Con el Gobierno de Xiomara Castro, los pobladores creyeron que se acabaría la persecución hacia líderes y defensores que se oponen a proyectos extractivos, pero, al contrario, hay más hostigamiento y agresiones.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Hay amenazas, persecución, hostigamiento, criminalización, desplazamientos y agresiones contra los defensores de la tierra que se oponen a las concesiones territoriales en la región de occidente, norte, sur, centro y oriente de Honduras.
Pese al anuncio de no más concesiones, no más minería a cielo abierto, en Guapinol, una comunidad de Tocoa, en el departamento de Colón, dicen que los ataques no cesan.
Esta comunidad fue perseguida, 31 de sus líderes criminalizados, ocho guardaron prisión y luego de un largo proceso obtuvieron la libertad.
Si bien la comunidad de San Pedro creyó que con la llegada de la presidenta Xiomara Castro al poder, los actos de violencia acabarían, no fue así, sus pobladores dicen a Conexihon que todo empeoró y que se han intensificado las amenazas.
“Hay un nuevo Gobierno, pero, las amenazas se han venido intensificando”, lamenta Juana Zúñiga, líder de la lucha contra la minera Los Pinares que se instaló en la zona, sin la consulta previa y que además explota parte de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Pero esta realidad no la vive solo Guapinol, también en Reitoca, Francisco Morazán, ocurre lo mismo, líderes y pobladores del Movimiento Popular para la Defensa del Medio Ambiente (MPDMA), dicen que son perseguidos, los vigilan y temen que los maten por la represa que se instala en el río Petacón.
A esto se suman las denuncias que hacen los pobladores a través de Más Vida en la zona Sur, por la instalación de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Orquídea, que tiene a comunidades en constante asedio.
“Hemos tenido amenazas, estigmatización, persecución, fuimos objeto de una campaña por la ZEDE que nos califica de falsos, de estar contra el desarrollo, que somos antisistema, cuatreros y desestabilizadores”, relata, German Chirinos Gutiérrez, defensor del ambiente y director técnico de la Organización Massvida.
Sin respuestas
El anuncio de no más minería a cielo abierto, la derogación de la ley de las ZEDE, que aún debe ser ratificada en una segunda legislatura en el Congreso Nacional, abrió esperanzas, pero así también desencantó a las comunidades.
Aseguran que siguen viviendo los conflictos de la imposición de proyectos, el asedio, pero por sobre todo, están indefensos temiendo ser asesinados.
“Caminamos con temor, tenemos amenazas fuertes. Tanto el alcalde como el exalcalde municipal de Reitoca, están en contra de los que nos oponemos al proyecto. Han secuestrado gente, otros están criminalizados y tememos que un día nos maten”, señala Magdaleno Flores García, vecino de Reitoca.
Magdaleno para salir de casa, relata a Conexihon que cambia los horarios, sabe que es perseguido y busca diferentes estrategias para salvaguardar su vida. Le quebraron los vidrios a su carro, le mancharon su casa, está temeroso, solo dice que espera lo peor.
“Una concesión representa muerte, lo que trae a las comunidades estos proyectos extractivos es secar las fuentes de agua, contaminar y claro, la muerte”.
“Hasta con los muertos se metieron”
Lo que fue la comunidad de Azacualpa, en el municipio de La Unión, Copán, hoy es historia. La mina arrasó no solo con las casas, sino hasta con el cementerio. El dinero compró conciencias, pero no la de 20 familias que se opusieron a la exhumación de los restos de sus parientes.
Esas 20 familias hicieron ruido, buscaron a toda costa detener a la mina, pero no pudieron. Al final, sacaron los cuerpos y lo que fue el cementerio quedó convertido en un verdadero desierto.
“No se puede luchar contra el poder, en un total abuso, profanaron las tumbas. No importó el dolor de las familias, aquí pudo más el dinero”, lamenta Ramiro Lara, técnico de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), que apoyó a las familias.
ZEDE opera como empresa agrícola
Descubrir que la ZEDE Orquídea opera bajo una modalidad distinta a la de una ZEDE y algunas otras irregularidades es lo que asegura German Chirinos, lo que lo pone en riesgo.
“Si usted va a la municipalidad de San Marcos de Colón y busca el permiso de operación no hay, no tienen permiso de operación como Orquídea, ni como ZEDE, sino como empresa agrícola Agroalfa”, dice el líder ambientalista.
Para Chirinos, Orquídea es una empresa agrícola más, de las tantas que hay en la zona Sur.
“Legalmente no están como ZEDE, sino como empresa agrícola. O quizá esa fue la idea inicial”, señala Chirinos.
“La ZEDE dice que no van a permitir que una inversión de más de 600 millones de lempiras se ponga en riesgo. Competimos con un poder muy fuerte, con mucho dinero y lo tenemos todo en contra”, dice el director técnico del Movimiento Ambientalista del Sur por la Vida (Massvida).
Las concesiones
Son más de 300 concesiones mineras las que se registran en Honduras y tres ZEDEs operando. Los defensores del ambiente ven que en el actual contexto defender los territorios en Honduras, representa riesgos.
El discurso inaugural de la presidenta Xiomara Castro, llenó de esperanza a todo el movimiento ambientalista en el país. La promesa de no más minas a cielo abierto y que fue ratificada el 28 de febrero del 2022, en un comunicado que el Ingeniero Lucky Medina hizo público, no se cumplió.
“Dijo que se cancelaron los permisos y declaró al país libre de minería metálica. Nos llenó de alegría, se percibía la voluntad política, sin embargo, en la práctica vemos que muy poco se avanza”, lamenta Ramiro Lara de Asonog.
La mina en Guapinol, es una mina que no cumple los requisitos para la extracción minera creyeron que se iba a detener, al igual que en La Unión, Copán, pero ambas siguen operando.
“Esperamos que Mi Ambiente no extienda más permisos de explotación de minerales en Copán. Esta empresa ha derramado 20 mil litros de agua cianurada sobre el río Lara y ese río es afluente del río Higuito de donde se toma el 30 por ciento del agua en Santa Rosa de Copán”, dijo Ramiro Lara.
La Mosquitia también expuesta
Las comunidades costeras del pueblo Misquito y del pueblo Garífuna, están ante el conflicto petrolero. Esas concesiones en el mar podrían afectarlos.
El único proyecto actual de hidrocarburos se superpone con el territorio misquito en los Cayos Miskitos, y con el territorio Garífuna mar adentro de la Laguna de Bacalar (Walumugu, en lengua garífuna).
El el gobierno hondureño en el año 2013, señaló la socialización del proyecto de exploración de parte de BG/ Shell como un proceso modelo, mencionando que “en la zona marítima de la Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período”. Una consulta que sus pobladores aseguran no se realizó.
En riesgo
El Informe “Territorios en Riesgo III”, Minería, hidrocarburos, y generación de energía eléctrica en Honduras, elaborado por la UNAH, FOSDEH, OXFAM, refiere que, en el caso de un eventual derrame catastrófico por esa concesión de hidrocarburos, se verían en riesgo 16 áreas que se han propuesto o declarado como protegidas.
De ellos, cuatro se encuentran en el departamento de Atlántida: Barras de Cuero y Salado, Parque Nacional Jeanette Kawas, Refugio de Vida Silvestre Punta Izopo.
Hay dos en el departamento de Islas de la Bahía: Sistema de Humedales de la Isla de Útila y el Sistema de Humedales de Santa Elena; uno en el departamento de Gracias a Dios: la Laguna de Bacalar, y; uno en el departamento de Cortés: Sistema de Humedales Cuyamel Omoa.
El destierro de los garífunas
La dirigente garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dibuja un escenario preocupante ante el avance del modelo extractivista en Honduras, Miriam Miranda dice que las industrias extractivas no sólo ponen en riesgo el futuro de territorios y bienes comunes, sino que aceleran el proceso de desaparición de los pueblos indígenas.
“Hemos sufrido dos destierros: el primero de África a San Vicente y luego hacia Honduras. Estamos marcados por la persecución, la violencia, la violación de los derechos fundamentales como seres humanos”, sostiene Miranda.
Pero esta mujer cuenta que están a las puertas de un nuevo destierro, porque hay una desaparición forzada de las comunidades.
“Es un destierro que se basa en la depredación, que acapara territorios, saquea los bienes comunes y criminaliza las luchas de resistencia. Son proyectos mineros y petroleros, represas, expansión de monocultivos a gran escala, implementación de las ZEDE”, lamenta la líder. Miriam Miranda dice que las comunidades garífunas siguen amenazadas y perseguidas y buscan cómo escapar de las empresas que ahora los acorralan.
Políticas de Gobierno
Por el bien del país es necesario que las políticas de Gobierno se encaminan a la protección del ambiente, la defensa de la vida, el agua, el suelo, el bosque.
Hay concesiones que no se están explotando y que según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de explotarse, son más de cinco mil kilómetros de los ríos que podrían ser contaminados.
No hay un punto del país que por esa defensa a los territorios y recursos no registre amenazas, persecución y hostigamiento.
Los defensores del ambiente lamentan que en el gobierno actual no bajaron las amenazas, sino que, al contrario, la situación de inseguridad, empeoró.
Por otra parte, la nueva ley de Desplazamiento Forzado en Honduras, además de crear un marco institucional por medio del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, establece mecanismos de prevención para abordar retos como el reclutamiento forzado y la explotación de niños, niñas y jóvenes por parte de organizaciones criminales.
La asistencia humanitaria es uno de los pilares de la ley, considerando que tres cuartas partes de la población desplazada necesita ayuda material. La Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en Honduras, que fue presentada en el Congreso Nacional en octubre del 2019, aprobada en diciembre del 2022, está a la espera de ser refrendada por la presidenta de la República Xiomara Castro.
De acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, la violencia ha provocado el desplazamiento de más de 247.000 personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% son niños, niñas y adolescentes.
