Tocoa, Honduras, CONEXIHON; El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT o “Comité Municipal”) alerta sobre el aumento de la inseguridad y las amenazas que enfrentan las y los miembros del colectivo y sus familias en vísperas del cabildo abierto previsto para el sábado nueve (9) de diciembre de 2023 en Tocoa en relación con la instalación de un proyecto de energía termoeléctrica de coque de petróleo por la empresa Ecotek.
La planta termoeléctrica producirá energía principalmente para proporcionar electricidad a la empresa para peletizar el óxido de hierro extraído de las concesiones mineras de Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Tanto Ecotek como Los Pinares forman parte de Emco Holdings, controlada principalmente por Ana Facusse y Lenir Pérez. La pareja ha sido ampliamente denunciada por sus vínculos con graves violaciones a los derechos humanos tanto en comunidades donde operan sus minas en el departamento de Colón como anteriormente en Atlántida, donde los defensores de derechos humanos que se oponen a su mina también se vieron obligados a acudir a la CIDH en busca de protección.
El CMDBCPT también alerta sobre el ambiente de miedo que se está imponiendo a la población en general para que se abstenga de participar libremente en el cabildo, incluyendo campañas de odio ampliamente difundidas en las redes sociales destinadas a invocar el temor.
Estos actos de violencia y odio, dirigidos a las y los miembros del Comité Municipal y sus familias, que también producen miedo en la población en general, incluyen campañas de estigmatización en línea como también amenazas.
Campanas virtuales de estigmatización para provocar miedo y terror tras la convocatoria para cabildo abierto:
- Desde finales de noviembre, acusaciones falsas por parte del usuario anónimo de Facebook «Isacc Rubio» – cuenta que ha sido denunciada ante el Ministerio Público desde enero de 2023. Estos mensajes tienen como objetivo criminalizar y estigmatizar a los defensores de derechos humanos.
- Desde el mes de Publicaciones en la página de facebook «Noticias de Colón HN» que incitan a la violencia, difunden calumnias contra las personas defensoras y sus familias.
- La publicación de un documento de 23 páginas titulado «Hechos Violentos» que ha sido ampliamente distribuido por el gerente del medio Noticias de Colon/TN5. El extenso documento con fotos a color afirma ser un «Resumen de los actos realizados en contra de Inversiones Los Pinares por un grupo de violentos que se manifestaban en contra de la actividad minera en la zona.» Este documento incluye falsas acusaciones por asesinatos de personal y colaboradores de la empresa y destrucción de propiedades.
- Es importante resaltar que este documento sigue la misma línea de falsas acusaciones que se vienen realizando contra miembros del Comité Municipal por parte de la empresa y aliados desde al menos el año 2018.
- Es importante señalar que a principios de 2023, cuentas falsas vinculadas directamente a Los Pinares, fueron destapadas por una investigación de medio de comunicación Contracorriente que demuestra que los ataques en línea contra miembros del CMDBCPT, fueron coordinados por personas vinculadas a la empresa Emco. En las publicaciones coordinadas en “X”, usaron la misma información falsa que ahora publican Hector Madrid de Las Noticias de Colón e «Isacc Rubio».
- Muchas de las imágenes utilizadas en este documento fueron presentadas como medios de prueba durante el juicio a ocho defensores del agua en 2022 y se demostró en juicio que fueron sacadas de contexto para incriminar falsamente a los defensores.
Otras agresiones
Otras personas defensoras del Comité Municipal que han estado activas en la socialización de información previa al cabildo, han denunciado que sus viviendas y bienes personales han sido víctimas de intimidaciones para que dejen de ejercer su labor como personas defensoras de derechos humanos, limitando su libertad de expresión y asociación. Otras personas defensoras han sido amenazadas con desplazamiento forzado si no cesan su resistencia al proyecto minero.
Además, vamos alarmante que Adan Funes, alcalde de Tocoa quien ha apoyado abiertamente a Emco mientras utiliza un discurso discriminatorio contra las y los miembros del Comité Municipal, esté esta semana emitiendo el «Bono Solidario» en nombre del Gobierno Central, pero en lugar de entregarlo a todas las personas necesitadas, sus representantes en las comunidades locales han dicho a las y los ciudadanos que no recibirán el bono a menos que estén a favor de Adan Funes y la empresa. Este soborno es preocupante porque no sólo excluye a las y los legítimos beneficiarios del programa gubernamental, sino que provoca controversia y enfrentamiento a las y los vecinos entre sí.
Creemos importante señalar que un inversionista importante en Emco Holdings es el Instituto de Provisiones Militares con 1527698 acciones (representando un 5.5 porcentaje de participación) en la empresa Alutech S.A. de C.V. otra empresa parte de Emco Holdings. Además, según una investigación de Contracorriente publicada en enero de 2023, Lenir Pérez y Ana Facusse podrían mantener un “acceso privilegiado al nuevo gobierno a través del trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación”. Estos hechos muestran claramente el conflicto de intereses de parte del Estado en proteger las ganancias de la empresa por encima del bienestar del pueblo.
El 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas urgentes (MC 137-23) a treinta personas miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y a sus representantes legales del Bufete Justicia para los Pueblos dada su urgente e inminente situación de riesgo. En los dos meses transcurridos desde que la CIDH hizo pública la decisión, el Estado hondureño no ha realizado cambios en la situación para garantizar la seguridad física e integral de las y los beneficiarios. Al respaldar públicamente el cabildo abierto, sin brindar la información necesaria para un voto informado y sin denunciar las agresiones contra las personas defensoras que han sido compartidas por múltiples canales, funcionarios del Estado a nivel local y nacional están incrementando el nivel de inseguridad para los beneficiarios del MC137-23.
Sobre el Cabildo
La situación de riesgo de la y los beneficiarios de las medidas cautelares otorgados por la CIDH sigue siendo preocupante, tanto por la actuación de las autoridades locales y nacionales, como de la empresa. Debido al próximo cabildo abierto del nueve (9) de diciembre de 2023, se han incrementado las campañas de intimidación y odio en línea, dirigidas especialmente a los beneficiarios y miembros del Comité Municipal.
El cabildo se ha vendido como la mejor opción para sacar adelante el proyecto energético de coque de petróleo, con el enfoque de manipular a la gente, para movilizar la población en general para que vote a favor de la planta termoeléctrica, sin informarles de los impactos sociales, sanitarios y ambientales del proyecto energético, que según registros de la empresa a la SERNA generará electricidad para la planta de la mina, no para los ciudadanos de Tocoa.
El cabildo abierto también ha sido promovido por la empresa «Ecotek» (parte de Emco Holdings Inc.), el alcalde municipal Adan Funes, quien también es el coordinador departamental del partido político Libre, y la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA/Mi Ambiente), Lucky Medina.
En una reunión de la corporación municipal el 12 de octubre, el pleno recibió una invitación de la gerencia de Ecotek para realizar un recorrido por las instalaciones de la planta de energía a base de coque de petróleo entre las comunidades de Guapinol, Cayo Campo, Nueva Lempira y Ceibita.
Ese mismo día, el Secretario de Recursos Naturales (SERNA/MiAmbiente), Lucky Medina, fue entrevistado por un medio de comunicación local en Tocoa, «Noticias de Colón HN», que ha sido activo en compartir falsas denuncias de los defensores. El Secretario dijo que estaba en la ciudad visitando a Adan Funes, coordinador departamental del Partido Libre y alcalde para promocionar la empresa como «desarrollo» afirmando que estaban trabajando juntos para traer más «proyectos» a la zona, entre ellos el proyecto energético de coque de petróleo, afirmando que la energía que producirá la planta – 25 megas – es suficiente para abastecer a 40.000 personas, lo que según el medio solucionará el 95% de las necesidades energéticas de la ciudad.
En ningún momento de la entrevista el Secretario Lucky Medina expresa preocupación por la quema de coque de petróleo, uno de los generadores de electricidad más sucios y que más carbono emite, ni que no exista un reglamento sobre su uso, ni aclara que de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental de la empresa a la oficina del Secretario muestran que la mayor parte de los megas (15-18 de los 25) serán utilizados para operar la planta procesadora de la empresa. Además, la Secretaría promueve el cabildo, a pesar de que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Recursos Naturales no han otorgado las licencias requeridas para avanzar con el proyecto.
Tras la visita del alcalde y la corporación municipal a la planta eléctrica, el cabildo fue aprobado por los mismos días después, el 10 de noviembre. El 27 de noviembre, la Alcaldía y el Concejo extendieron una «invitación» a participar en él con el fin de «socializar y aprobar» el proyecto, sin dejar espacio para que se compartan perspectivas alternativas o se planteen inquietudes en contra del proyecto, ya que el objetivo es darle el visto bueno.
A pesar de los riesgos, el cabildo abierto ha contado con el pleno apoyo de la Cámara de Comercio, cuyo presidente se ha sumado a la campaña de desprestigio en Internet para decir que los «ambientalistas» contrarios al proyecto -en referencia a las y los beneficiarios y miembros del Comité Municipal- están siendo pagados por organizaciones internacionales para oponerse al proyecto.
Más información sobre el proyecto energético de coque de petróleo de Emco y la resistencia comunitaria a su implementación ilegal
Como parte de su megaproyecto en Tocoa, Emco Holdings se encuentra en la fase de implementación de una central termoeléctrica generada por la quema de coque de petróleo, una de las fuentes de energía que más carbono emite en el mundo. De acuerdo con los documentos presentados por la empresa a la Secretaría de Recursos Naturales (Mi Ambiente), la compañía planea generar 50 megavatios de energía en dos fases, y la mayor parte de la electricidad generada se utilizará principalmente para el funcionamiento de la planta de «peletización» de la empresa, donde procesa el óxido de hierro que extrae del Parque Nacional Montaña de los Botaderos «Carlos Escaleras”. Aunque la empresa ya ha construido toda la infraestructura para el proyecto, no cuenta con licencias para hacerlo.
En 2022, Inversiones Los Pinares solicitó que se suspenda el proyecto minero, alegando falta de fondos para seguir pagando a las personas que laboran para la empresa; pero hoy, la misma empresa está ampliando sus operaciones gracias a enormes líneas de crédito de bancos nacionales. La suspensión de las actividades mineras es una forma de impulsar el conflicto a nivel local mientras se le gana tiempo a la empresa para avanzar con otra parte del megaproyecto sin tener que cumplir con las obligaciones administrativas y de presentación de informes relacionados con las operaciones mineras. El Comité Municipal ha insistido que las licencias mineras deben ser canceladas de inmediato dado las ilegalidades con que opera la empresa.
Además del proyecto energético de coque de petróleo, el megaproyecto de Emco incluye la planta de peletización, dos concesiones mineras (ASP, ASP2) incluyendo una que está en la zona protegida (y por lo tanto ilegal) de la Montaña de Botaderos y tres concesiones para el uso de agua (Río Guapinol, Río San Pedro, Quebrada La Ceibita). El Comité Municipal ha presentado múltiples denuncias penales contra la empresa, incluso por contaminación ambiental y falsificación de registros, y ha presentado denuncias administrativas ante las autoridades competentes, que no han sido tomadas en serio ni investigadas a fondo.
Existen tres impugnaciones administrativas al proyecto termoeléctrico de coque de petróleo que han sido presentadas por el Comité Municipal:
1. La denuncia penal presentada ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública por el uso de acta falsificada en su solicitud de licencia ambiental.
2. Una oposición formal presentada como ciudadanos preocupados ante la Secretaría de Recursos Naturales.
3. La Exigencia de su NO licenciamiento presentada este septiembre 2023 por el uso del coque de petróleo ya que el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) dictaminó que no hay regulación.
La empresa afirma que utilizará una tecnología en “tiempo real” de monitoreo de la contaminación del aire en las chimeneas donde se quema el coque de petróleo, pero en abril de 2023, el CESCCO, de la Secretaría de Recursos Naturales, emitió una resolución diciendo que la producción de energía por coque de petróleo no está regulada en el Reglamento Hondureño de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en la generación de electricidad; no existen parámetros para regularla. Al permitir que este proyecto siga adelante, el Estado hondureño está actuando de manera irresponsable porque significa que depende de la empresa autorregularse y hacer frente a la contaminación dejando a la población completamente indefensa y sin garantías de ser informada y reparada por falta de reglam
ento.
El historial de Emco de falsificación de documentos, más recientemente en sus Informes de Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental de agosto de 2023, cuando la empresa Ecotek utilizó documentos falsificados de un cabildo anterior para cumplir con los requisitos, es una indicación de sus intereses de servirse a sí misma y no al pueblo.
Nos negamos a dar el beneficio de la duda a una empresa que ha estado detrás de la detención ilegal de nuestros compañeros durante más de 2.5 años, por la contaminación de nuestros ríos, bosques y árboles, e instamos al Estado de Honduras a cumplir con la ley nacional y las obligaciones internacionales para proteger los bienes comunes y el pueblo ante esta situación.
