que queda demostrado es el tráfico de la justicia que prevalece en el Sistema de Justicia estatal en defender los intereses del capital coorporativo sin importar la inocencia de defensores, como lo fue en marzo pasado.
Estado incumple sentencia de Corte IDH
Para 2015, agregó el nombre de Carlos Escaleras Mejía al Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, como uno de los puntos alcanzados en el acuerdo con la familia Escaleras (organizaciones que acompañaron el caso y el Estado de Honduras, luego de que el asesinato de Escaleras Mejía, ocurrido en 1997, fuera llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Sin embargo, el Congreso Nacional otorgó una concesión que reduce la zona núcleo y la zona de amortiguamiento para favorecer a inversiones los Pinares S.A. De acuerdo al artículo cinco del Decreto 252-2013, de 24,223.7 hectáreas que conformaban la Zona Núcleo, se redujo a 24,006.36 hectáreas. Mientras que la Zona de Amortiguamiento (considerada como la que rodea la zona núcleo para mitigar las actividades humanas) se amplió de 72,531.7 a 72, 749.04 hectáreas.
Estas decisiones graves son ejecutadas desde los tres Poderes del Estado, ese mismo Estado que se comprometió a crear ese monumento, lo está entregando para la destrucción”, puntualizó Pedro Landa.
El defensor de los bienes comunes y la naturaleza, mencionó que dicha actitud hace una violación del acuerdo alcanzado y homologado por la Corte IDH y al final el Estado hondureño tenga una doble condena por lo que consideró “una actuación negligente del sistema de justicia y el papel cómplice del poder”.
Igualmente son responsables, indicó el líder ambientalista, quienes las autoridades que están por encima del Alcalde de Tocoa, Adán Funes, que no acata las exigencias del pueblo, de instalar un cabildo abierto para declarar el territorio “Libre de Minería y expulsar a todas estas empresas, cuyas concesiones han sido entregadas de forma irregular sus concesiones”.
Inseguridad jurídica
A criterio del abogado Edy Tabora, una de las causas para que movieran la audiencia a la ciudad del norte, es que no existan acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social en Tegucigalpa así como desmovilizar el campamento Guapinol, instalado desde el 26 de agosto.
Otra de las razones que expuso Tábora, es que el juez que conocerá del caso en San Pedro Sula, Carlos Irías de León, “es garantía para la empresa para que los compañeros sean privados de libertad”.
Por último, Tábora amplió que, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se encuentra todavía en el país y los jueces no quieren desarrollar la audiencia en la capital para que no se conozca como el Estado “criminaliza a los defensores del agua y la vida.
