Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Amnistía Internacional (AI), cuestionó este martes la persistencia en la violación de derechos humanos en Honduras, específicamente de las personas detenidas durante la crisis post electoral de noviembre de 2017.
En el informe “Prohibido protestar: Uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras”, publicado este día, Amnistía Internacional denunció que las personas detenidas y recluidas en prisión, se les niega el derecho al debido proceso y son encarceladas en condiciones inhumanas.
“El Estado mantuvo después a las personas recluidas en condiciones deplorables durante meses, negándoles su derecho al debido proceso y a una defensa adecuada”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización realizó entrevistas en profundidad con personas detenidas durante las protestas y corroboró sus relatos, en la medida de lo posible, mediante actas judiciales, documentos escritos y reuniones con representantes del Estado.
Las personas que estuvieron detenidas en espera de juicio dijeron a la organización que padecieron un acceso restringido tanto a sus abogados y abogadas como a sus familiares, falta de camas y una grave escasez de alimentos y agua potable. A veces se las mantenía aisladas o debían compartir celda con presos condenados, algo que viola las normas internacionales de derechos humanos.
Casos como los de Edwin Rovelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez, quienes están sometidos en la prisión de máxima seguridad conocida como “La Tolva”, y Jhonny Salgado puesto en libertad con medidas contrarias a prisión, preocuparon a AI, dado que sus testimonios describieron violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades hondureñas que podrían constituir torturas y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes.
La organización alegó que no pudo analizar las decisiones luego de cuatro meses después de las audiencias y tras varias solicitudes de sus abogadas, seguían sin obtener las actas de estas.
Hasta la fecha, 18 de 22 presos políticos gozan nuevamente de la libertad, pero con medidas sustitutivas y a la espera de un juicio en su contra. Tres continúan en prisión.
Ni investigación ni responsables de violaciones a DDHH en prisión
A partir de las movilizaciones, luego del proceso electoral del 26 de noviembre de 2017, la ciudadanía hondureña, aglutinada en organizaciones sociales y simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, salieron a manifestarse contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró ganador del proceso al candidato oficialista Juan Orlando Hernández.
Información que recogió Amnistía Internacional cita que las fuerzas de seguridad reprimieron con brutalidad a los y las manifestantes y detuvieron a más de mil personas por presuntamente incumplir un toque de queda que el gobierno de Hernández, bajo el decreto PCM-034-2017, el 01 de diciembre de 2017 y que duró cerca de 10 días.
Cifras que maneja tanto el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) muestran que son 34 las personas asesinadas por razones políticas dentro del contexto pre y post electoral. De estas, 22 son responsabilidad de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
“Las investigaciones de esas muertes no han llevado todavía a la presentación de cargos contra miembros de las fuerzas de seguridad”, sostuvo Amnistía Internacional.
La organización internacional consideró en su informe, que el uso excesivo de la fuerza “innecesaria y desproporcional” revela el clima de intimidación instaurado por las autoridades del país para disuadir a la población que participa en protestas.
Guevara Rosas catalogó como “una vergüenza” que el Estado hondureño se apresure a criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta, pero no a investigar las muertes de personas que “hacen oír sus voces con valentía en las manifestaciones”.
“Sin embargo, pese a la estrategia de las autoridades de castigar a quienes protestan y reprimir el disentimiento, el pueblo hondureño debe saber que no está solo. En todo el mundo, expresamos nuestra solidaridad con él.”, agregó la directora para las Américas de AI.
Recomendaciones
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Honduras que abran investigaciones rápidas, imparciales, independientes y efectivas de todos los casos de uso innecesario o excesivo de la fuerza en toda la crisis poselectoral.
Las autoridades deben asegurarse de que las personas juzgadas por presuntos delitos cometidos en relación con las protestas tengan todas las garantías jurídicas del debido proceso.
También deben asegurarse de que las condiciones de reclusión sean compatibles con la dignidad humana e incluyan el acceso a agua potable, alimentos y tratamiento médico, además de reformar el reglamento de visitas para garantizar que las personas detenidas tengan periódicamente acceso a sus familiares y a asesoramiento jurídico de su propia elección.
