Tegucigalpa, Honduras (Conexihon); Miembros del movimiento Guapinol interpusieron una denuncia ante la fiscalía de delitos contra la vida y la fiscalía de derechos humanos, para evidenciar una campaña de desprestigio contra los ambientalistas y exigir una investigación efectiva que revele la verdadera razón detrás del crimen cometido el 7 de enero de 2023 en la aldea La Concepción en Tocoa, Colón.
De amenazas y desprestigio a asesinatos:
Fuentes allegadas al movimiento ambientalista aseguran que a finales de noviembre tanto Rodríguez como Bonilla recibieron amenazas directas que debían comunicar a todos los miembros del comité para dejar la lucha por parque nacional Carlos Escaleras, un emisario habría explicado que esta vez no sería solo palabras, una acción que terminó concretándose menos de dos meses después.
Juan López, presidente del Comité Municipal en Defensa de los Bienes asegura que hay cambios en la estrategia de agresión contra ellos: “Ya no les funciona mucho el tema de judicializar y en cancelar la gente, no funciona el tema de lo mediático la estigmatización le gente no lo cree, entonces están procediendo a la etapa final de criminalizar que es asesinar gente”.
De la promesa a la práctica
En marzo de 2022, la presidenta Xiomara Castro declaró a Honduras país libre de minería a cielo abierto, sin embargo, desde la promesa a la fecha han pasado diez meses y en los territorios en pugna las cosas no han cambiado, la explotación nunca se detuvo en consecuencia la situación de peligro para los defensores de los territorios tampoco, de hecho, según datos del Comité por la Libre Expresión en 2022 siete defensores de bienes comunes fueron asesinados.
De eso da testimonio Suyapa Majano, quien desde hace más de una década acompaña acciones para detener la minería en Tocoa y no ve cambio alguno, “no se ha detenido la explotación de las minas, no ha bajado el peligro para nosotros, todo sigue igual, nosotros nos mantendremos en la lucha, pero pedimos que realmente detengan estas empresas”.
Hasta ahora no hay una respuesta de las autoridades sobre los asesinatos de Domínguez y Bonilla, mientras los miembros del Comité esperan que la Secretaría de DDHH les otorgue medidas de protección lo antes posible.
