Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Organizaciones defensoras del territorio, derechos humanos y representación del Bufete Justicia para los Pueblos y la Coalición contra la Impunidad, realizaron un plantón frente a la sede del Ministerio Público (MP), este lunes 28 de diciembre, para condenar los recientes actos de violencia contra defensores y defensoras.
Uno de estos hechos, fue el asesinato contra el líder campesino indígena lenca, Félix Vásquez, dirigente y defensor de derechos humanos de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC-La Paz), el pasado sábado 26 de diciembre en su casa de habitación, por personas desconocidas que utilizaron pantalones estilo militar.
“Existe una omisión y negligencia del Estado, por eso son responsable los entes encargados de dar justicia, porque el compañero Félix ya había denunciado en el Ministerio Público (MP), Policía Nacional (PN) y en la Dirección Policial de Investigación (DPI), que había un plan para asesinarlo, porque ya había recibido amenazas”, denunció Felipe Benítez, coordinador del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz Honduras (MILPAH).
Benítez, quien acompañó el plantón en Tegucigalpa, apuntó que la presencia es “para evidenciar que han asesinado nuestros líderes, campesinos, campesinas, indígenas lencas en el departamento de La Paz”.
El coordinador de MILPAH señaló en el departamento de La Paz, específicamente Santa Elena y Guajiquiro, los defensores y defensoras en la zona emprenden una lucha contra proyectos hidroeléctricos, mineros, concesiones del bosque.
“Estos proyectos que nos traen violencia, criminalización, persecución y discriminación”, ratificó el defensor de derechos humanos.
Criminalización estatal en contra de defensores
El abogado Roger Medina, explicó la existencia de muchos procesos de criminalización por parte del Estado de Honduras contra los líderes indígenas que defienden la naturaleza, como los casos del lenca Víctor Vázquez, del Consejo de Sinpinula y José Santos Vijil del Consejo Campesino Indígena Nueva Esperanza.
“Los dirigentes indígenas fueron criminalizados con tres delitos el 11 de diciembre, robo agravado, daños y la nueva figura penal que es la de desplazamiento forzado, la fiscalía nunca pudo comprobar muchos de estos delitos porque hubo intimidación, pero los compañeros aún están detenidos”, sostuvo Medina.
Por lo tanto, la Coordinadora Ambiental Indígena Lenca y Campesina de La Paz, la Coalición Contra la Impunidad Honduras (CCI) y el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), se pronunciaron ante el reciente asesinato y la criminalización de dirigentes y defensor de derechos humanos que han llevado a la privación de libertad de Vásquez y Santos Vigil.
Lencas víctimas de la seguridad estatal
Las organizaciones denunciaron en el plantón frente al Ministerio Público ser “blanco constante” de fuerzas policiales, militares y paramilitares ubicados en La Paz; encargados de defender intereses de grupos extractivistas y terratenientes de la zona quienes “históricamente han despojado a las comunidades de sus principales medios de vida: tierra, agua y bosque”.
Informaron que Félix Vázquez, desde el 2017 interpuso acciones de denuncia ante instancias nacionales, debido a su labor en defensa del territorio y medio ambiente. Sin embargo, las instancias estatales encargadas de velar por su seguridad e integridad física no respondieron ante el llamado que realizó.
Por lo cual, el Estado es responsable directo de su asesinato por sus omisiones frente a los graves riesgos de los cuales tuvo conocimiento oportunamente.
Persecución política contra defensores
Evidenciaron que en los últimos dos meses el MP, “en su afán de persecución política contra defensores de la tierra presentó una primera acusación a través de la Fiscal Nelba Yadira Raudales Varela contra cinco compañeros entre ellos Víctor Vásquez por los delitos de daños y hurto agravado, esta causa fue sobreseída definitivamente”.
Denunciaron que una segunda acusación infundada fue presentada por el fiscal Uvaldo Matute Lagos contra cuatro compañeros que pertenecen al grupo campesino Nueva Esperanza del municipio de Santiago de Puringla, y contra Víctor Vásquez que ha acompañado a este grupo campesino realizando acompañamientos de defensoría de derechos humanos en su favor.
Estas organizaciones denunciaron frente al MP que la Jueza Anahí Lariza Jovel Quiñonez, el día 16 de diciembre emitió una resolución de auto de formal procesamiento por el delito de desplazamiento forzado y prisión preventiva contra Víctor Vásquez y José Santos Vigil Girón.
“Este delito fue aprobado para hacerle frente al fenómeno delictivo de violencia ejercido por el crimen organizado, contra las empresas y terratenientes que hacen un uso de la violencia contra las personas en barrios y comunidades para desplazarlas y apropiarse de sus bienes. Sin embargo, tal y como denunciamos en relación al Nuevo Código Penal, el poder judicial ha encontrado en esta figura una ventana para aplicar y criminalizar a quienes luchan por defender la tierra de esa violencia”, sostuvieron en un comunicado público.
Ante esta situación de violencia y criminalización exigen:
- Al Ministerio Público una pronta y exhaustiva investigación del asesinato de Félix Vásquez, con el objetivo de llevar ante la justicia a los actores intelectuales y materiales.
- Al Ministerio Público que pare de la persecución política contra las organizaciones de La Paz.
- A la jueza Anahí Lariza Jovel Quiñonez que señale la audiencia de revisión de medidas y ponga en libertad a los defensores de derechos humanos Víctor Vásquez y José Santos Vigil Girón.
