lunes, marzo 4, 2024
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¿Por qué Honduras cayó 14 puestos en conteo internacional de libre expresión?

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon); El informe de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) coloca a Honduras en el puesto 165 de los 180 países evaluados en materia de respeto a la libre expresión, en suma, las cuatro variables que incluyen factores económicos, políticos, de seguridad y legislación registraron un deceso de 16 puntos que hizo caer a Honduras en 14 puestos en relación al 2021 en que se encontraba en la posición 151.

¿Qué paso con Honduras?

Honduras no fue bien evaluado en ninguno de los indicadores, lo que más le afecta es que la legislación nacional no  es congruente  con la protección de la libre expresión y prensa, por ejemplo hasta el momento no se discute en el Congreso Nacional la despenalización de los delitos contra el honor, para saber más al respecto de esta iniciativa que se promueve desde C-Libre, CONEXIHON se comunicó con el diputado Ramón Barríos diputado por el partido Libre y miembro de la Comisión de asuntos constitucionales, encargado de revisar la derogación o no de los delitos contra el honor, se limitó a declarar:  “Seguimos  en discusión del dictamen”, sin establecer fecha para su presentación al pleno del Congreso Nacional. Un proceso que ha tomado casi un año desde 2022, cuando en el marco del día del periodista el diputado Darío Morán propuso la derogación de los artículos 229-234, para pasar los procesos a una sanción civil, sin embargo, la comisión a cargo no ha establecido en caso de una multa, el monto a pagar, tampoco si será el medio o el periodista el responsable.

Los procesos judiciales llegaron a ser un “arma” de persecución que, al cierre de 2022, el Comité por la Libre expresión, presentó el caso del periodista Carlos Ávila, condenado a más de un año de prisión por el ejercicio de su labor periodística, Ávila ha permanecido prófugo por el temor de ser encarcelado, pese a ser declarado perseguido político mediante el otorgamiento de una amnistía.

En cuanto a la seguridad, los militares y miembros de la policía siguen encabezando la lista de agresores a los periodistas, provocando exilio e intimidación contra la prensa, CONEXIHON buscó una reacción por parte del secretario de comunicación Ivis Alvarado, pero no quiso referirse al tema, sin aclarar si para el 2023 la relaciones entre las fuerzas del orden cambiarían por orden del ejecutivo.

Finalmente, RSF señala como un obstáculo la relación entre el gobierno y los medios de comunicación en un contexto político tenso.

Caída general de la libertad de expresión en C.A

En general la región presenta un descenso que va desde lo sorprendente en el caso de Costa Rica, hasta lo alarmante para Nicaragua, Costa en Rica en 2021 estaba en los primeros tres puestos y ahora se coloca en la posición 8, el mejor evaluado de Centroamérica totalmente opuesto a su vecino Nicaragua que cayó hasta la clasificación de alarmante a la posición 160 perdiendo 39 puestos en apenas 12 meses.

Era de esperarse, Nicaragua ha expulsado de su país a 93 periodistas que hoy viven en el exilio, documenta 700 denuncias y 31 medios de comunicación clausurados, datos recabados solo durante el 2022 por la organización Voces del Sur.

Archivo: Periodistas protestan contra agresiones a la libre expresión por parte del gobierno de Ortega

El Salvador por su parte descendió en 30 puestos, su mayor represión radica en la clasificación de los documentos que comprueban el manejo de la pandemia covid-19, un tema tabú aparentemente para el gobierno que cerró filas y no permite la mínima fiscalización, de hecho, responde con clasificación como “enemigos del pueblo” a todos aquellos periodistas que se atrevan a cuestionar las decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele, respecto al manejo de la pandemia.

Cortesía de El diario de El Salvador, crítica a las políticas de censura del Presidente Bukele

En Guatemala el factor determinante es la inseguridad de hecho RSF definió este factor de la siguiente manera:

“La seguridad de los periodistas se ha degradado en los últimos años y no existen políticas públicas para su protección. Las campañas de difamación, el acoso policial y las agresiones físicas y verbales son los principales atropellos que sufren en el ejercicio de su labor.”

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