jueves, abril 11, 2024
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Duplican ejecución de desalojos violentos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras (CONEXIHON).- A un mes de la creación de la Comisión Agraria nombrada por la presidenta, Xiomaca Castro, los desalojos violentos contra comunidades indígenas y campesinas en Honduras, se duplicaron denunció públicamente el Bloque Popular Campesino e Indígena.

Los desalojos pasaron de nueve a veinte, todos ejecutados contra campesinos y sin revisar la legalidad de la tenencia indicaron.

La Comisión esta integrada por representantes del Instituto Nacional Agrario, Instituto de la Propiedad, un juez con jurisdicción nacional y el Consejo Nacional de Defensa trabajan sin un decreto ejecutivo y un proceso claro para realizar los desalojos que hasta ahora ha dejado destrucción de zonas sembradas y captura de líderes indígenas.

El reciente 20 de junio mediante la alerta número 44 la Policía Nacional detuvo al coordinador del Movimiento Indígena Lenca de la Paz (MILPAH) Ermin López, defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas de protección.

Archivo: 20 de junio 2023, policía invade y detiene a campesinos en la comunidad Lenca de Cacao ubicada en Santa Cruz de Yojoa, durante el desalojo la policía capturó y detuvo durante 24 horas al DDHH Ermin López

Procesos judiciales y violencia marcan desalojos

Aproximadamente 3,000 hectáreas de tierra se encuentran en procesos de recuperación, aunque no se cuenta con datos precisos ni las zonas exactas en las que han procedido, las acciones responden a reclamos del sector privado.

Se estima que la mayoría de estas hectáreas se encuentran en posesión de grupos campesinos y están siendo cultivadas, no obstante, -denunciaron- se pretende plantar palma africana, algo que atenta contra la seguridad alimentaria indicó el Bloque Popular Campesino e Indígena.

Del mismo modo, los campesinos e indígenas que además lamentan ser objeto de persecución mediante procesos judiciales.

El sector campesino decidió formar su propio bloque para enfrentar las ordenas de desalojo, algo que consideran una ofensa directa por parte del gobierno que en un inicio les prometió igualdad ante la ley y reconocer la legalidad de sus títulos ancestrales.

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