Morocelí, El Paraíso (Conexihon).- “Libertad era un asunto, mal manejado por tres”, tal como dice un fragmento de “Para el pueblo lo que es del Pueblo”, del trovador argentino Piero. Así se puede reflejar la visita a uno de los dos centros penitenciarios de máxima seguridad en el país, La Tolva, donde se encuentran recluidos por razones políticas Raúl Eduardo Álvarez y Edwin Rovelo Espinal.
A las 10 de la mañana del jueves 06 de septiembre, un equipo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) llegó al centro penitenciario ubicado a unos 70 kilómetros de Tegucigalpa, al oriente del país. El motivo era visitar a Raúl, detenido el 19 de enero de este año, en una colonia capitalina.
Cabe señalar que, los delitos por los que acusan a Raúl, cuya representación legal la tiene C-Libre, no merece estar en cárcel de máxima seguridad. Se le acusa de Daños agravados, incendio y otros estragos, uso de material explosivo comercial de fabricación cacera luego de los hechos contra las instalaciones de un hotel y un restaurante de comida rápida, el pasado 13 de enero, cuando una movilización de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, fue desalojada violentamente de las calles del Boulevard Juan Pablo II, donde resultaron golpeados periodistas e interrumpido su trabajo por militares.
Tanto Raul como Edwin, llevan cerca de 200 días en la cárcel de máxima seguridad de «La Tolva».
Cerca de 40 minutos duró la espera bajo un fuerte sol, ante la soledad del imponente centro penitenciario de alta seguridad, uno de los dos construidos por Juan Orlando Hernández en su periodo constitucional en la Presidencia (2014-2018).
Un militar cruzaba palabras con otro, hablaban hacia el módulo donde se encuentran Raúl y Edwin, la abogada Kenia Oliva preguntaba, revisaba sus documentos, buscaba un poco de sombra y también de justicia para Álvarez. “No es la primera vez que me pasa esto, lo hacen para que uno se canse y se vaya”, comentó.
Ir sólo de visita, de por sí restringida a este centro penal, sería batallar solo en un desierto. El bloqueo de llamadas a celulares es efectivo, hay un retén militar permanente y el transporte pasa en horarios irregulares de El Paraíso hacia la capital.
La abogada Oliva logró ingresar a lo que llaman la primera aduana. Faltaba unos metros para que en la segunda estación le revisaran si portaba armas. Lo que la acompañaba era un lápiz, un documento para ratificar la defensa de Raúl Álvarez y sus libros (leyes) que porta como profesional del derecho.
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La situación en este lugar es deprimente
Al salir de la cárcel de máxima seguridad, Oliva regresó con más decepciones que la última vez que ingresó a este lugar.
Su expediente lo están retrasando, no sigue su curso normal. La Corte de Apelaciones ya emitió sentencia y no ha bajado al Tribunal para que el proceso continúe, pormenorizó a Conexihon.
“Hay restricciones para alimentación, para medicina, para abogados, hoy lo pudimos ver”, lamentó la profesional del derecho. Añadió que su representado aún espera que un galeno le extienda una receta médica para recibir alimentación adecuada y algunos medicamentos ante problemas de salud que adolece.
Oliva cuestionó que el centro penal sólo se ha limitado a realizarle exámenes de tuberculosis y VIH/SIDA. “Nunca hemos denunciado que padezca de estas enfermedades”. Y con esto quieren salvaguardar diciendo que si le han realizado chequeos médicos.
Además, Oliva preguntó dentro de la prisión si podía tener acceso a conversar con el director del centro penal, a fin de consultar sobre algunos complejos vitamínicos que Raúl necesita.
Justamente al momento de la conversación de Oliva con este medio de comunicación, el director salió. Cuando nos negaron su estadía en el centro penal. “Es que es información confidencial”, arguyó un guardia de seguridad.
Como funcionario público que es –el director del centro penitenciario- y como abogados de un encarcelado, tenemos derecho a preguntarle y cuestionarle sobre lo que pasa en el centro penal, reclamó la defensora de derechos humanos.
En trabajo social no me quisieron atender una solicitud que pretendía hacer y me dijeron que cualquier petición es con el guardia que andaba de vigilante y es preocupante, en el pasado con el anterior director pude plantearle algunas inquietudes y esto que pasa es preocupante porque están castigando a los privados de libertad.
“En ese lugar no hay derecho a hablar, a expresarse ni con un medio, trabajador social y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe “poner ojo” aquí, nosotros vamos a denunciar esta situación, para eso les pagamos un salario”, reclamó Kenia Oliva.
Raúl se encuentra preso junto a Edwin Robelo Espinal, uno de los líderes sociales que se opuso al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en junio de 2009. A raíz de esta situación, fue objeto de persecución, vigilancia y detención desde los propios aparatos de seguridad del Estado.
Este medio de comunicación se comunicó con familiares de Rovelo Espinal, quienes aseguraron que tuvo que pasar un trámite similar al que vive Raúl para que le fuera extendida una constancia médica.
“Siempre fue engorroso, dos horas afuera, hay seis personas en la entrada haciendo nada, marcando líneas internas que no responden para avisar que estamos. No tienen interés en avisar de las visitas”, comentaron su familiares, que por razones de seguridad no mencionamos sus nombres.
Tras la visita In loco al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una de sus recomendaciones habla de garantizar la realización de visitas a los centros penitenciarios de una manera regular, así como la reforma del artículo 10 del Reglamento de Visitas del Sistema Penitenciario; mismo que pide una serie de documentación (que se incurre en gastos económicos) y así obtener un carnet de visitas.
Amnistía Internacional, en su informe “Prohibido Protestar; Uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras” evidencia que la situación de Edwin y Raúl no es acorde con los estándares internacionales sobre el uso de la detención preventiva.
Ambos fueron puestos en celdas de aislamiento cerca de 10 a 15 días. Sólo podían recibir comida y para ir al baño, un custodio les abría la puerta y los trasladaba. “Esta medida evidencia la voluntad de tratarlos como peligrosos delincuentes”, cita el informe de Amnistía Internacional, divulgado en marzo de este año.
El informe cuestiona que las reuniones con sus respectivos abogadas ha sido limitada a unos 15 minutos.
“Raúl está muy positivo, confía en que un Tribunal de Sentencia pueda absolverlo”, puntualizó Oliva sobre el estado moral de su representado. A pesar de su delicado estado físico mantiene la esperanza en que se haga justicia. Por ahora tiene que enfrentarse junto a su compañero Edwin a la soledad de ser un preso político en el país. Hasta que los militares y las autoridades de justicia ‘se jueguen a las cartas’ su libertad.
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