Casi todos los gobiernos en el mundo han utilizado la ley sobre secretos oficiales de manera abusiva, restringiendo el derecho de las personas a acceder a la información. La reciente derogación de esa ley en Honduras, es calificada como un paso positivo que dio el país.
Pero, ¿se desclasificó completamente toda la información?, no. Aún quedan varias trampas y muros que impiden una verdadera transparencia en el acceso de información.
Los hondureños aplaudieron la aprobación del decreto 12-2022, que derogó la ley para la clasificación de documentos públicos en el mes de marzo de 2022, relacionados con la seguridad y defensa nacional, llamada popularmente: ley de secretos.
Fue un gran logro inicial del actual gobierno, esta derogación revive la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estaba bloqueada por esa ley de secretos.
Pero según abogados y analistas, siguen existiendo algunas dificultades que todavía no han sido superadas en la misma legislación hondureña, esas son las trampas que colocó el anterior régimen y que impide en la actualidad el desbloqueo de información y la utilización de información valiosa para procesar a corruptos.
“Las reformas al artículo 217 y 220 del Código Procesal Penal, le impiden por ejemplo al Ministerio Público decomisar documentación durante una investigación criminal. El financiamiento de los partidos políticos tiene bloqueo porque a solicitud de la Unidad de Política Limpia en el 2018, se declararon bajo secreto los datos personales de los aportantes privados”, explica Tomás Andino, abogado y analista hondureño.
Es en esa solicitud de la Unidad de Política Limpia que se incluyeron bajo reserva las cantidades que aportan, la imagen del cheque, las facturas, las cotizaciones y hasta la base de datos de la misma Unidad. “Esto es un obstáculo, una trampa que impide avanzar en la transparencia del Estado de Honduras”, lamenta Andino.
Se violenta el derecho de información a periodistas, comunicadores y defensores de DDHH
Hay información clave que constantemente ha sido negada a periodistas y defensores de Derechos Humanos (DDHH) y es la concerniente a los contratos que se firmaron para instalación por ejemplo de las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes), las concesiones de territorios para instalación de proyectos de generación de energía, empresas mineras, entre otros.
Esos contratos se aferran a las cláusulas de secretividad que de manera mal intencionada se colocaron y que pese a la derogación de secretos siguen vigentes y limitando la información a periodistas, comunicadores, líderes comunitarios y defensores de DDHH.
“Esa es una aberración jurídica, son contratos suscritos con personas y empresas extranjeras. La ley es clara que se debe respetar la normativa interna, pero esos contratos no fueron ni enviados a la Procuraduría General de la República (PGR), señala el comisionado del Iaip, Julio Vladimir Mendoza.
Aún con esas irregularidades fueron aprobados por el Congreso Nacional, van cláusulas que limitan el acceso a la información pública. “Se restringe la información, es un bloqueo a nuestro trabajo”, dijo Carlos Rivera, comunicador del occidente de Honduras.
Contratos como el de las Zedes, concesiones de proyectos con impacto ambiental, que afectan a las comunidades, periodistas, comunicadores y defensores y también, limitan al Iaip.
Información de fideicomisos también bloqueada
Hay también un gran número de fideicomisos de recursos públicos que también están bajo protección de esas leyes. A esto se suman las trabas a nivel del Código de Comercio y la ley de inteligencia.
“Se supone que esto tendría efecto en otra ley, por ejemplo la ley de inteligencia, en los artículos 18 y 19, pero esa derogación tácita es como muy difícil saber si la van a aplicar o no”, refiere Edy Tábora, abogado que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de secretos.
El decreto que deroga la ley de secretos establece que es la ley de transparencia la que determina en caso de cualquier otra disposición que imposibilite el acceso de información, el procedimiento establecido para la reserva de información.
Por ejemplo, hay un gran número de fideicomisos de recursos públicos que siguen bajo los lineamientos de secreto que son manejados por la banca privada. “A menos que se reforme la ley o se apruebe una nueva ley especial de fideicomisos, hasta ese entonces podrán ser desclasificados”, explica Tomás Andino.
Lo cierto es que sí hay un avance, pero hay todavía obstáculos que impiden una transparencia completa para perseguir el delito de corrupción y similares. Por eso los abogados y analistas concluyen que va a ser complicado obtener esa información a menos que se deroguen o reformen esas leyes.
“Muchas cosas se van a poder conocer porque no todas las instituciones tienen esas trabas, en algunos casos los abogados recurren a esos mecanismos y seguramente van a tener dificultades para sacar la información, pero en todo lo demás hay ahora más libertad”, dice Andino.
La derogación
Lo que tenemos por ahora es la derogación y una derogación tiene implicaciones no solo en la ley de secretos, sino que dice la ley “se tendrán por derogadas todas aquellas normas que se opongan al derecho de acceso a la información en los términos del decreto”.
¿Qué implica?
Que como la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública faculta al Instituto de Acceso a la Información Pública (Iaip), a emitir este tipo de resoluciones, se entendería que puede seguir vigente.
“Lo que tiene que hacer el Iaip es revisar esas resoluciones para ver si están en el marco de la derogación de la ley de secretos. No sabemos lo que puede implicar porque no hemos hecho ese ejercicio para ver si en la práctica se puede acceder a la información a través de la petición”, explica Edy Tábora.
Pero según Tábora, al revisar los portales de transparencia de las instituciones relacionadas con la secretividad y que fueron amparados en la ley de secretos, no se ve aún esa información de la administración de Juan Orlando Hernández en sus dos períodos de Gobierno a la vista.
“Toda la información debería estar disponible, pero no la vemos. Uno de los grandes problemas que hay en materia de secretividad en el país es que no hay una indexación sobre la información que está bajo secreto y eso genera que ni siquiera sepamos cuál era la información que ahora debe estar pública” señala el abogado.
Se debe desclasificar
Si bien la derogación de esa ley fue importante, hay dos cosas a tomar en cuenta: una, la derogación del decreto dice que toda la información que fue clasificada como reservada bajo la ley denominada de secretos, ahora tiene que ser desclasificada.
Y dos, que los procesos de desclasificación de la información debe darse ante el Iaip, tal como establece la ley.
“Se le reconoce al Iaip sus competencias que es a quien le corresponde y le tendría que corresponder”, apunta Rafael Jerez, abogado.
¿Cuáles son los puntos pendientes de la ley de secretos?
La Ley de secretos establece otros mecanismos para clasificar la información, no solamente estaba la información en calidad de reservada sino que también estaba en calidad de confidencial, secreta y ultrasecreta.
El decreto con el que se derogó la ley de secretos lo único que dice es que se desclasifica la información clasificada como reservada, pero toda aquella información que fue clasificada como confidencial, secreta y ultrasecreta, eso continúa igual.
“Lo importante es que el mismo Iaip pueda esclarecer esto. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), por lo menos ya no le tendría que corresponder porque la ley de secretos se derogó. La información que fue clasificada como confidencial, secreta y ultrasecreta continúa en esta condición y no podemos saber qué información fue por la clasificación que dio en su momento el CNDS”, dice Jerez.
¿Acceso real a la información?
Para el director del Instituto Holandés por la Democracia, Luis León, hay algunos temas sin resolver en la ley de secretos. Señala que la gran prioridad del pueblo hondureño fue la tasa de seguridad y sigue manteniendo ciertos niveles de secretividad.
Además que el Iaip no ha logrado dar el paso hacia adelante para ir más allá de los portales de transparencia.
“La misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no garantiza un acceso a información tan real y creo que es otro obstáculo”, lamenta León.
Para el director del Instituto Holandes, no hay un sentir común que la derogación de la ley de secretos genere transparencia, “es una de las cosas que hay que revisar porque no solo se trata de derogar o aprobar leyes, se trata de crear mecanismos organizacionales,, operativos y reglamentarios que garanticen que la información es pública”
Fiscalización y contraloría
Para la transparencia en la información primero debe resolverse el problema de la poca capacidad de hacer contraloría que señala Luis León tiene el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y también el Ministerio Público.
“El TSC no logra fiscalizar a las instituciones y por otro lado, un Ministerio Público que es incapaz de investigar, además de un sistema judicial incapaz de procesar casos porque el mismo requerimiento fiscal no existe o es de muy mala calidad”, señala el analista.
Por lo tanto concluye que Honduras tiene un problema estructural de Estado, un Iaip muy débil y que los mecanismos de contraloría son casi inexistentes.
Otro problema que apunta es la falta de valores morales, éticos de los funcionarios públicos que no entienden que un funcionario público tiene una responsabilidad con el pueblo hondureño y que debe de rendir cuentas.
“La individualidad que tenemos en las estructuras del Estado de no rendir cuentas, de no generar información, se llevan de encuentro a los valores éticos que deben ser primordiales en el funcionamiento público”.
Si entregan información
Pero en el Iaip dicen que las cosas han cambiado porque las instituciones y algunos fideicomisos están entregando información.
“Lo digo con contundencia porque son pocos los recursos de revisión que presentan ciudadanos, periodistas, la sociedad civil y si no interponen recursos de revisión de esas instituciones que antes tenían reservada información como ultrasecreta confidencial y demás, significa que se está entregando información.
Como ejemplo, Julio Wilfredo Mendoza, Comisionado del Iaip le explicó a Conexihon.que la Secretaría de Defensa desde la derogación de la Ley de Secretos, sólo ha recibido un recurso de revisión y fue porque entregaron la documentación fuera del plazo de 10 días.
No niegan que todavía existen ciertas instituciones que no brindan información, porque en la administración de Juan Orlando Hernández se suscribieron contratos con cláusulas de confidencialidad.
¿Qué hace el Iaip?
Están emitiendo las resoluciones, pero están conscientes que tendrán que dar traslado a la PGR algunos contratos porque tienen cláusulas que violentan la ley de Transparencia y el derecho fundamental de acceder a la información generada por parte del Estado.
“Es información que es considerada no solo por la ley de Transparencia como información pública sino que por Tratados y Convenios Internacionales, incluso, hasta por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explica el comisionado del Iaip.
Si advierten que si como Iaip, llegarán a entregar esta información en estos casos de los contratos con cláusulas en secretividad, el Estado puede ser demandado por parte de estas empresas o personas.
“Por eso tiene que ser por medio de la PGR, para que solicite la nulidad de ciertas cláusulas que están en ciertos contratos y en muchos de los fideicomisos”, dice Juan Vladimir Mendoza.
Siguen vigentes los muros para acceder a cierto tipo de información o que la ciudadanía pueda acceder a esa información.
Son alrededor de unos 80 a 90 fideicomisos que con la derogación de la ley de secretos se desblindó y es una información que está siendo generada y entregada a muchos ciudadanos según reportes del Iaip.
“Si hay ciertos muros porque se suscribieron contratos, convenios con cláusulas que los convirtieron en ley, sin embargo por medio de la PGR se promoverá la nulidad relativa o absoluta de ciertas cláusulas se puedan desblindar esa información y que son violatorias a la ley de transparencia”, dice el comisionado.
Información clasificada que no debió ser secreta
Hay muchos servidores públicos que se ampararon en la ley de secretos y que colocaron información que no tiene nada que ver en defensa y seguridad con operativos y con ciertas tareas tácticas como reservada.
“Mucha información todavía no nos hemos dado cuenta de qué se trata porque clasificaban información y solo decían como secreta, sin demostrar o acreditar la documentación y el ciudadano decía reservada”, refiere Mendoza.
Muchos incluso emitían notas colocando información como reservada cuando no lo era y se quedó así.
Hoy el Iaip pide a los hondureños que vuelvan a solicitar la información o que interpongan los recursos de revisión en caso de ser denegada.
“Ninguna institución puede ampararse en la ley de secretos para la no entrega de información, porque ahora la información se entrega, la información es más fluida”.
A Honduras le llegó la hora de abrir el candado de los secretos oficiales, no es a medias debe ser total porque toda esa información de ocho años dejó de ser un secreto. Fue un secreto que promovió violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que hoy por hoy siguen impidiendo a periodistas, comunicadores, líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos el acceso a la información.
