Tegucigalpa, Honduras(conexión).- En un hecho sin precedentes y público el Estado de Honduras reconoció que el homicidio de “Vicky” Hernández se constituyó en una violación de derechos humanos, esto como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH emitida el 28 de junio de 2021, que encontró evidencia suficiente para señalar las irregularidades en el proceso.
Después de 13 años de constantes evasiones, el Estado de Honduras reconoció su culpabilidad en la violación a los derechos humanos de Vicky Hernández, aceptando cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), La primera a favor de una mujer transgénero hondureña.
Durante más de una década el caso del homicidio de Vicky se mantuvo vigente gracias al trabajo en conjunto de colectivos LGTBI que en compañía de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, establecieron una base legal sólida suficientemente contundente para demostrar que el Gobierno de Honduras es culpable de retardo injustificado de justicia y actos de discriminación por preferencia sexual, una de las pruebas más contundentes fue la negativa de medicina forense para realizar el proceso legal que incluye la práctica de una autopsia, fundamental para determinar las causas de la muerte y que busca orientar mejor el proceso investigativo, en el caso de Vicky esto no ocurrió. Lo único que se sabe es que los criminales le dispararon en varias ocasiones.
Caso de Vicky: Un camino en la lucha por justicia para TODAS
Indyra Mendoza; líder de la red lésbica CATTRACHAS, describió el proceso como un camino por la refundación personal y moral de todos los que amaron a Vicky y hoy defienden no solo su memoria, también los derechos de los y las integrantes de la comunidad, al exigir al estado actuar como Rosa Hernández madre de Vicky, que paso de amorosa madre ha aguerrida defensora de derechos humanos.
Mendoza: “El Estado de Honduras solo debe seguir su ejemplo, de una mujer que construye matria y patria y crear las condiciones de la vida digna, así como los derechos de salud, educación pero sobretodo derecho a la vida”.
Inicio de cumplimiento de sentencia
Durante la ceremonia la presidenta Xiomara Castro pidió perdón pese a que irónicamente la noche del asesinato de “Vicky” su esposo y familia eran defenestrados del poder, dando paso a una ola de crimines que no fueron reconocidos durante 12 años y que suman 280. Castro: “Solicitamos públicamente el perdón por este terrible hecho”.
Sin embargo, no implica que con el reconocimiento se termina la lucha emprendida por organizaciones de derechos humanos, la sentencia obliga el cumplimiento de doce puntos que incluyen acciones y reformas con mayor incidencia en el trabajo de investigación.
Talvez el más complicado sea la investigación del homicidio, no solo porque hay fuertes indicios que agentes de seguridad del Estado cometieron el crimen, también por la poca capacidad de investigación del poder judicial, así lo reconoció la subsecretaria de seguridad Julissa Villanueva al confirmar lo que las comunidades sabían anticipadamente, el déficit en investigación recae sobre 1,200 agentes que desechan y asumen casos en una espiral sin fin para tratar se hacer justicia frente a una ola criminal que no da tregua. Pese a eso Villanueva afirmó que durante su gestión comunidad LGBTI será tema de Estado, además de comprometerse a que la policía haga su trabajo. Villanueva: “No vamos a permitir que la policía siga dañando la comunidad”.
Pese a las evidentes dificultades para hacer cumplir con el mandato de la Corte, la comunidad LGTBI afirma que este es un paso contundente que nadie fuera de su círculo pensó que lograrían, alimentando las esperanzas para buscar mayor apertura e inclusión sobre todo en políticas de salud, educación vivienda.
Donny Reyes: “Este es un primer paso, nos alegra que sea la Presidenta quien se comprometa, hay mucho que hacer no solo de trata de cumplir una sentencia hay que traducirlo en hechos, en policías de educación, trabajo y salud”.
La gran deuda
Sin embargo, no es suficiente el reconocimiento, el acumulado de injusticias superan la histórica victoria legal, como lo dijo en su presentación la directora del Colectivo Rosa, este acto es la punta de lanza, porque no se puede esperar 13 años para encontrar justicia por cada homicidio, se debe actuar anticipadamente y comenzar por reforzar la leyes a su favor concluyó Perdomo.
La gran deuda que el Estado tiene con la comunidad LGTBI se traduce en una falta de legislación para alcanzar leyes de identidad de género e igualdad y equidad, una lucha que ya cumple 30 años, con el avance más significativo en la supresión de identificación de genero el en documento de identificación nacional DNI.
La lógica del cambió gubernamental, social y político lo resumió en sus palabras Rosa Hernández la madre de Vicky:” Todos somos humanos, ninguno mejor que otros, nadie es perfecto y como dice la palabra de Dios el que esté libre de pecado que lance la primera piedra”.
Por lo pronto, el siguiente paso en el proceso de perdón que el Estado inicia con Vicky Hernández y la comunidad se llevará a cabo el próximo 17 de mayo con la exhibición del documental 28 de junio: Vicky Hernández versus Honduras
