Por: Roxana Vásquez
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – En el juicio contra David Castillo Mejía, uno de los acusados por la coautoría del asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en la semana del 2 al 8 de abril, se evacuaron una cantidad importante de pruebas incriminatorias.
Este es el segundo proceso judicial por el asesinato de Berta, ya que previamente, en el año 2019, habían sido condenados 7 hombres que participaron en la ejecución del crimen.
Este último proceso se ha visto retrasado en varias ocasiones debido a los recursos dilatorios que han presentado los abogados que representan a Castillo Mejía, quien ha pasado 3 años y dos meses en prisión preventiva desde su captura en el año 2018.
Entre las pruebas que destacaron esta semana, se encuentran los peritajes realizados a las conversaciones telefónicas sostenidas entre Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo (ambos condenados por el asesinato, el 2 de diciembre de 2019), David Castillo, Daniel Atala Midence, gerente financiero de DESA, Jacobo Atala, Pedro Atala, y muchas otras personas relacionadas a DESA y a la familia Atala Zablah.
Estos mensajes que forman parte del elenco probatorio en contra de Castillo Mejía, fueron difundidos en las redes sociales del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) provocando indignación en muchos de los usuarios de redes sociales por las expresiones vertidas en ellos.
Las conversaciones develan una serie de expresiones discriminatorias y racistas en contra de Berta Cáceres, el COPINH, y el pueblo indígena lenca de la comunidad de Río Blanco.
En muchos de los mensajes evacuados se evidencia la percepción que tenía Daniel Atala Midence con respecto a los pueblos indígenas de Honduras. “Así les digo yo a los indios de Agua Zarca” “para no identificarlos como lencas indígenas (…) les digo ladinos, pq no son legit lencas”, “Estoy a pija de esos indios”, son algunos de los mensajes proferidos por Atala y que se leyeron en las audiencias del juicio oral.
Asimismo, los vaciados telefónicos visibilizan la existencia de estructuras criminales que operan a lo interno de los distintos entes estatales hondureños con la finalidad de silenciar a todas aquellas personas que se opongan a los intereses políticos y económicos de las élites del país, según lo expuesto por el COPINH.
Según el Padre Ismael “Melo” Moreno, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), en una publicación hecha en Twitter el 6 de mayo del presente año, “En el juicio que se realiza, se evidencia que su asesinato fue ordenado y financiado por oligarcas con altas dosis racistas y patriarcales. La mataron por odio a las mujeres luchadoras”, dijo el sacerdote en referencia al asesinato de Berta.
El juicio comenzó el 6 de abril del 2021 fecha en que el Ministerio Público y la acusación privada del COPINH y de la familia de Cáceres formalizaron la acusación en contra de David Castillo Mejía. La acusación privada ha sido muy enfática en subrayar que los autores intelectuales pertenecen a las élites políticas, empresariales, y militares del país. A la vez, señalan que Castillo Mejía fue un enlace entre estas élites y se encargó de la planificación concreta del asesinato junto a grupos militares y paramilitares vinculados a DESA.
Al día siguiente del inicio de este juicio, el 7 de abril, el equipo de defensa de Castillo Mejía conformado por la abogada Ritza Antúnez y el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, presentaron una recusación en contra de todo el Tribunal de Sentencia encargado de conocer del proceso que se le sigue a su representado.
Ante esta situación, el Tribunal tuvo que retrasar una vez más el desarrollo del juicio y remitir la recusación a la Corte de Apelaciones competente. Sin embargo, y como en la mayoría de las veces anteriores, la recusación no prosperó, y el Tribunal retomó el juicio el día 26 de abril de 2021.
Berta Cáceres era una defensora de Derechos Humanos, reconocida por la protección y defensa del territorio indígena y sus bondades naturales, quien inclusive fue recipiente del prestigioso premio Goldman otorgado anualmente a defensores del medioambiente.
Su vida terminó de manera trágica el 2 de marzo de 2016 como consecuencia de una larga campaña impulsada por el COPINH para impedir la construcción de una represa financiada y manejada por DESA y la familia Atala Zablah denominada proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
