Tegucigalpa, Francisco Morazán (Conexihon).- Ya que no existen las condiciones adecuadas y debido a las amenazas a la integridad que han recibido algunas personas del equipo técnico del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) se decidió cancelar la marcha contra la corrupción que varias organizaciones de la sociedad civil habían convocado para este martes 18 de Julio.
La decisión también es respaldada por la Coalición Anticorrupción de Honduras (CAC) el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMICA) El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Sien Comunicaciones y diversas organizaciones que integran las Asambleas Territoriales Anticorrupción.
Cabe señalar que la movilización ciudadana había sido intitulada “Retomamos las antorchas contra la corrupción” y tenía el propósito de exigir la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y las reformas pertinentes al Código Penal, que continúan bloqueando la acción penal y violentando el acceso a una justicia independiente e imparcial.
Asi mismo, iba ser oportuno para demandar la derogación de los decretos que se denominan “pactos de impunidad”, que constituyen normativas que bloquean la lucha contra la corrupción en Honduras y protegen a las redes corruptas.
Por otra parte, respaldar la urgente instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
El anuncio de cancelar la marcha anticorrupción, se hizo pública ante la presencia de varios representantes de medios de comunicación, con la lectura de un breve comunicado de prensa en el que se destacó que desde sus “trincheras” las organizaciones han estado al frente en la lucha contra los regímenes autoritarios y corruptos del Partido Nacional y que además han apoyado la instauración de un gobierno democrático.
Sin embargo, dicen las organizaciones que les alarma sobremanera “la forma en cómo se ha estigmatizado esta expresión de protesta que responde al ejercicio pleno de los derechos cívicos de libertad de asociación, libertad de protesta y el derecho de disentir.
Se enfatiza en el comunicado la preocupación de la respuesta no solo del Partido Libertad y Refundación (Libre), porque se traduce en una postura gubernamental que restringe el derecho a contar con espacios cívico-democráticos, sino que además siembra temor y dificulta la construcción de consenso social.
Mucho más preocupantes sostienen las organizaciones y denuncian las amenazas a la integridad personal que han recibido miembros del equipo de CESPAD y que ocurren en el marco de la auto convocatoria que tenía únicamente como objetivo continuar luchando contra la corrupción y articular espacios de debate y diálogo con otras organizaciones y movimientos sociales que también luchan contra las redes de corrupción.
